La reforma al Estado se apunta como una deuda pendiente de las administraciones pasadas. El actual Gobierno se vio obligado a concretar avances en probidad y transparencia luego de los polémicos casos de irregularidades que se han conocido, pero continúan advirtiéndose señales de un Estado débil que no responde a las necesidades de los ciudadanos.
Un grupo de investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) alista sus propuestas en esta materia y mira como referencia el modelo neozelandés, del que destacan su funcionamiento estatal con diseños institucionales moldeables y, en especial, la capacidad de cumplir las promesas de sus gobiernos.
El director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez, advirtió , por ejemplo, que los actuales Consejos de la Sociedad Civil, que se incorporaron en 2011 en la gestión pública, terminaron siendo solo consultivos, limitándose en su posibilidad de acción.
El experto sostuvo que “es necesario no llegar a una situación de ‘Estado fallido’ y dadas las condiciones actuales, esa mejora tiene que ir con una mayor participación de la ciudadanía en la gestión del Estado”.
También en lo social, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Carolina Grünward, observó que el Estado desde hace una década ha aumentado su “institucionalización” para dar respuesta a los problemas de la población. A su juicio, eso no lo convierte precisamente en un órgano más eficiente, pues se estarían repitiendo tareas o dificultando el diálogo entre los servicios: “En los últimos diez años, se han creado, por ley, cinco ministerios, doce subsecretarías, nueve servicios públicos y dos superintendencias. Frente a algún problema se crea una institución y finalmente la plata directa que está destinada a las personas para resolverles sus problemas, se va disminuyendo”, criticó.
Los expertos no son los únicos preocupados por darle prioridad a este tema. A través de una carta, firmantes de distintas áreas y tendencias políticas apuntaron a la urgencia de la reforma y los esfuerzos que se tienen que dar no solo desde el Ejecutivo: “Buen diseño y evaluación del impacto de las políticas públicas, sumado a contar con un servicio civil dotado de servidores públicos comprometidos con la ciudadanía” son algunas de las medidas que respaldan este grupo de personas, entre ellos la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic; el ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; el fundador de Educación 2020, Mario Waisbluth; el diputado DC Jaime Pilowsky; y el diputado UDI Ernesto Silva.
Este último opinó que se requiere que el Estado “deje de ser como las estructuras antiguas, con organizaciones o silos verticales que no conversan entre ellos, y que se conecte con la ciudadanía de una forma mucho más integrada, amable y con otros estándares de calidad de servicio”. Para ello, Silva apuntó a que los principales cambios vayan en la línea de la flexibilidad para innovar, la gestión de la información, la coordinación y la mejor designación de recursos.
El diagnóstico sería la parte simple del problema, según el documento. Agrega que se debe atacar con urgencia y con mirada de largo plazo porque los problemas en el Sename, INE, Gendarmería, Registro Civil, Dipreca, la respuesta a emergencias y la gestión en los municipios,muestran la “magnitud práctica y no teórica”.
La reforma al Estado se apunta como una deuda pendiente de las administraciones pasadas. El actual Gobierno se vio obligado a concretar avances en probidad y transparencia luego de los polémicos casos de irregularidades que se han conocido, pero continúan advirtiéndose señales de un Estado débil que no responde a las necesidades de los ciudadanos.
Un grupo de investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) alista sus propuestas en esta materia y mira como referencia el modelo neozelandés, del que destacan su funcionamiento estatal con diseños institucionales moldeables y, en especial, la capacidad de cumplir las promesas de sus gobiernos.
El director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez, advirtió , por ejemplo, que los actuales Consejos de la Sociedad Civil, que se incorporaron en 2011 en la gestión pública, terminaron siendo solo consultivos, limitándose en su posibilidad de acción.
El experto sostuvo que “es necesario no llegar a una situación de ‘Estado fallido’ y dadas las condiciones actuales, esa mejora tiene que ir con una mayor participación de la ciudadanía en la gestión del Estado”.
También en lo social, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Carolina Grünward, observó que el Estado desde hace una década ha aumentado su “institucionalización” para dar respuesta a los problemas de la población. A su juicio, eso no lo convierte precisamente en un órgano más eficiente, pues se estarían repitiendo tareas o dificultando el diálogo entre los servicios: “En los últimos diez años, se han creado, por ley, cinco ministerios, doce subsecretarías, nueve servicios públicos y dos superintendencias. Frente a algún problema se crea una institución y finalmente la plata directa que está destinada a las personas para resolverles sus problemas, se va disminuyendo”, criticó.
