Rector Vivaldi: En Chile no existe una política de inversión para las instituciones públicas
Rectores de diversas universidades plantearon sus críticas al proyecto que reforma la educación superior, durante la segunda jornada de discusión en la comisión de la Cámara de Diputados. En el primer día, las críticas se centraron en la acreditación y las sanciones contra el lucro.
Miércoles 3 de mayo 2017 19:31 hrs.
Este miércoles se retomó en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados la discusión en particular de la reforma a la educación superior, que se había iniciado el martes.
En esta oportunidad, fueron invitados a exponer el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, presidente además del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH); Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR); y Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor.
Durante la instancia, Patricio Sanhueza criticó que el proyecto de ley no contemple instrumentos idóneos para la contribución efectiva de las universidades regionales al desarrollo.
Además, agregó que en regiones el costo de la educación superior es mayor que en Santiago, por lo que los procesos de acreditación tienen que considerar los esfuerzos de las universidades regionales: “Nos parece que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debiera tener un grupo de integrantes o comisionados que pertenezcan a las regiones y que cuenten con una efectiva trayectoria. En este punto, se deben valorar los trabajos de las universidades regionales, asociados a la docencia en contextos vulnerables, a la investigación científica y al desarrollo territorial”, dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, expuso cifras sobre los aportes de las universidades estatales, por ejemplo, en la formación de profesionales complejos que generan investigación y contribuyen a los avances del país.
En ese sentido, cuestionó la responsabilidad que ha tenido el Estado con sus universidades durante los últimos años, ya que a su juicio estás han sido abandonadas. De este modo, presentó datos comparativos entre Chile y los países de la OCDE, indicando que el país es uno de los que menos porcentaje del presupuesto invierte en instituciones estatales.
Además, calificó como inaceptable que en el proyecto se castigue a los estudiantes que pertenecen a instituciones estatales no acreditadas, quitándoles el beneficio de gratuidad. Para el rector Vivaldi, lo que correspondería en estas situaciones es que el Estado pida perdón y luego garantice la calidad del organismo, ya que es su responsabilidad.
Vivaldi explicó que “en Chile, el dueño de una institución privada tiene derecho a decidir si sus estudiantes pueden o no acceder a la gratuidad, pero no existe una política de inversión para las instituciones públicas (…) Resulta incomprensible que el Estado no pueda fijar criterios de financiamiento para sus universidades”. Desde su perspectiva, con este proyecto todavía no es posible hablar de una relación entre el Estado y los organismos de educación superior pública.
En tanto, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, mostró reparos con la composición del Consejo Nacional de Acreditación. “Creo que es peligroso que tenga una clara dependencia de los gobiernos. El 50 por ciento de sus integrantes los designa el Ejecutivo, lo cual me parece riesgoso para futuro. Un organismo que es eminentemente técnico no puede estar sujeto a los gobiernos de turno, se pierde la autonomía”, argumentó.
Críticas a las sanciones contra del lucro
El primer día de discusión fueron invitados Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores; Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9; y los voceros de la Confedreación de Estudiantes de Chile (Confech).
Una de las críticas más importantes que realizaron los rectores fueron las sanciones contra el lucro que se proponen en el proyecto, el cual establece multas para los infractores, pero no necesariamente pena de cárcel efectiva. En este punto, los rectores hicieron un llamado a endurecer los castigos para que la amenaza penal cumpla su fin.
Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, cuestionó que el plazo para que las universidades se acrediten en investigación sea hasta 2040 y planteó que el límite debería ser en 2030.
Desde la Confech, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), exigió al Ejecutivo y a los parlamentarios que consideren las indicaciones del movimiento estudiantil, para que se sean discutidas en sala.
Entre los puntos más importantes que mencionó el dirigente, están “el fortalecimiento efectivo de la educación pública, fin al endeudamiento y condonación de la deudas, un marco regulatorio que asegure la calidad, fin al lucro en toda la educación superior y que exista gratuidad universal o, al menos, estén declarados los plazos para aquello”.
Este miércoles se retomó en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados la discusión en particular de la reforma a la educación superior, que se había iniciado el martes.
En esta oportunidad, fueron invitados a exponer el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, presidente además del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH); Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR); y Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor.
Durante la instancia, Patricio Sanhueza criticó que el proyecto de ley no contemple instrumentos idóneos para la contribución efectiva de las universidades regionales al desarrollo.
Además, agregó que en regiones el costo de la educación superior es mayor que en Santiago, por lo que los procesos de acreditación tienen que considerar los esfuerzos de las universidades regionales: “Nos parece que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debiera tener un grupo de integrantes o comisionados que pertenezcan a las regiones y que cuenten con una efectiva trayectoria. En este punto, se deben valorar los trabajos de las universidades regionales, asociados a la docencia en contextos vulnerables, a la investigación científica y al desarrollo territorial”, dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, expuso cifras sobre los aportes de las universidades estatales, por ejemplo, en la formación de profesionales complejos que generan investigación y contribuyen a los avances del país.
En ese sentido, cuestionó la responsabilidad que ha tenido el Estado con sus universidades durante los últimos años, ya que a su juicio estás han sido abandonadas. De este modo, presentó datos comparativos entre Chile y los países de la OCDE, indicando que el país es uno de los que menos porcentaje del presupuesto invierte en instituciones estatales.
Además, calificó como inaceptable que en el proyecto se castigue a los estudiantes que pertenecen a instituciones estatales no acreditadas, quitándoles el beneficio de gratuidad. Para el rector Vivaldi, lo que correspondería en estas situaciones es que el Estado pida perdón y luego garantice la calidad del organismo, ya que es su responsabilidad.
