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Año XI, 19 de octubre de 2019

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Nuevo revés del Gobierno: Comisión de Educación rechaza reforma universitaria

Con la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo, la comisión rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de educación superior. Ahora, es el Ejecutivo el que debe decidir si presenta el texto a la Corporación arriesgando un fallo mayor, o bien, le quita la urgencia legislativa para volver a revisarlo al interior de la instancia parlamentaria.

Karina Palma

  Martes 11 de abril 2017 20:34 hrs. 
Camila Vallejo

Luego de la primera marcha estudiantil del año que, este martes los diputados de Comisión de Educación de la Cámara rechazaron la idea de legislar el proyecto de Educación Superior. El voto clave fue el de la parlamentaria comunista Camila Vallejo, quien decidió abstenerse, lo que por regla interna, se contó como rechazo a la normativa.

Según explicó la diputada por La Florida, el principal problema del proyecto presentado por el Ejecutivo es que carece de definiciones sustantivas en ámbitos que han sido parte de las demandas históricas del movimiento, como el fin al CAE y la implementación de una medida sustitutiva a los créditos.

Entre quienes se negaron a aprobar la normativa se encuentra el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson. El ex líder estudiantil declaró que el proyecto no contempla puntos que aseguren una tramitación a favor de las propuestas de los estudiantes. Su crítica se centró en la división establecida arbitrariamente por el Ejecutivo, que decidió separar en dos el proyecto, dejando para después todas las normativas que ocasionaban desencuentros entre sus parlamentario, como el CAE y la acreditación. “Si aprobamos este proyecto estamos dándole piso a una forma de hacer política que le da la espalda a las demandas ciudadanas. Espero que nos demos el tiempo de discutirlo en sala y encontrar un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno”.

Contrario a su posición se mostró el radical Alberto Robles, quien defendió la calidad de la reforma, asegurando que -pese a la división del contenido- hay definiciones en temas sustanciales como calidad, gratuidad y educación pública, por lo que calificó como inadmisible la decisión de rechazo. “A mí me parece importante legislar, acá le estamos dando fe al Ejecutivo que vamos a avanzar. Es inaceptable que no podamos cambiar el Sistema de Educación Superior en Chile”.

Los votos a favor fueron de los diputados Rodrigo González y Cristina Girardi, del PPD; Roberto Poblete (Ind.); Mario Venegas y Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana; y Alberto Robles del Partido Radical. Mientras que en contra votó Jaime Bellolio, Sergio Gahona, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, de la UDI, además Manuel Edward de Renovación Nacional y e mencionado parlamentario de RD.

Las explicaciones de la Ministra

Antes de la votación, la ministra Adriana Delpiano expuso las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el viernes pasado, dentro de las cuales las que más controversia y oposición generaron entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría fueron las referidas al lucro, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la acreditación.

Entre algunas de las indicaciones mencionadas, se establece que se mantendrán y reforzarán las facultades de la Superintendencia. Sobre la acreditación, se considerará que un plantel cuenta con los estándares de calidad cuando obtenga una certificación mayor a cuatro años, mientras que los que obtengan tres años quedarán condicionados

Esto, en primera instancia, había sido percibido como una medida insuficiente por los diputados oficialistas, quienes señalaron que el sistema de certificación debe ser “estricto y riguroso”. Sin embargo, durante su exposición la ministra comentó que “tiene que haber un umbral porque se le está exigiendo a todos los organismos que se acrediten”.

Respecto al lucro, el proyecto lo tipifica como delito y establece la reclusión menor en su grado medio a quien transgreda esta norma, lo que significa una pena que puede ir de los 541 días hasta los tres años y un día de presidio. No obstante, esta sanción comúnmente no se cumple con privación efectiva de libertad.

Una de las preocupaciones presentadas por los diputados de la bancada estudiantil, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, fue el poco conocimiento que existe sobre el proyecto de Educación Superior Pública que se votará aparte, del cual todavía no se comunica una versión preliminar. Para Jackson la ambigüedad del proyecto es insostenible.

La posición del movimiento estudiantil

Previo a la marcha convocada por la Confech, los estudiantes universitarios y secundarios, junto al Colegio de Profesores, hicieron un llamado al Ejecutivo para revocar la urgencia de la Reforma a la Educación Superior, argumentando que el proyecto no constituye un cambio sustantivo al modelo educativo e ignora las propuestas emanadas desde el movimiento estudiantil.

De este modo, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), se mostró conforme con medida tomada por los parlamentarios, pero advirtió que es importante que ahora el Ejecutivo considere los planteamientos del movimiento porque, de lo contrario los cambios requeridos seguirán siendo suspendidos o insuficientes. “Esta legislación puede ser a favor o en contra de los postulados que hemos planteado durante once años. Lo que pedimos es que haya voluntad política para que se ingresen nuestras indicaciones”.

Otro de los aspectos duramente criticados por el movimiento estudiantil fue el cierre de la causa para nueve de las 12 universidades investigadas por lucro. De las instituciones indagadas solo se mantienen abiertas las del grupo Laureate, que corresponden a la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar y de las Américas. De acuerdo a lo manifestado por Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocero de la Confech, el hecho constituye una mala señal para la ciudadanía.

Es importante mencionar que luego de la votación se abren dos escenarios: que el Gobierno modifique el proyecto y lo vuelva a presentar ante la Comisión, quitándole la suma urgencia parlamentaria, o que lo lleve directamente a la sala de la Cámara para que todos los diputados aprueben la idea de legislar. Si en esta última instancia mencionada, nuevamente se rechaza la Reforma, el Ejecutivo debe presentar otro documento en un año más.