60 mil millones de pesos es la suma del patrimonio de todos los parlamentarios, según se desprende de las declaraciones realizadas por los 38 senadores y 120 diputados y que fueron hechas públicas durante este martes, luego que se cumpliera el plazo de entrega de las declaraciones de intereses y patrimonio el 31 de marzo pasado.

Fueron más de 60 mil autoridades y funcionarios públicos los que debieron cumplir con este procedimiento de acuerdo a lo estipulado por la Ley 20 mil 880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, debiendo transparentar propiedades sobre bienes muebles e inmuebles, así como la participación en sociedades y empresas.

Entre los diputados, destaca el patrimonio declarado por el representante del PPD Daniel Farcas, quien posee bienes avaluados en 11 mil 38 millones de pesos, siendo el más acaudalado de los integrantes de la Cámara Baja, seguido por el gremialista Gustavo Hasbún con más de 3 mil 700 millones de pesos. Cierra el podio, el representante de Evópoli y precandidato presidencial, Felipe Kast, con mil 43 millones de pesos.

En los senadores, llamó la atención la declaración de Manuel José Ossandón, quien registra 57 propiedades, lo que generaba un total de 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo el precandidato presidencial aclaró que sólo tiene plena propiedad de 8 de los inmuebles, mientras que del resto tiene una parte de la propiedad, por lo que su patrimonio real llegaría a 676 millones de pesos.

Alejandro Guillier, en tanto, debió salir a desmentir que su esposa tuviera un patrimonio de casi 5 mil millones de pesos, ya que algunos medios, en un principio, consideraron dos veces una propiedad en la Comunidad Ecológica de Peñalolén por una valor de casi 2 mil 300 millones de pesos. El patrimonio total del senador alcanza los 220 millones de pesos.

Más allá de los desgloses de cada uno de los bienes e intereses de los parlamentarios, desde distintas organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar estas herramientas de control y fiscalización de las autoridades, sobre todo con el fin de comparar el patrimonio al inicio del ejercicio del cargo de un personero, con el que posee al finalizar sus funciones.

Octavio Del Fávero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, evaluó positivamente la nueva legislación sobre intereses y patrimonio, al mismo tiempo que valoró el estándar alcanzado “en la exhaustividad de las declaraciones”, así como las posibilidades de la Contraloría para fiscalizar la veracidad de lo declarado por los funcionarios públicos.

Sin embargo, Del Fávero hizo énfasis en la necesidad de optimizar el sistema de probidad y transparencia, por ejemplo legislando sobre la llamada “puerta giratoria” entre el mundo público y privado, ya que la declaración de patrimonio es sólo uno más de los engranajes que configuran toda la maquinaria de fiscalización de las autoridades públicas.

“Pero también es fundamental que nosotros regulemos, por ejemplo, perfeccionemos nuestra Ley de Lobby. Son muy valiosos los avances que se hicieron en cuanto a financiamiento de la política que era quizás una fuente de influencia mucho más potente que los intereses particulares de las autoridades. Y nos falta por avanzar el tema de la ‘puerta giratoria’, hay un proyecto de ley que está presentado, que está siendo discutido por el Senado y que sería muy relevante que se aprobara ojalá dentro de este año legislativo, porque ahí sí se va cerrando un poco más este círculo de este sistema”.

Justamente, desde Chile Transparente, su director Alberto Precht, criticó el proyecto de ley enviado por el Gobierno que regula la ‘puerta giratoria’, el cual calificó como “un pésimo proyecto” que urge mejorar para que sea un complemento efectivo en la Ley de Probidad y Transparencia a las declaraciones de patrimonio e intereses.

“No cumple ningún estándar internacional, de hecho pone plazos de congelamiento, que significa cuánto tiempo debe pasar para que la autoridad que fiscalizó, por ejemplo, puede pasar a un ente fiscalizado muy corto, estamos hablando de tres a seis meses, no establece bien el tema del mantenimiento de esas personas durante el tiempo, no establece bien tampoco la relación con los lobbistas, por lo cual hicimos llegar un informe bastante crítico, y esperamos que cuando esto se regula, igual como se regularon las declaraciones juradas cumplan los estándares internacionales”.

Precht coincidió con Octavio Del Fávero a la hora de calificar como un avance la nueva manera en que se realiza la declaración de intereses y patrimonio, no obstante llamó la atención sobre la escasa información entregada por los parlamentarios sobre sus intereses, versus lo completo y extenso que sí son sus declaraciones de patrimonio.