Este miércoles la oposición llevó a cabo la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, a raíz de las cifras de desempleo de los últimos meses, que manifiestan el crecimiento de los trabajos por cuenta propia y la consiguiente disminución del empleo asalariado, entre otros temas.

Quien realizó las preguntas a la secretaria de Estado fue el diputado de la UDI Ernesto Silva, quien aseguró que en el último año se han perdido 120 mil empleos asalariados y concluyó diciendo que “estamos frente a un gobierno que se rindió” y puso fin a la política laboral.

Por su parte, la ministra Krauss destacó que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se han aprobado 29 proyectos que apuntan a mejorar la condición de los trabajadores, destacando especialmente la Reforma Laboral.

Sin embargo, diferentes actores sociales hicieron énfasis en que este tipo de instancias, más que apuntar a tratar los temas de fondo que afectan a los trabajadores, sólo contribuyen a invisibilizarlos, cuestión que se acentuará en las próximas semanas cuando se entre de lleno a las campañas presidenciales.

Andrés Giordano, presidente del sindicato de Starbucks, señaló que en la esfera política se está teniendo una discusión respecto del trabajo que resulta “artificial” y apuntó a la campaña presidencial, en la cual se pone el foco en cifras también artificiales que se enfocan sólo en el empleo, “como si eso fuera el único impacto real de la desaceleración en el mundo del trabajo”, en circunstancias que, a su juicio, uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la precarización sistemática del empleo, lo que profundiza la desigualdad.

En este sentido, el dirigente sindical hizo énfasis en que son los propios actores políticos los que han permitido la permanencia de una legislación laboral que facilita el control social de los trabajadores y que se eluden los temas de fondo, que tienen que ver con la verdadera democracia participativa y con mejorar la condición socioeconómica de los trabajadores, cuando el 70 por ciento de ellos gana menos de 300 mil pesos. “Es una interpelación que deberían hacerse todos los sectores políticos que han profundizado y perfeccionado el sistema neoliberal, que han impedido el avance de reformas sustantivas que fortalezcan no sólo la seguridad social, sino también la capacidad de los propios trabajadores de avanzar hacia mejores condiciones”, dijo.

En tanto, la directora del Programa de Economía del Trabajo (PET), Carmen Espinoza, señaló que si bien la Reforma Laboral -que entró en vigencia el 1 de abril- vino a saldar una deuda en materia de modificación del Plan Laboral de la dictadura, los abogados laboralistas y otros actores sociales del mundo “no quedaron contentos”.

“Sin embargo, aquellas materias de fondo que habían estado prometidas desde el primer programa de la Concertación no quedaron resueltas, como recuperar la actoría del sujeto laboral organizado -como los sindicatos- ni el campo de negociación colectiva. En esta modificación se hicieron algunas adecuaciones, algunos cambios, no todos absolutamente positivos, y lo que se esperaba más que es que la negociación colectiva fuera más allá de la empresa, no ocurrió”, indicó.

Carmen Espinoza hizo énfasis en que el problema de fondo, a su juicio, tiene que ver con una cultura que concibe al trabajador como un sujeto que no es protegido por la legislación y queda “a su libre capacidad de defenderse y sus relaciones laborales son tratadas como relaciones civiles o relaciones comerciales”

“Tenemos aquí un problema mayor, es un tema de cultura económica laboral que tiene una expresión muy retrógada respecto de la valoración del trabajo humano muy economicista respecto de la necesidad a ultranza de que las empresas que inviertan y para que inviertan tienen que tener utilidades y para que puedan invertir con utilidades, debe haber flexibilización en dos temas: por un lado el tema laboral, pero por otro lado el tema ambiental y eso no combina con la necesidad  de fortalecer los derechos laborales, de seguridad social, de participación de los trabajadores”, señaló.

Finalmente, la directora del PET concluyó que en Chile existe “una tentación de que haya impunidad respecto de la vulneración de los derechos del trabajo”, impunidad que, desde su punto de vista, existe, ya que los trabajadores no tienen ni las herramientas ni elementos para reclamar “y están permeados por un modelo que tiene como centro el mercado y la rentabilidad de los capitales y no el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas”.