Una vez aprobada la idea de legislar sobre la propuesta del Gobierno de Reforma a la Educación Superior, expertos comenzaron a sacar cálculos financieros y aterrizar las medidas que componen el proyecto.
El investigador de Clapes UC, Carlos Williamson, ateniéndose a la información de la Dirección de Presupuestos, afirmó que alcanzar en régimen la gratuidad universal como impulsa el Ejecutivo, significará un gasto fiscal de más de 3 mil millones de dólares anuales.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico explicó que los siete primeros deciles que se pretenden adscribir a la gratuidad de aquí al 2020, corresponden aproximadamente a 500 mil estudiantes beneficiados.
“El Gobierno tuvo que desembarcarse de la promesa y lo hizo de una forma bastante burda: a través de glosas presupuestarias que pusieron límites a las posibilidades de acceso a la gratuidad. Quedaron fuera todas las universidades que no tienen cuatro años de acreditación y habitualmente los estudiantes más pobres están ahí”, lamentó el experto.
Carolina Guzmán perteneciente al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, coincidió con que es difícil que se pueda alcanzar rápidamente la gratuidad universal y paralelamente el término del CAE. En esa línea, apostó porque la próxima administración, independiente de la tendencia política, deberá crear un mecanismo que reemplace a este último.
“Ya la gratuidad es una medida controversial en términos económicos y si a eso le agregas la desaparición del CAE, es imposible que se resuelvan en cuatro años o en ocho años”.
Para otros el problema radica en el modelo de financiamiento que se está proponiendo al no priorizar al aparato estatal con sus planteles y la ampliación de sus matrículas, sino que la regulación y aportes a privados. Así lo expuso el integrante del comité ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Jesús Redondo:“No me cabe duda de que el presupuesto nacional daría para educación gratuita si la educación fuera una prioridad. Si la prioridad sigue siendo el financiamiento al sector militar, sigue siendo el no cobrar los impuestos que hay que cobrar a la explotación de los recursos naturales y sigue siendo el permitir fraudes fiscales que no se persiguen, pues evidentemente no da el presupuesto”.
Mientras, el ingeniero civil e investigador de Fundación 2020, Mathías Gómez, opinó que si bien pueden existir los recursos para la reforma universitaria, también hay otros niveles y áreas de la educación pendientes que requieren de políticas caras. Por ejemplo, la implementación de la Ley de Inclusión y la mejora en carreras docentes de los profesores.
“En la medida de que no hemos resuelto todavía alguna de esas áreas, va a ser difícil avanzar en una reforma tan grande como la gratuidad universal. Hay que poder ir balanceando los distintos sectores, no nos sirve tener solamente a la educación superior bastante avanzada en este derecho si en toda la cadena no lo hemos podido hacer”.
Respecto de las actuales formas de financiamiento de la educación superior, Gómez indicó que en la medida que la gratuidad no sea universal será necesario un crédito para los alumnos que “no sea abusivo, que sea al ingreso y ojalá, no tenga tasa de interés”.
Una vez aprobada la idea de legislar sobre la propuesta del Gobierno de Reforma a la Educación Superior, expertos comenzaron a sacar cálculos financieros y aterrizar las medidas que componen el proyecto.
El investigador de Clapes UC, Carlos Williamson, ateniéndose a la información de la Dirección de Presupuestos, afirmó que alcanzar en régimen la gratuidad universal como impulsa el Ejecutivo, significará un gasto fiscal de más de 3 mil millones de dólares anuales.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico explicó que los siete primeros deciles que se pretenden adscribir a la gratuidad de aquí al 2020, corresponden aproximadamente a 500 mil estudiantes beneficiados.
“El Gobierno tuvo que desembarcarse de la promesa y lo hizo de una forma bastante burda: a través de glosas presupuestarias que pusieron límites a las posibilidades de acceso a la gratuidad. Quedaron fuera todas las universidades que no tienen cuatro años de acreditación y habitualmente los estudiantes más pobres están ahí”, lamentó el experto.
Carolina Guzmán perteneciente al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, coincidió con que es difícil que se pueda alcanzar rápidamente la gratuidad universal y paralelamente el término del CAE. En esa línea, apostó porque la próxima administración, independiente de la tendencia política, deberá crear un mecanismo que reemplace a este último.
“Ya la gratuidad es una medida controversial en términos económicos y si a eso le agregas la desaparición del CAE, es imposible que se resuelvan en cuatro años o en ocho años”.