Los expertos no son los únicos preocupados por darle prioridad a este tema. A través de una carta, firmantes de distintas áreas y tendencias políticas apuntaron a la urgencia de la reforma y los esfuerzos que se tienen que dar no solo desde el Ejecutivo: “Buen diseño y evaluación del impacto de las políticas públicas, sumado a contar con un servicio civil dotado de servidores públicos comprometidos con la ciudadanía” son algunas de las medidas que respaldan este grupo de personas, entre ellos la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic; el ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; el fundador de Educación 2020, Mario Waisbluth; el diputado DC Jaime Pilowsky; y el diputado UDI Ernesto Silva.
Este último opinó que se requiere que el Estado “deje de ser como las estructuras antiguas, con organizaciones o silos verticales que no conversan entre ellos, y que se conecte con la ciudadanía de una forma mucho más integrada, amable y con otros estándares de calidad de servicio”. Para ello, Silva apuntó a que los principales cambios vayan en la línea de la flexibilidad para innovar, la gestión de la información, la coordinación y la mejor designación de recursos.
El diagnóstico sería la parte simple del problema, según el documento. Agrega que se debe atacar con urgencia y con mirada de largo plazo porque los problemas en el Sename, INE, Gendarmería, Registro Civil, Dipreca, la respuesta a emergencias y la gestión en los municipios,muestran la “magnitud práctica y no teórica”.
La reforma al Estado se apunta como una deuda pendiente de las administraciones pasadas. El actual Gobierno se vio obligado a concretar avances en probidad y transparencia luego de los polémicos casos de irregularidades que se han conocido, pero continúan advirtiéndose señales de un Estado débil que no responde a las necesidades de los ciudadanos.
Un grupo de investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) alista sus propuestas en esta materia y mira como referencia el modelo neozelandés, del que destacan su funcionamiento estatal con diseños institucionales moldeables y, en especial, la capacidad de cumplir las promesas de sus gobiernos.
El director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez, advirtió , por ejemplo, que los actuales Consejos de la Sociedad Civil, que se incorporaron en 2011 en la gestión pública, terminaron siendo solo consultivos, limitándose en su posibilidad de acción.
El experto sostuvo que “es necesario no llegar a una situación de ‘Estado fallido’ y dadas las condiciones actuales, esa mejora tiene que ir con una mayor participación de la ciudadanía en la gestión del Estado”.
También en lo social, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Carolina Grünward, observó que el Estado desde hace una década ha aumentado su “institucionalización” para dar respuesta a los problemas de la población. A su juicio, eso no lo convierte precisamente en un órgano más eficiente, pues se estarían repitiendo tareas o dificultando el diálogo entre los servicios: “En los últimos diez años, se han creado, por ley, cinco ministerios, doce subsecretarías, nueve servicios públicos y dos superintendencias. Frente a algún problema se crea una institución y finalmente la plata directa que está destinada a las personas para resolverles sus problemas, se va disminuyendo”, criticó.
Los expertos no son los únicos preocupados por darle prioridad a este tema. A través de una carta, firmantes de distintas áreas y tendencias políticas apuntaron a la urgencia de la reforma y los esfuerzos que se tienen que dar no solo desde el Ejecutivo: “Buen diseño y evaluación del impacto de las políticas públicas, sumado a contar con un servicio civil dotado de servidores públicos comprometidos con la ciudadanía” son algunas de las medidas que respaldan este grupo de personas, entre ellos la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic; el ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; el fundador de Educación 2020, Mario Waisbluth; el diputado DC Jaime Pilowsky; y el diputado UDI Ernesto Silva.
Este último opinó que se requiere que el Estado “deje de ser como las estructuras antiguas, con organizaciones o silos verticales que no conversan entre ellos, y que se conecte con la ciudadanía de una forma mucho más integrada, amable y con otros estándares de calidad de servicio”. Para ello, Silva apuntó a que los principales cambios vayan en la línea de la flexibilidad para innovar, la gestión de la información, la coordinación y la mejor designación de recursos.
El diagnóstico sería la parte simple del problema, según el documento. Agrega que se debe atacar con urgencia y con mirada de largo plazo porque los problemas en el Sename, INE, Gendarmería, Registro Civil, Dipreca, la respuesta a emergencias y la gestión en los municipios,muestran la “magnitud práctica y no teórica”.
