Pescadores denuncian ausencia de planes ante posible crisis del salmón
Durante estos días se cumple un año de la catástrofe por la marea roja registrada en las costas de la isla de Chiloé. En este contexto, trabajadores y ambientalistas afirmaron que hasta la fecha no se ha avanzado en ninguna política que pretenda regular la sobreexplotación de los recursos marinos y que evite una nueva crisis ecológica.
Jueves 4 de mayo 2017 19:54 hrs.
En mayo de 2016, los pescadores y sus familiares en la Isla Grande de Chiloé se movilizaron exigiendo una solución efectiva al Gobierno para paliar los efectos de la prohibición de la pesca decretada en la zona a causa de la marea roja.
A siete días de iniciado el conflicto, el movimiento social que incluía a representantes de Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez y Quinchao, planteó 15 demandas para poner fin al conflicto económico y social que enfrentaba la zona. Según advirtieron distintos actores, el “vertimiento indiscriminado de salmón podrido en las aguas del archipiélago fue la gota que rebasó el vaso” ante “una frustración que se arrastra por décadas”.
El presidente del Sindicato de Pescadores de Dalcahue, Sergio Mayorga, afirmó que se mantiene la contaminación por el veneno que se lanzó a los pescados. El dirigente explicó que actualmente las salmoneras se retiraron a otras áreas para dejar “descansar” los sitios sobreexplotados y han instalado muchas balsas-jaulas en el sector de las islas Las Guaitecas, al sur de la Isla Grande de Chiloé, y al sur de Dalcahue por la Isla Chaullín.
Sergio Mayorga dijo que lo ocurrido el año pasado marcó un antes y un después para los chilotes por las complejas condiciones ambientales y laborales que todavía enfrentan.
“El bono solo dividió a la comunidad, ese no era mi norte. Siempre supimos que a aquí las responsabilidades políticas eran de Sernapesca y de la Armada que autorizaron este vertimiento de pescados descompuestos”.
Las demandas de la Mesa Provincial del año pasado pedían un apoyo permanente al sector pesquero artesanal y el fin de la Ley de Pesca.
Además de investigaciones que analizaran las reales causas de la crisis medio ambiental y que determinara si existía responsabilidad directa o indirecta de las empresas salmoneras. “Hacer un estudio sobre el daño ambiental que ha provocado esta industria en sus treinta años de existencia y determinar una indemnización al Archipiélago por el desastre ecológico y medio ambiental en el que nos han dejado”, apuntaba ese petitorio.
Para el investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH), Eduardo Mondaca, las causas de este fenómeno fueron claras y responderían al modelo extractivista que durante décadas ha generado el depósito de nutrientes en el fondo marino. Esto, dado a que se registró una variación en la temperatura del mar provocando la proliferación de un alga nociva, que luego se extendió desde el sector sur al norte de la isla de Chiloé.
Mondaca señaló que no hubo un control adecuado ni antes ni después de la catástrofe.
El investigador dijo que este crisis no sólo respondió a factores coyunturales sino al trato que ha tenido el Estado con la isla de Chiloé que, en su opinión, opera como una “colonia interna” en el país, que ha dado curso a una sobreexplotación de sus recursos naturales.
Desde Greenpeace, una de las organizaciones que realizó estudios sobre el fenómeno ocurrido en la isla, su director Matías Asun, criticó que la isla se esté transformando en una “zona de sacrificio” porque se observa la expansión de la industria salmonera hacia el sur, a través de cientos de solicitudes de concesiones.
“Unas pocas regulaciones no alcanzan con lo que vemos hoy respecto de una industria que no para de crecer que no tiene miras ambientales. La manera en que el Gobierno respaldó a la industria quedó evidenciado en los estudios”.
Los resultados de las comisiones
Luego de esta crisis, se conformó una mesa de negociación entre el Gobierno y los pescadores, encabezada por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. De esto resultó la polémica aprobación de un bono de ayuda, que sin embargo por denuncia de los propios pescadores no habrían recibido todos los afectados por la marea roja.
En noviembre pasado y luego de seis meses de investigación, la comisión científica, convocada por el gobierno, entregó su informe final. El documento elaborado por los científicos Alejandro Buschmann, Laura Farías, Fabián Tapia, Daniel Varela y Mónica Vásquez, concluyó que no había relación entre el vertimiento de los salmones y la marea roja.
Los expertos también elaboraron 12 recomendaciones que permitirían al país enfrentar fenómenos como el de la marea roja. Entre ellas, plantearon profundizar las capacidades y acciones de monitoreo de microalgas nocivas así como de análisis de las muestras y distribución de la información.