Para otros el problema radica en el modelo de financiamiento que se está proponiendo al no priorizar al aparato estatal con sus planteles y la ampliación de sus matrículas, sino que la regulación y aportes a privados. Así lo expuso el integrante del comité ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Jesús Redondo:“No me cabe duda de que el presupuesto nacional daría para educación gratuita si la educación fuera una prioridad. Si la prioridad sigue siendo el financiamiento al sector militar, sigue siendo el no cobrar los impuestos que hay que cobrar a la explotación de los recursos naturales y sigue siendo el permitir fraudes fiscales que no se persiguen, pues evidentemente no da el presupuesto”.
Mientras, el ingeniero civil e investigador de Fundación 2020, Mathías Gómez, opinó que si bien pueden existir los recursos para la reforma universitaria, también hay otros niveles y áreas de la educación pendientes que requieren de políticas caras. Por ejemplo, la implementación de la Ley de Inclusión y la mejora en carreras docentes de los profesores.
“En la medida de que no hemos resuelto todavía alguna de esas áreas, va a ser difícil avanzar en una reforma tan grande como la gratuidad universal. Hay que poder ir balanceando los distintos sectores, no nos sirve tener solamente a la educación superior bastante avanzada en este derecho si en toda la cadena no lo hemos podido hacer”.
Respecto de las actuales formas de financiamiento de la educación superior, Gómez indicó que en la medida que la gratuidad no sea universal será necesario un crédito para los alumnos que “no sea abusivo, que sea al ingreso y ojalá, no tenga tasa de interés”.
Una vez aprobada la idea de legislar sobre la propuesta del Gobierno de Reforma a la Educación Superior, expertos comenzaron a sacar cálculos financieros y aterrizar las medidas que componen el proyecto.
El investigador de Clapes UC, Carlos Williamson, ateniéndose a la información de la Dirección de Presupuestos, afirmó que alcanzar en régimen la gratuidad universal como impulsa el Ejecutivo, significará un gasto fiscal de más de 3 mil millones de dólares anuales.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico explicó que los siete primeros deciles que se pretenden adscribir a la gratuidad de aquí al 2020, corresponden aproximadamente a 500 mil estudiantes beneficiados.
“El Gobierno tuvo que desembarcarse de la promesa y lo hizo de una forma bastante burda: a través de glosas presupuestarias que pusieron límites a las posibilidades de acceso a la gratuidad. Quedaron fuera todas las universidades que no tienen cuatro años de acreditación y habitualmente los estudiantes más pobres están ahí”, lamentó el experto.
Carolina Guzmán perteneciente al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, coincidió con que es difícil que se pueda alcanzar rápidamente la gratuidad universal y paralelamente el término del CAE. En esa línea, apostó porque la próxima administración, independiente de la tendencia política, deberá crear un mecanismo que reemplace a este último.
“Ya la gratuidad es una medida controversial en términos económicos y si a eso le agregas la desaparición del CAE, es imposible que se resuelvan en cuatro años o en ocho años”.
Para otros el problema radica en el modelo de financiamiento que se está proponiendo al no priorizar al aparato estatal con sus planteles y la ampliación de sus matrículas, sino que la regulación y aportes a privados. Así lo expuso el integrante del comité ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Jesús Redondo:“No me cabe duda de que el presupuesto nacional daría para educación gratuita si la educación fuera una prioridad. Si la prioridad sigue siendo el financiamiento al sector militar, sigue siendo el no cobrar los impuestos que hay que cobrar a la explotación de los recursos naturales y sigue siendo el permitir fraudes fiscales que no se persiguen, pues evidentemente no da el presupuesto”.
Mientras, el ingeniero civil e investigador de Fundación 2020, Mathías Gómez, opinó que si bien pueden existir los recursos para la reforma universitaria, también hay otros niveles y áreas de la educación pendientes que requieren de políticas caras. Por ejemplo, la implementación de la Ley de Inclusión y la mejora en carreras docentes de los profesores.
“En la medida de que no hemos resuelto todavía alguna de esas áreas, va a ser difícil avanzar en una reforma tan grande como la gratuidad universal. Hay que poder ir balanceando los distintos sectores, no nos sirve tener solamente a la educación superior bastante avanzada en este derecho si en toda la cadena no lo hemos podido hacer”.
Respecto de las actuales formas de financiamiento de la educación superior, Gómez indicó que en la medida que la gratuidad no sea universal será necesario un crédito para los alumnos que “no sea abusivo, que sea al ingreso y ojalá, no tenga tasa de interés”.
