El abogado querellante en el caso torturas contra ex alcalde Cristián Labbé, Roberto Ávila, denunció ante la comisión de ética del senado a la parlamentaria UDI Jacqueline van Rysselberghe.
Según el jurista, tanto la senadora como el diputado de la misma colectividad, Gustavo Hasbún, acusaron montaje y abusos por parte de tribunales en el proceso que se lleva el Juez Álvaro Mesa contra el Coronel en retiro, quien se encuentra actualmente recluido en un recinto militar en la ciudad de Temuco.
El abogado Roberto Ávila indicó que el comité de ética de ambas cámaras debe investigar y sancionar los comportamientos de los parlamentarios, quienes en su opinión han atentado contra el principio de la división de los poderes e intervenido en la causa que se lleva contra el también ex agente de la DINA.
“Esta intervención de la senadora se ha expresado en declaraciones donde señala que respalda la intrusión aún más grotesca del diputado Gustavo Hasbún, quien asevera que existe una persecución contra los militares por parte del Poder Judicial, que todo esto es mentira y que se violan sus derechos fundamentales. Estos dichos en boca de una senadora de la República constituyen una amenaza para la justicia en general y para el ministro Álvaro Mesa Latorre en particular”, argumentó el jurista.
Roberto Ávila, abogado representante de una de las víctimas de Cristián Labbé, agregó que el caso de la parlamentaria Jacqueline Van Rysselberghe es mucho más grave, ya que el Senado puede llegar a ser el tribunal que resuelva sobre eventuales acusaciones contra ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema.
El jurista recordó que la Cámara Alta también tiene la potestad de votar los ascensos al máximo tribunal de los ministros del Poder Judicial.
“Esto se trata de una amenaza velada de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que es sancionada por el ordenamiento jurídico, el Artículo 76 de la Constitución política y el Artículo 19 N°3, que garantiza a mi representado un debido proceso, no existe debido proceso con jueces bajo amenaza de parlamentarios”, detalló.
El abogado Roberto Ávila, representa a Harry Cohen Vera, una de las 4 personas que acusan a Cristián Labbé de haber aplicado y dirigido prácticas de torturas.
Según consta en el reciente dictamen del ministro instructor, Álvaro Mesa, en el contexto de la “Operación Peineta” que el Ejército llevó a cabo en la precordillera valdiviana a fines de 1973 en busca de opositores a la dictadura, un grupo de hombres fue torturado por el entonces capitán Cristián Labbé en la escuela de Panguipulli, habilitada como centro de detención. Entre ellos se encontraba Harry Cohen Vera, quien a pesar de no tener militancia política y de ser detenido en medio de una visita familiar, fue interrogado y sometido a tormentos por miembros del Ejército.
El abogado querellante en el caso torturas contra ex alcalde Cristián Labbé, Roberto Ávila, denunció ante la comisión de ética del senado a la parlamentaria UDI Jacqueline van Rysselberghe.
Según el jurista, tanto la senadora como el diputado de la misma colectividad, Gustavo Hasbún, acusaron montaje y abusos por parte de tribunales en el proceso que se lleva el Juez Álvaro Mesa contra el Coronel en retiro, quien se encuentra actualmente recluido en un recinto militar en la ciudad de Temuco.
El abogado Roberto Ávila indicó que el comité de ética de ambas cámaras debe investigar y sancionar los comportamientos de los parlamentarios, quienes en su opinión han atentado contra el principio de la división de los poderes e intervenido en la causa que se lleva contra el también ex agente de la DINA.
“Esta intervención de la senadora se ha expresado en declaraciones donde señala que respalda la intrusión aún más grotesca del diputado Gustavo Hasbún, quien asevera que existe una persecución contra los militares por parte del Poder Judicial, que todo esto es mentira y que se violan sus derechos fundamentales. Estos dichos en boca de una senadora de la República constituyen una amenaza para la justicia en general y para el ministro Álvaro Mesa Latorre en particular”, argumentó el jurista.