Mientras, la subsecretaría de pesca anunciaba que “en enero el Gobierno entregaría un completo plan de manejo de la marea roja”. Pero finalmente a inicios de este año, Raúl Súnico salió de la titularidad de Subpesca luego de publicación de correos que lo vincularían con “favores” hacia las grandes empresas del rubro.
En mayo de 2016, los pescadores y sus familiares en la Isla Grande de Chiloé se movilizaron exigiendo una solución efectiva al Gobierno para paliar los efectos de la prohibición de la pesca decretada en la zona a causa de la marea roja.
A siete días de iniciado el conflicto, el movimiento social que incluía a representantes de Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez y Quinchao, planteó 15 demandas para poner fin al conflicto económico y social que enfrentaba la zona. Según advirtieron distintos actores, el “vertimiento indiscriminado de salmón podrido en las aguas del archipiélago fue la gota que rebasó el vaso” ante “una frustración que se arrastra por décadas”.
El presidente del Sindicato de Pescadores de Dalcahue, Sergio Mayorga, afirmó que se mantiene la contaminación por el veneno que se lanzó a los pescados. El dirigente explicó que actualmente las salmoneras se retiraron a otras áreas para dejar “descansar” los sitios sobreexplotados y han instalado muchas balsas-jaulas en el sector de las islas Las Guaitecas, al sur de la Isla Grande de Chiloé, y al sur de Dalcahue por la Isla Chaullín.
Sergio Mayorga dijo que lo ocurrido el año pasado marcó un antes y un después para los chilotes por las complejas condiciones ambientales y laborales que todavía enfrentan.
“El bono solo dividió a la comunidad, ese no era mi norte. Siempre supimos que a aquí las responsabilidades políticas eran de Sernapesca y de la Armada que autorizaron este vertimiento de pescados descompuestos”.
Las demandas de la Mesa Provincial del año pasado pedían un apoyo permanente al sector pesquero artesanal y el fin de la Ley de Pesca.
Además de investigaciones que analizaran las reales causas de la crisis medio ambiental y que determinara si existía responsabilidad directa o indirecta de las empresas salmoneras. “Hacer un estudio sobre el daño ambiental que ha provocado esta industria en sus treinta años de existencia y determinar una indemnización al Archipiélago por el desastre ecológico y medio ambiental en el que nos han dejado”, apuntaba ese petitorio.
Para el investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH), Eduardo Mondaca, las causas de este fenómeno fueron claras y responderían al modelo extractivista que durante décadas ha generado el depósito de nutrientes en el fondo marino. Esto, dado a que se registró una variación en la temperatura del mar provocando la proliferación de un alga nociva, que luego se extendió desde el sector sur al norte de la isla de Chiloé.
Mondaca señaló que no hubo un control adecuado ni antes ni después de la catástrofe.
El investigador dijo que este crisis no sólo respondió a factores coyunturales sino al trato que ha tenido el Estado con la isla de Chiloé que, en su opinión, opera como una “colonia interna” en el país, que ha dado curso a una sobreexplotación de sus recursos naturales.
Desde Greenpeace, una de las organizaciones que realizó estudios sobre el fenómeno ocurrido en la isla, su director Matías Asun, criticó que la isla se esté transformando en una “zona de sacrificio” porque se observa la expansión de la industria salmonera hacia el sur, a través de cientos de solicitudes de concesiones.
“Unas pocas regulaciones no alcanzan con lo que vemos hoy respecto de una industria que no para de crecer que no tiene miras ambientales. La manera en que el Gobierno respaldó a la industria quedó evidenciado en los estudios”.
Los resultados de las comisiones
Luego de esta crisis, se conformó una mesa de negociación entre el Gobierno y los pescadores, encabezada por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. De esto resultó la polémica aprobación de un bono de ayuda, que sin embargo por denuncia de los propios pescadores no habrían recibido todos los afectados por la marea roja.
En noviembre pasado y luego de seis meses de investigación, la comisión científica, convocada por el gobierno, entregó su informe final. El documento elaborado por los científicos Alejandro Buschmann, Laura Farías, Fabián Tapia, Daniel Varela y Mónica Vásquez, concluyó que no había relación entre el vertimiento de los salmones y la marea roja.
Los expertos también elaboraron 12 recomendaciones que permitirían al país enfrentar fenómenos como el de la marea roja. Entre ellas, plantearon profundizar las capacidades y acciones de monitoreo de microalgas nocivas así como de análisis de las muestras y distribución de la información.
Mientras, la subsecretaría de pesca anunciaba que “en enero el Gobierno entregaría un completo plan de manejo de la marea roja”. Pero finalmente a inicios de este año, Raúl Súnico salió de la titularidad de Subpesca luego de publicación de correos que lo vincularían con “favores” hacia las grandes empresas del rubro.
