Diario y Radio U Chile

Año XII, 26 de septiembre de 2020

Escritorio MENÚ

Informe de Contraloría responsabiliza a Registro Civil por irregularidades en padrón electoral

El documento especifica cambios de domicilios no comprobados, irregularidades en la custodia de documentos y comprobantes sin firma. El director nacional del organismo, Jorge Álvarez, señaló que ya se ha iniciado un sumario para determinar responsabilidades administrativas.

Karina Palma

  Miércoles 12 de abril 2017 20:02 hrs. 
padron-electoral_816x544





Este miércoles se comunicaron los resultados de un informe enviado por Contraloría al Ministerio Público y la Cámara de Diputados, que da cuentas de irregularidades cometidas por el Registro Civil, específicamente en las inconsistencias en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones municipales desarrolladas el 2016.

La investigación solicitada por el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg, da cuenta de cambios de domicilios que no constan de comprobantes, inexistencias de declaraciones pidiendo las modificaciones informadas, irregularidades en la custodia de documentos y comprobantes sin firmas.

De acuerdo a lo informado por el parlamentario, quien recibió el texto de parte del contralor Jorge Bermúdez, de los siete millones de domicilios cambiados, más de seis millones no cuentan con respaldo. Además, se constató descoordinación con el Servicio Electoral (Servel). “No estamos hablando de irregularidades o descoordinaciones simples como  ha dicho el Ministro de Justicia. Estamos hablando de delitos graves que la Contraloría descubrió y que los está enviando al Ministerio Público para que sean investigados y sancionados”.

Entre los delitos mencionados por Nicolás Monckeberg se encuentran la falta de custodia, pérdida y desaparición de los respaldos de supuestos cambios de domicilio. El diputado de Renovación Nacional explicó que “mientras el Registro Civil decía que todos los cambios se habían hecho con autorización de los ciudadanos, cuando se quiso comprobar dónde estaban certificados se dieron cuenta que no existían las constataciones, las habían eliminado o nunca estuvieron”.

Jorge Álvarez, director nacional del Registro Civil, declaró que el organismo efectivamente tuvo dificultades en materia de comunicación de datos, de las cuales se ha estado haciendo cargo a través de la implementación de un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Además, agregó que el informe se refiere puntualmente a tres oficinas del servicio y que no se habla de delitos, sino de hechos que presuntivamente podrían serlos cuando los tribunales lo determinen.

Respecto a las cifras emitidas en el informe, el director del Registro Civil indicó que no se trata de seis millones de cambios de domicilios no comprobados, sino que de seis millones de transacciones informadas, las cuales no necesariamente tienen consecuencias en el padrón electoral. “No quisiera entrar en lo técnico, pero al leer adecuadamente el informe de la Contraloría, se da cuenta que el Servicio Electoral después de hacer una depuración de esas millones de transacciones, llegó a 430 mil modificaciones de cambios de domicilio .Sobre eso es lo que trabaja el documento, no sobre seis millones. Esa cifra es excesiva, sería una parte muy importante del padrón”.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Electoral, no es responsabilidad de este organismo constatar las modificaciones en los datos de los votantes, ya que con el fin de mantener al día la actualización del padrón electoral, pueden recurrir sin cuestionamientos a las bases del Registro Civil.

Luego de dar a conocer el resultado de la investigación, Nicolás Monckeberg emplazó al Ejecutivo a responder sobre las irregularidades indicadas, enfatizando en la obligación que tiene de garantizar que “este escándalo delictivo no se vuelva a repetir”, considerando que quedan tres meses para las primarias y siete para las elecciones presidenciales.

Por su parte, el diputado democratacristiano Ricardo Rincón advirtió que en este caso hay una responsabilidad técnica que debiera recaer en los altos directivos del Registro Civil y que si existiese responsabilidad política, esta tendría que ser asumida por las autoridades del Ministerio de Justicia, ya que el Registro Civil depende de esa cartera.