Este miércoles se desarrolla el Censo y, previo a su aplicación, el Gobierno ha debido enfrentar una serie de obstáculos para impedir que se repita el fracaso de 2012.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el costo de esta medición es de 40 mil millones de pesos y tiene la característica de ser abreviado, es decir, las 21 preguntas que contiene esta encuesta responden las variables básicas para el análisis demográfico actual y las proyecciones del país.

Más de 580 mil encuestadores recorrerán el territorio nacional para recoger estos antecedentes relacionados con la conformación del hogar, el tipo de vivienda, el nivel educacional, la tendencia migratoria, entre otros aspectos de la sociedad.

La aplicación del Censo corresponde a la tercera etapa del proceso general iniciado con la planificación y el pre censo, en 2014 y 2015, y que finalizaría con la fase de análisis y difusión de los resultados durante este año.

La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no restarse de este proceso, a ser colaborativos, y aclaró que esta información será utilizada de manera adecuada para el desarrollo del país.

¿Qué se juega el Gobierno con este proceso?

Luego del fallido censo del 2012 también surgen dudas sobre el resultado de este nuevo proceso y si se cometerían nuevamente los graves errores del denominado “mejor censo de la historia del país”, aplicado por el gobierno de Sebastián Piñera.

En esa oportunidad, la medición estuvo liderada por el ex director del INE, Francisco Labbé. Sin embargo, luego de analizar la información se determinó que un 9, 6 por ciento de personas no fueron censadas, es decir, alrededor de un millón 700 mil habitantes.

Los niveles de omisión fueron muy altos porque, entre otras fallas, se consideraron como “casas desocupadas” viviendas donde si habitaba gente.  Una de las hipótesis que de planteó para explicar estos errores fue la mala capacitación que obtuvieron los censistas.

“No es lo mismo llegar a una casa y preguntar ‘cuántas personas residen habitualmente’ versus preguntar ‘cuántas personas hay o están en la casa'”, explicó la actual directora del INE, Ximena Clark. Por lo mismo, la pregunta que se elaboró para esta ocasión es “cuántas personas pasaron la noche en esta vivienda”.

Bajo este escenario, este nuevo levantamiento censal implica un desafío para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de lograr que el proceso no fracase como ocurrió con el anterior que concluyó con una investigación en el Congreso, una indagación de la Fiscalía y un juicio en Contraloría.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de problemas. Recién el pasado fin de semana se completó la cantidad de encuestadores a nivel nacional, cupos que se completaron con funcionarios públicos de todas las reparticiones, quienes se vieron mandatados a sumarse al proceso.

¿Qué se juega el Gobierno con el Censo? Fue una de las preguntas que abordó la directora del INE, Ximena Clark: “La oportunidad de entregar la información para que todos tengamos instrumentos y herramientas y mejorar nuestra calidad de vida es esta. Es la oportunidad y por eso es un feriado exclusivo para el censo”.

Pero no todos están convencidos de su utilidad. Al menos así lo han manifestado algunos sectores que han llamado a no participar de este proceso. A través de la campaña “Yo no abriré las puertas al Censo”, difundida por redes sociales, se apuntaba a las precarias condiciones de seguridad social, por ejemplo en materia previsional, que no mejorarían con más o menos antecedentes sobre el país.

También se mostraron contrarios un grupo de comunidades mapuche, entre ellas la comunidad autónoma de Temucuicui, Ranquilco, Mallecohe y Wente Winkul Mapu, quienes apuntaron a que la encuesta no responde a sus criterios culturales.

Frente a esto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, reforzó el llamado de la Mandataria y advirtió sobre las multas para quienes se resten del proceso. Al respecto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy declaró que van a a censar a todos los chilenos que hay en el país. “Si hay entidades u organismos que dicen que no van a ser censados, eso lo veremos el mismo día del censo. No hay medidas especiales, este es un proceso cívico que imaginamos que la mayoría del país apoya, por lo tanto no tenemos mayores problemas con declaraciones que supuestamente representan a comunidades”.

Las omisiones del cuestionario

Respecto del cuestionario, también ha habido cuestionamientos a las preguntas elaboradas y a la omisión de información relevante. Es el caso de las personas en condición de discapacidad quienes han difundido por redes sociales mensajes para que en el momento que sean censados exijan que se integre una observación porque no fueron considerados.

Una situación similar para los chilenos afrodescendientes quienes llamaron a integrar en el ítems de “otros” su ascendencia dentro de las preguntas sobre pertenencia a grupos étnicos.

Mientras, la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD) cuestionó el “carácter transfóbico, excluyente y prejuicioso” del video educativo que lanzó el Gobierno para explicar la aplicación del censo. La organización manifestó que se burlaban de las personas trasngénero y solicitaron la eliminación del material para integrar un nuevo video que educara en términos de identidad de género.