Roberto Ávila, abogado representante de una de las víctimas de Cristián Labbé, agregó que el caso de la parlamentaria Jacqueline Van Rysselberghe es mucho más grave, ya que el Senado puede llegar a ser el tribunal que resuelva sobre eventuales acusaciones contra ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema.
El jurista recordó que la Cámara Alta también tiene la potestad de votar los ascensos al máximo tribunal de los ministros del Poder Judicial.
“Esto se trata de una amenaza velada de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que es sancionada por el ordenamiento jurídico, el Artículo 76 de la Constitución política y el Artículo 19 N°3, que garantiza a mi representado un debido proceso, no existe debido proceso con jueces bajo amenaza de parlamentarios”, detalló.
El abogado Roberto Ávila, representa a Harry Cohen Vera, una de las 4 personas que acusan a Cristián Labbé de haber aplicado y dirigido prácticas de torturas.
Según consta en el reciente dictamen del ministro instructor, Álvaro Mesa, en el contexto de la “Operación Peineta” que el Ejército llevó a cabo en la precordillera valdiviana a fines de 1973 en busca de opositores a la dictadura, un grupo de hombres fue torturado por el entonces capitán Cristián Labbé en la escuela de Panguipulli, habilitada como centro de detención. Entre ellos se encontraba Harry Cohen Vera, quien a pesar de no tener militancia política y de ser detenido en medio de una visita familiar, fue interrogado y sometido a tormentos por miembros del Ejército.
El abogado querellante en el caso torturas contra ex alcalde Cristián Labbé, Roberto Ávila, denunció ante la comisión de ética del senado a la parlamentaria UDI Jacqueline van Rysselberghe.
Según el jurista, tanto la senadora como el diputado de la misma colectividad, Gustavo Hasbún, acusaron montaje y abusos por parte de tribunales en el proceso que se lleva el Juez Álvaro Mesa contra el Coronel en retiro, quien se encuentra actualmente recluido en un recinto militar en la ciudad de Temuco.
El abogado Roberto Ávila indicó que el comité de ética de ambas cámaras debe investigar y sancionar los comportamientos de los parlamentarios, quienes en su opinión han atentado contra el principio de la división de los poderes e intervenido en la causa que se lleva contra el también ex agente de la DINA.
“Esta intervención de la senadora se ha expresado en declaraciones donde señala que respalda la intrusión aún más grotesca del diputado Gustavo Hasbún, quien asevera que existe una persecución contra los militares por parte del Poder Judicial, que todo esto es mentira y que se violan sus derechos fundamentales. Estos dichos en boca de una senadora de la República constituyen una amenaza para la justicia en general y para el ministro Álvaro Mesa Latorre en particular”, argumentó el jurista.
Roberto Ávila, abogado representante de una de las víctimas de Cristián Labbé, agregó que el caso de la parlamentaria Jacqueline Van Rysselberghe es mucho más grave, ya que el Senado puede llegar a ser el tribunal que resuelva sobre eventuales acusaciones contra ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema.
El jurista recordó que la Cámara Alta también tiene la potestad de votar los ascensos al máximo tribunal de los ministros del Poder Judicial.
“Esto se trata de una amenaza velada de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que es sancionada por el ordenamiento jurídico, el Artículo 76 de la Constitución política y el Artículo 19 N°3, que garantiza a mi representado un debido proceso, no existe debido proceso con jueces bajo amenaza de parlamentarios”, detalló.
El abogado Roberto Ávila, representa a Harry Cohen Vera, una de las 4 personas que acusan a Cristián Labbé de haber aplicado y dirigido prácticas de torturas.
Según consta en el reciente dictamen del ministro instructor, Álvaro Mesa, en el contexto de la “Operación Peineta” que el Ejército llevó a cabo en la precordillera valdiviana a fines de 1973 en busca de opositores a la dictadura, un grupo de hombres fue torturado por el entonces capitán Cristián Labbé en la escuela de Panguipulli, habilitada como centro de detención. Entre ellos se encontraba Harry Cohen Vera, quien a pesar de no tener militancia política y de ser detenido en medio de una visita familiar, fue interrogado y sometido a tormentos por miembros del Ejército.
