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Año XII, 8 de agosto de 2020

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Abogado Cristián Cruz: Cheyre es un protegido del Estado y debe pagar con cárcel

El jurista indicó que las nuevas diligencias tienen por objetivo conseguir una pena de cárcel efectiva para todos los militares en retiro involucrados en los asesinatos ocurridos en el regimiento de La Serena durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte.

Rodrigo Fuentes

  Jueves 27 de abril 2017 20:32 hrs. 





El abogado que representa a familiares de las víctimas, Cristián Cruz, se mostró satisfecho después que el ministro en visita Mario Carroza acusara como cómplice de secuestro y homicidio de 15 personas al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

Carroza acusó a 16 militares en retiro -incluido el exjefe de la institución-, en uno de los episodios del emblemático caso, al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, Cristián Cruz detalló que en la investigación a través de varias declaraciones de testigos, identificaron a Cheyre como jefe de inteligencia del regimiento Arica de La Serena y encargado de las comunicaciones.

El jurista en causas de Derechos Humanos anunció que luego de la notificación formal de la acusación, espera sumar nuevos antecedentes en contra Juan Emilio Cheyre, y los otros 15 ex uniformados procesados en la causa: “La idea es aportar más elementos, agravantes, la perversión del crimen. Posteriormente viene un plazo breve en términos procesales que nos va a acercar a la sentencia de primera instancia, y exigir que cada uno, no sólo Cheyre, quienes hicieron fiesta y burla contra los familiares de las víctimas, sean finalmente condenados y avancen firmes, raudos, cual marcha militar, a la cárcel a cumplir prisión efectiva”.

Además del excomandante en jefe del Ejército, el ministro Mario Carroza acusó como cómplices de estos hechos a Emilio González, Luis Polanco, Jaime Ojeda, Hernán Valdebenito, Guillermo Raby, Hugo Leiva, Mario Vargas, Mario Larenas, Luis Fernández y Luis Araos. En calidad de autores, a Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Juan Chiminelli, Víctor Alegre y Ariosto Lapostol, en ese entonces comandante de la unidad militar.

De los demás acusados, tres se encuentran detenidos en el penal de Punta Peuco.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se “reafirmó el compromiso con la labor permanente de búsqueda de la verdad y la justicia en este caso, así como en todos los que son de competencia de la Unidad Programa de Derechos Humanos”.

Nelson Rodríguez, quien declaró como testigo en la causa, precisó que hace algunos meses parecía imposible que se acusara a exmilitares como autores y cómplices.

“Me detuvieron el 12 de octubre carabineros de Ovalle. Ahí me aplicaron torturas y el día 16 me entregaron al regimiento Arica de La Serena. Ahí conocí al señor Cheyre, porque él fue quien me recibió, yo escuché su voz con la del carabinero que me entregó y ya no se me borró nunca más, y al ratito después me estaban sacando la mugre otra vez y era él quien me interrogaba”.

Al respecto la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz indicó que el silencio de Cheyre, junto con la relación que siempre tuvo con civiles, incluso de la otrora Concertación, le permitió llegar a ser comandante en Jefe y obtener cargos en otras instituciones.

“Lo muestra como alguien que es protegido y que sobre todo ha guardado silencio absoluto acerca de sus actividades en crímenes. Este silencio le permitió llegar a ser comandante en jefe, cuestión que por cierto otros generales como Joaquín Lagos, quien tuvo la dignidad de entregar la verdad sobre los crímenes ocurridos en Antofagasta y Calama perpetrados por la caravana, no iba a ser jamás comandante en jefe del Ejército”.

El año pasado, Juan Emilio Cheyre fue detenido por el caso, pero salió en libertad después de pagar una fianza. En tanto, los 15 cuerpos de las víctimas fueron hallados en 1998 y estudios forenses lograron verificar “que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos”, según consta el fallo judicial.