Por décadas, las regiones de Aysén y Magallanes han sido del interés de empresas que buscan instalar significativos proyectos energéticos aprovechando los recursos naturales de la zona. Hidroaysén, la central Río Cuervo, la minería del carbón como en Isla Riesco son ejemplos de esto. La situación ha mantenido en constante amenaza la biodiversidad de sus territorios y las relaciones económicas y sociales de sus comunidades.
Durante estas semanas se conoció una información desde Colbún, una de las compañías titulares de Hidroaysén, sobre la solicitud de estudios para evaluar la explotación de agua que consideraba el proyecto. Esto apuntaría a una posible reactivación de la iniciativa, pese a que el otro socio Enel Generación ha expresado que su interés iría por concretar otro proyecto que satisfaga a ambos titulares.
De todas maneras todo dependería del fallo del Tribunal Ambiental de Santiago que hace dos años ordenó acumular las causas relativas a Hidroaysén y debería estar próximo a entregar su veredicto.
Todo esto, luego que el Comité de Ministros invalidara, en 2014, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que había sido aprobada durante la administración de Sebastián Piñera, en mayo de 2011.
Este caso ha derivado a una discusión más amplia relacionada con el tipo de desarrollo requerido a nivel regional. Sobre esto, el abogado y coordinador de litigios de la ONG FIMA, Diego Lillo, afirmó que el desarrollo energético responde a un modelo centralista que, en definitiva, sólo se mide en términos financieros y no por criterios de sustentabilidad.
En su opinión, se ha instalado una idea muy engañosa sobre lo “ambientalmente viable” porque el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) aprueba sobre el 95 por ciento de los proyectos, lo que en realidad refleja la deficiencia de la institucionalidad. “A los titulares de proyectos y al Estado les basta decir que la norma indica esto y esto y bajo esos términos se aprobó”, explicó Lillo.
Desde el punto de vista social, el profesional aclaró que la normativa tampoco considera el impacto de riesgo que percibe la población o cómo ese proyecto modificaría sus sistemas de vida.
En el caso particular del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo el SEA no consideró riesgos sísmicos porque señaló que era un criterio que dependía del ordenamiento y planificación territorial a cargo de los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas.
Diego Lillo indicó que la deficiencia en este tema se evidencio el año pasado con el terremoto 7,6 registrado en la zona porque los informes que realizó la empresa Energía Austral sólo consideraba sismos de hasta 7,1 grados.
Por otro lado, el abogado explicó que el principio precautorio implica que al momento de evaluar un proyecto y ante una incertidumbre científica el Estado debe abstenerse de decidir si es un proyecto favorable o no.
En este caso no estaba determinado si el proyecto Cuervo provocaría alguna inducción sísmica, por lo tanto el Consejo de Ministros debió atender ese punto legal cuando su posición fue manifestar que el proyecto era coherente y que no se produciría algún fenómeno sísmico.
Otro de los puntos cuestionados, señaló Lillo, es que los titulares no se están haciendo cargo del seguimiento de los impactos que generan los proyectos energéticos para que esa evaluación externa no se limite solo al periodo de evaluación del SEA.
Una amenaza constante para la Patagonia
El vocero del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) y presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Patricio Segura, insistió en que la amenaza de instalación de grandes obras que arrasen con los ecosistemas siempre estará presente mientras se mantenga el modelo energético basado en la sobreexplotación de recursos naturales.
En esa línea, manifestó que a “Aysén lo ven como una batería energética y en este escenario electoral también como una plataforma política”.
“El apetito está siempre. Ahora hay gente que compra terrenos para hacer turismo pero resulta que ellos creen que las personas que viven en Aysén están de acuerdo con hacer ´capitalismo verde´ y no comprenden que lo que siempre hemos planteado se relaciona con el ahorro y la eficiencia energética. Si utilizamos capitalismo extremo con el fin de desarrollar la Patagonia va a ser lo mismo que las grandes centrales hidroeléctricas”, comentó.
Además, enfatizó que: “El gran problema es que la rentabilidad económica esté en primerísimo primer lugar y todas las otras condiciones quedan bajo ese paraguas”.
La semana pasada el Tribunal Ambiental de Valdivia quedó en acuerdo para revisar el proyecto Rio Cuervo y fallar teniendo en cuenta todos los antecedentes y reclamaciones tanto del titular de la empresa como de las organizaciones ambientales.
Cabe destacar que con esta central Energía Austral pretendía impulsar 640 megawatts en cinco mil 924 hectáreas de superficie que serían inundadas.