El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de un sumario en contra del fiscal regional de O’Higgins, debido a los dichos pronunciados por el persecutor en torno a la investigación por el incendio forestal que afectó a la localidad Pumanque en enero pasado.
Emiliano Arias culpó a la falta de mantención del tendido eléctrico en la zona como punto de origen del siniestro, hecho que fue criticado por ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE), quienes serán formalizados el próximo 12 de abril por su presunta responsabilidad en estos incendios.
Por este motivo, los abogados defensores de los imputados directivos de CGE decidieron acudir al fiscal nacional. Al respecto, el abogado querellante en el caso, Mauricio Daza, indicó que a través de estas acciones sólo se pretende sacar al persecutor de la investigación y calificó de impresentable este “acto de matonaje procesal”, tendiente sólo a perjudicar el curso de las indagatorias.
“Lo que se pretende acá es sacar al fiscal Emiliano Arias de la investigación para los efectos de mejorar artificialmente la posición procesal de los investigados. Lamentablemente se ha decidido abrir un sumario a pesar que a nuestro juicio no existe ningún antecedente serio para poder dar algún valor a esta maniobra y esperamos finalmente que este sumario despeje cualquier responsabilidad del fiscal Arias en infracciones que claramente no ha cometido”, argumentó.
La gestión del abogado ha estado en la mira del mundo político. Cabe destacar que en septiembre de 2015, previo a su elección como fiscal nacional por la Cámara Alta, Abbott se reunió con el senador Guido Girardi y Ciro Colombara, en ese entonces defensor del síndico Herman Chadwick, en el caso Caval y posteriormente del candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami en el proceso Soquimich.
Tiempo después, el Fiscal Nacional decidió remover a Arias del caso Corpesca, y algo similar ocurriría después, ahora en torno al caso SQM.
A finales de enero, el propio alcalde de Pumanque, Francisco Castro, mencionaba que “hay mucha falta de mantención (en el tendido eléctrico); esa es la línea investigativa” de uno de los incendios que fue catalogado por la Conaf como inédito “y el más agresivo en los últimos 50 años”.
Posteriormente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aseguraba que, pese a que no podía pronunciarse sobre una eventual responsabilidad por parte de las eléctricas, en 2016 cursó más de mil 500 sanciones.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, salió en defensa de Emiliano Arias y calificó de “tinterilladas” a las acciones presentadas por los equipos de abogados, quienes según él, se están dedicando a cuestionar a los persecutores más que a defender a los acusados.
“Es lamentable que algunos estudios jurídicos privilegien el hostigamiento, andar presentando denuncias que no van al fondo, que carecen de fundamento, tendientes a que acá tiene que reinar el secretismo, y esperaría que el Fiscal Nacional no le dé mayor eco a este tipo de tinterilladas, que no inunden nuestro sistema procesal”, subrayó.
Sumarios y declaraciones
Este martes en la reapertura del caso Penta, se aceptó una solicitud para que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena declaren en la causa, después del pedido de una de las defensas.
Al respecto, Claudio Uribe calificó de erráticos a los jueces que acogen este tipo de denuncias y descalificó dicha resolución.
“Yo me quedo con el fiscal que envió la carta a El Mercurio defendiendo la autonomía de la instancia, sin importar la época electoral, ningún efecto externo a la investigación misma, porque no es rol del Ministerio Público. Abrir estos sumarios que todos sabemos que no van a llegar a ninguna parte, porque no hay aquí ninguna infracción y hasta de la propia denuncia uno se da cuenta que más allá del show comunicacional, la verdad es que yo no le encuentro mucho sentido”, detalló.
La decisión del juez Juan Manuel Escobar generó controversia y debate inmediato por los potenciales alcances que puede tener, no sólo en el Caso Penta, sino como una estrategia que podría ser seguida por otras defensas en otro tipo de causas donde están siendo investigados políticos y empresarios.