Organizaciones de Derechos Humanos y parlamentarios plantearon la necesidad de legislar a la brevedad los proyectos que buscan decretar la degradación de los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, preocupación que resurgió luego que se dieran a conocer las millonarias pensiones que perciben algunos reos de Punta Peuco.
Es el caso del ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva –condenado a 10 años por el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos- quien recibe una jubilación de 3,2 millones pesos, o el ex brigadier de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien percibe casi 2,5 millones de pesos de pensión.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su indignación porque un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad reciban estas millonarias, e hizo énfasis en que los ascensos conseguidos por estos ex militares fueron otorgados por sus labores en los aparatos represivos: “Esa pensión millonaria que tienen es a costa de la sangre del pueblo chileno”.
La dirigente relevó la importancia de que exista una sanción como es la degradación, ya que al interior del Ejército ellos continúan formalmente con sus grados de oficiales y con todos los beneficios que ello acarrea.
“La degradación es un hecho moral y ético que el gobierno ha mirado para el lado habiendo un proyecto de ley que cuando empezó este gobierno, el señor Jorge Burgos ministro de Defensa, lo dio a conocer, participamos con él, después (José Antonio) Gómez y después Isabel Allende y hasta la fecha ese proyecto de ley duerme, o sea no les interesa y esa es la indolencia, la falta de política real que tiene este gobierno en términos para parar tanta impunidad existente, y cuando vemos hoy día estas pensiones millonarias de criminales que se han ganado sobre esa base estas pensiones”.
El diputado independiente y miembro de la comisión de Derechos Humanos, René Saffirio recordó que en muchos países de Centro y Sudamérica se ha utilizado la figura de la degradación luego de finalizados los gobiernos dictatoriales “como una sanción moral de algunos institutos armados” para quienes violaron los DDHH.
Saffirio sostuvo que llevar a cabo procesos de degradación incluso podrían ir en beneficio de las propias Fuerzas Armadas como una manera de hacer una clara separación entre quienes efectivamente participaron en crímenes de lesa humanidad y quiénes no.
“Además es un tema de salud mental, por decirlo así, para quienes perteneciendo a las Fuerzas Armadas no incurrieron ni han incurrido en violaciones de DDHH, porque las generalizaciones son muy engañosas, aquí se trata de oficiales y personal que violó DDHH, que han sido procesados, muchos de ellos condenados nunca vamos a las dimensiones exactas de lo que ocurrió, muchos actos que no van a ser sancionados, pero creo que la degradación beneficia a los países y beneficia a las propias instituciones armadas”.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que es la ley que respalda la entrega de estas millonarias pensiones a criminales de lesa humanidad, no obstante aseguró que en el proyecto de reforma al sistema de pensiones que prepara el Ejecutivo se abordará este tema.
Por su parte el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que “la degradación es una sanción que le imponen los Tribunales de Justicia, no la impone la opinión mía”, al mismo tiempo que hizo énfasis en las complejidades que implica reformar la entrega de pensiones a quienes están condenados por violaciones a los DDHH.
“Les advierto que este es un tema súper complejo, no se queden con el titular o la caricatura, acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de DDHH, aquí hay problemas constitucionales. Si ustedes creen que esto es decir sí o no lo único que van a conseguir es que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados”.
Finalmente y en relación con este tema, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusó que el Colegio Médico se ha sumado a la campaña por la impunidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad luego que este jueves que una delegación del gremio visitara a los reos de Punta Peuco, quienes buscan “victimizarse y lograr el término y reducción de sus condenas”.
Organizaciones de Derechos Humanos y parlamentarios plantearon la necesidad de legislar a la brevedad los proyectos que buscan decretar la degradación de los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, preocupación que resurgió luego que se dieran a conocer las millonarias pensiones que perciben algunos reos de Punta Peuco.
Es el caso del ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva –condenado a 10 años por el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos- quien recibe una jubilación de 3,2 millones pesos, o el ex brigadier de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien percibe casi 2,5 millones de pesos de pensión.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su indignación porque un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad reciban estas millonarias, e hizo énfasis en que los ascensos conseguidos por estos ex militares fueron otorgados por sus labores en los aparatos represivos: “Esa pensión millonaria que tienen es a costa de la sangre del pueblo chileno”.
La dirigente relevó la importancia de que exista una sanción como es la degradación, ya que al interior del Ejército ellos continúan formalmente con sus grados de oficiales y con todos los beneficios que ello acarrea.