Vivaldi explicó que “en Chile, el dueño de una institución privada tiene derecho a decidir si sus estudiantes pueden o no acceder a la gratuidad, pero no existe una política de inversión para las instituciones públicas (…) Resulta incomprensible que el Estado no pueda fijar criterios de financiamiento para sus universidades”. Desde su perspectiva, con este proyecto todavía no es posible hablar de una relación entre el Estado y los organismos de educación superior pública.
En tanto, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, mostró reparos con la composición del Consejo Nacional de Acreditación. “Creo que es peligroso que tenga una clara dependencia de los gobiernos. El 50 por ciento de sus integrantes los designa el Ejecutivo, lo cual me parece riesgoso para futuro. Un organismo que es eminentemente técnico no puede estar sujeto a los gobiernos de turno, se pierde la autonomía”, argumentó.
Críticas a las sanciones contra del lucro
El primer día de discusión fueron invitados Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores; Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9; y los voceros de la Confedreación de Estudiantes de Chile (Confech).
Una de las críticas más importantes que realizaron los rectores fueron las sanciones contra el lucro que se proponen en el proyecto, el cual establece multas para los infractores, pero no necesariamente pena de cárcel efectiva. En este punto, los rectores hicieron un llamado a endurecer los castigos para que la amenaza penal cumpla su fin.
Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, cuestionó que el plazo para que las universidades se acrediten en investigación sea hasta 2040 y planteó que el límite debería ser en 2030.
Desde la Confech, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), exigió al Ejecutivo y a los parlamentarios que consideren las indicaciones del movimiento estudiantil, para que se sean discutidas en sala.
Entre los puntos más importantes que mencionó el dirigente, están “el fortalecimiento efectivo de la educación pública, fin al endeudamiento y condonación de la deudas, un marco regulatorio que asegure la calidad, fin al lucro en toda la educación superior y que exista gratuidad universal o, al menos, estén declarados los plazos para aquello”.
Este miércoles se retomó en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados la discusión en particular de la reforma a la educación superior, que se había iniciado el martes.
En esta oportunidad, fueron invitados a exponer el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, presidente además del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH); Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR); y Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor.
Durante la instancia, Patricio Sanhueza criticó que el proyecto de ley no contemple instrumentos idóneos para la contribución efectiva de las universidades regionales al desarrollo.
Además, agregó que en regiones el costo de la educación superior es mayor que en Santiago, por lo que los procesos de acreditación tienen que considerar los esfuerzos de las universidades regionales: “Nos parece que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debiera tener un grupo de integrantes o comisionados que pertenezcan a las regiones y que cuenten con una efectiva trayectoria. En este punto, se deben valorar los trabajos de las universidades regionales, asociados a la docencia en contextos vulnerables, a la investigación científica y al desarrollo territorial”, dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, expuso cifras sobre los aportes de las universidades estatales, por ejemplo, en la formación de profesionales complejos que generan investigación y contribuyen a los avances del país.
En ese sentido, cuestionó la responsabilidad que ha tenido el Estado con sus universidades durante los últimos años, ya que a su juicio estás han sido abandonadas. De este modo, presentó datos comparativos entre Chile y los países de la OCDE, indicando que el país es uno de los que menos porcentaje del presupuesto invierte en instituciones estatales.
Además, calificó como inaceptable que en el proyecto se castigue a los estudiantes que pertenecen a instituciones estatales no acreditadas, quitándoles el beneficio de gratuidad. Para el rector Vivaldi, lo que correspondería en estas situaciones es que el Estado pida perdón y luego garantice la calidad del organismo, ya que es su responsabilidad.
Vivaldi explicó que “en Chile, el dueño de una institución privada tiene derecho a decidir si sus estudiantes pueden o no acceder a la gratuidad, pero no existe una política de inversión para las instituciones públicas (…) Resulta incomprensible que el Estado no pueda fijar criterios de financiamiento para sus universidades”. Desde su perspectiva, con este proyecto todavía no es posible hablar de una relación entre el Estado y los organismos de educación superior pública.
En tanto, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, mostró reparos con la composición del Consejo Nacional de Acreditación. “Creo que es peligroso que tenga una clara dependencia de los gobiernos. El 50 por ciento de sus integrantes los designa el Ejecutivo, lo cual me parece riesgoso para futuro. Un organismo que es eminentemente técnico no puede estar sujeto a los gobiernos de turno, se pierde la autonomía”, argumentó.
Críticas a las sanciones contra del lucro
El primer día de discusión fueron invitados Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores; Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9; y los voceros de la Confedreación de Estudiantes de Chile (Confech).
Una de las críticas más importantes que realizaron los rectores fueron las sanciones contra el lucro que se proponen en el proyecto, el cual establece multas para los infractores, pero no necesariamente pena de cárcel efectiva. En este punto, los rectores hicieron un llamado a endurecer los castigos para que la amenaza penal cumpla su fin.
Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, cuestionó que el plazo para que las universidades se acrediten en investigación sea hasta 2040 y planteó que el límite debería ser en 2030.
Desde la Confech, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), exigió al Ejecutivo y a los parlamentarios que consideren las indicaciones del movimiento estudiantil, para que se sean discutidas en sala.
Entre los puntos más importantes que mencionó el dirigente, están “el fortalecimiento efectivo de la educación pública, fin al endeudamiento y condonación de la deudas, un marco regulatorio que asegure la calidad, fin al lucro en toda la educación superior y que exista gratuidad universal o, al menos, estén declarados los plazos para aquello”.
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