A raíz de la publicación del artículo en nuestro diario electrónico sobre la propuesta de elección para llenar los cupos vacantes en la Corte Suprema, tanto de ministro como de fiscal del máximo tribunal, Arturo Prado Puga y Lya Cabello, respectivamente, una serie de reacciones se han verificado.

Especial énfasis han hecho desde el mundo sindical a la presentación de Prado Puga como el candidato escogido por la Presidenta Michelle Bachelet para reemplazar al saliente ministro Pedro Pierry, ya que el aspirante al máximo tribunal llegaría a ocupar un lugar en la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la encargada de ver los temas laborales.

Y es justamente su rol como gerente asesor del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), en donde ha participado de lado de la entidad bancaria en los juicios por prácticas antisindicales, lo que ha encendido las alarmas entre los trabajadores, quienes han calificado como “desolador” la nominación de Prado Puga por parte de la Mandataria para llegar a la Suprema.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Sindicato Nacional de trabajadores empresa del BCI, Mitzi Badilla, calificó a Prado Puga como “el brazo derecho” del presidente de la entidad, Luis Enrique Yarur, quien ahora querría entonces situar a su protegido en la Suprema como parte de una estrategia para tener ese flanco cubierto.

“Es un mensaje desolador para el sindicalismo porque -de hecho- nosotros tenemos una causa por prácticas antisindicales en la Suprema en estos momentos en contra del BCI, las dos primeras instancias las ganamos, entonces sabemos que esto es una estrategia de Yarur, que es el vicepresidente de la Asociación de Bancos. Además, yo fui directora de la Confederación Nacional Bancaria, entonces sabemos que acá es una estrategia del empresariado para poder seguir teniendo el poder sobre los trabajadores, ya sea desde el área legislativa, con los poderes políticos, y desde el área jurídica”.

La también directora de la Confederación de Sindicatos Bancarios (Conaban) apuntó también sus críticas a la labor del Ejecutivo, que a sabiendas de estos antecedentes de Prado Puga, igualmente lo escogió como el candidato a llenar el cargo en la Corte Suprema, por lo que anunció que tomarán acciones en los próximos días para tratar de evitar que el gerente asesor del BCI llegue al máximo tribunal.

“Y no sólo conforme con eso, sino que además Bachelet apoye este tipo de acciones, me parece terrible, me parece escandaloso y obviamente que nosotros nos vamos a hacer parte de toda esta situación de forma activa y de todas las formas posibles (…) Imagínate cómo se plantea una organización sindical si sus herramientas están precarizadas, y además no sólo con eso, están potenciando el área judicial: ¿De dónde se afirma un sindicato?, nos están destruyendo”.

Este martes la comisión de Constitución del Senado deberá revisar las nominaciones a la Corte Suprema, instancia integrada, entre otros, por el RN Alberto Espina, quien fue compañero de Prado Puga en la Universidad de Chile, y el PPD Felipe Harboe quien habría manifestado, junto a otros senadores de la Nueva Mayoría, su venia para que el gerente asesor del BCI llegue a la Suprema.

A pesar de esto, el senador Pedro Araya, presidente de la comisión, señaló que no conoce aún los antecedentes de los jurista postulantes que postulan a la Corte, y que esperará a la audiencia pública en la que se citará a los aspirantes para ver las distintas posturas que tienen.

Además, Araya sostuvo que en caso de ser ratificado Arturo Prado Puga como ministro de la Corte Suprema, existen normas en cuerpos legales que pueden determinar su inhabilitación en caso de tener conflictos en causas judiciales.

“En lo que respecta a las eventuales inhabilidades que pueda tener Prado Puga, en el caso de ser ratificado por el Senado, el Código Órganico de Tribunales establece las normas respecto de las cuales un ministro tiene que inhabilitarse frente al conocimiento de determinados asuntos judiciales. Entonces, en esa línea si llegara a ser nominado existen las formas de inhabilitarlo en determinadas circunstancias”.

Desde el mundo sindical, se plantea que la nominación de Prado Puga a la Cuarta Sala de la Corte Suprema buscaría equilibrar una supuesta tendencia “pro trabajador” de esta instancia en recientes fallos, no obstante descartan que esta sea una realidad y que sólo es un pretexto de parte del gran empresariado para posicionar a uno de sus representante en el máximo tribunal.