En mayo de 2016, los pescadores y sus familiares en la Isla Grande de Chiloé se movilizaron exigiendo una solución efectiva al Gobierno para paliar los efectos de la prohibición de la pesca decretada en la zona a causa de la marea roja.
A siete días de iniciado el conflicto, el movimiento social que incluía a representantes de Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez y Quinchao, planteó 15 demandas para poner fin al conflicto económico y social que enfrentaba la zona. Según advirtieron distintos actores, el “vertimiento indiscriminado de salmón podrido en las aguas del archipiélago fue la gota que rebasó el vaso” ante “una frustración que se arrastra por décadas”.
El presidente del Sindicato de Pescadores de Dalcahue, Sergio Mayorga, afirmó que se mantiene la contaminación por el veneno que se lanzó a los pescados. El dirigente explicó que actualmente las salmoneras se retiraron a otras áreas para dejar “descansar” los sitios sobreexplotados y han instalado muchas balsas-jaulas en el sector de las islas Las Guaitecas, al sur de la Isla Grande de Chiloé, y al sur de Dalcahue por la Isla Chaullín.
Sergio Mayorga dijo que lo ocurrido el año pasado marcó un antes y un después para los chilotes por las complejas condiciones ambientales y laborales que todavía enfrentan.
“El bono solo dividió a la comunidad, ese no era mi norte. Siempre supimos que a aquí las responsabilidades políticas eran de Sernapesca y de la Armada que autorizaron este vertimiento de pescados descompuestos”.
Las demandas de la Mesa Provincial del año pasado pedían un apoyo permanente al sector pesquero artesanal y el fin de la Ley de Pesca.
Además de investigaciones que analizaran las reales causas de la crisis medio ambiental y que determinara si existía responsabilidad directa o indirecta de las empresas salmoneras. “Hacer un estudio sobre el daño ambiental que ha provocado esta industria en sus treinta años de existencia y determinar una indemnización al Archipiélago por el desastre ecológico y medio ambiental en el que nos han dejado”, apuntaba ese petitorio.
Para el investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH), Eduardo Mondaca, las causas de este fenómeno fueron claras y responderían al modelo extractivista que durante décadas ha generado el depósito de nutrientes en el fondo marino. Esto, dado a que se registró una variación en la temperatura del mar provocando la proliferación de un alga nociva, que luego se extendió desde el sector sur al norte de la isla de Chiloé.
Mondaca señaló que no hubo un control adecuado ni antes ni después de la catástrofe.
El investigador dijo que este crisis no sólo respondió a factores coyunturales sino al trato que ha tenido el Estado con la isla de Chiloé que, en su opinión, opera como una “colonia interna” en el país, que ha dado curso a una sobreexplotación de sus recursos naturales.
Desde Greenpeace, una de las organizaciones que realizó estudios sobre el fenómeno ocurrido en la isla, su director Matías Asun, criticó que la isla se esté transformando en una “zona de sacrificio” porque se observa la expansión de la industria salmonera hacia el sur, a través de cientos de solicitudes de concesiones.
“Unas pocas regulaciones no alcanzan con lo que vemos hoy respecto de una industria que no para de crecer que no tiene miras ambientales. La manera en que el Gobierno respaldó a la industria quedó evidenciado en los estudios”.
Los resultados de las comisiones
Luego de esta crisis, se conformó una mesa de negociación entre el Gobierno y los pescadores, encabezada por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. De esto resultó la polémica aprobación de un bono de ayuda, que sin embargo por denuncia de los propios pescadores no habrían recibido todos los afectados por la marea roja.
En noviembre pasado y luego de seis meses de investigación, la comisión científica, convocada por el gobierno, entregó su informe final. El documento elaborado por los científicos Alejandro Buschmann, Laura Farías, Fabián Tapia, Daniel Varela y Mónica Vásquez, concluyó que no había relación entre el vertimiento de los salmones y la marea roja.
Los expertos también elaboraron 12 recomendaciones que permitirían al país enfrentar fenómenos como el de la marea roja. Entre ellas, plantearon profundizar las capacidades y acciones de monitoreo de microalgas nocivas así como de análisis de las muestras y distribución de la información.
Mientras, la subsecretaría de pesca anunciaba que “en enero el Gobierno entregaría un completo plan de manejo de la marea roja”. Pero finalmente a inicios de este año, Raúl Súnico salió de la titularidad de Subpesca luego de publicación de correos que lo vincularían con “favores” hacia las grandes empresas del rubro.
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