“La degradación es un hecho moral y ético que el gobierno ha mirado para el lado habiendo un proyecto de ley que cuando empezó este gobierno, el señor Jorge Burgos ministro de Defensa, lo dio a conocer, participamos con él, después (José Antonio) Gómez y después Isabel Allende y hasta la fecha ese proyecto de ley duerme, o sea no les interesa y esa es la indolencia, la falta de política real que tiene este gobierno en términos para parar tanta impunidad existente, y cuando vemos hoy día estas pensiones millonarias de criminales que se han ganado sobre esa base estas pensiones”.
El diputado independiente y miembro de la comisión de Derechos Humanos, René Saffirio recordó que en muchos países de Centro y Sudamérica se ha utilizado la figura de la degradación luego de finalizados los gobiernos dictatoriales “como una sanción moral de algunos institutos armados” para quienes violaron los DDHH.
Saffirio sostuvo que llevar a cabo procesos de degradación incluso podrían ir en beneficio de las propias Fuerzas Armadas como una manera de hacer una clara separación entre quienes efectivamente participaron en crímenes de lesa humanidad y quiénes no.
“Además es un tema de salud mental, por decirlo así, para quienes perteneciendo a las Fuerzas Armadas no incurrieron ni han incurrido en violaciones de DDHH, porque las generalizaciones son muy engañosas, aquí se trata de oficiales y personal que violó DDHH, que han sido procesados, muchos de ellos condenados nunca vamos a las dimensiones exactas de lo que ocurrió, muchos actos que no van a ser sancionados, pero creo que la degradación beneficia a los países y beneficia a las propias instituciones armadas”.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que es la ley que respalda la entrega de estas millonarias pensiones a criminales de lesa humanidad, no obstante aseguró que en el proyecto de reforma al sistema de pensiones que prepara el Ejecutivo se abordará este tema.
Por su parte el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que “la degradación es una sanción que le imponen los Tribunales de Justicia, no la impone la opinión mía”, al mismo tiempo que hizo énfasis en las complejidades que implica reformar la entrega de pensiones a quienes están condenados por violaciones a los DDHH.
“Les advierto que este es un tema súper complejo, no se queden con el titular o la caricatura, acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de DDHH, aquí hay problemas constitucionales. Si ustedes creen que esto es decir sí o no lo único que van a conseguir es que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados”.
Finalmente y en relación con este tema, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusó que el Colegio Médico se ha sumado a la campaña por la impunidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad luego que este jueves que una delegación del gremio visitara a los reos de Punta Peuco, quienes buscan “victimizarse y lograr el término y reducción de sus condenas”.
Organizaciones de Derechos Humanos y parlamentarios plantearon la necesidad de legislar a la brevedad los proyectos que buscan decretar la degradación de los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, preocupación que resurgió luego que se dieran a conocer las millonarias pensiones que perciben algunos reos de Punta Peuco.
Es el caso del ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva –condenado a 10 años por el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos- quien recibe una jubilación de 3,2 millones pesos, o el ex brigadier de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien percibe casi 2,5 millones de pesos de pensión.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su indignación porque un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad reciban estas millonarias, e hizo énfasis en que los ascensos conseguidos por estos ex militares fueron otorgados por sus labores en los aparatos represivos: “Esa pensión millonaria que tienen es a costa de la sangre del pueblo chileno”.
La dirigente relevó la importancia de que exista una sanción como es la degradación, ya que al interior del Ejército ellos continúan formalmente con sus grados de oficiales y con todos los beneficios que ello acarrea.
“La degradación es un hecho moral y ético que el gobierno ha mirado para el lado habiendo un proyecto de ley que cuando empezó este gobierno, el señor Jorge Burgos ministro de Defensa, lo dio a conocer, participamos con él, después (José Antonio) Gómez y después Isabel Allende y hasta la fecha ese proyecto de ley duerme, o sea no les interesa y esa es la indolencia, la falta de política real que tiene este gobierno en términos para parar tanta impunidad existente, y cuando vemos hoy día estas pensiones millonarias de criminales que se han ganado sobre esa base estas pensiones”.
El diputado independiente y miembro de la comisión de Derechos Humanos, René Saffirio recordó que en muchos países de Centro y Sudamérica se ha utilizado la figura de la degradación luego de finalizados los gobiernos dictatoriales “como una sanción moral de algunos institutos armados” para quienes violaron los DDHH.
Saffirio sostuvo que llevar a cabo procesos de degradación incluso podrían ir en beneficio de las propias Fuerzas Armadas como una manera de hacer una clara separación entre quienes efectivamente participaron en crímenes de lesa humanidad y quiénes no.
“Además es un tema de salud mental, por decirlo así, para quienes perteneciendo a las Fuerzas Armadas no incurrieron ni han incurrido en violaciones de DDHH, porque las generalizaciones son muy engañosas, aquí se trata de oficiales y personal que violó DDHH, que han sido procesados, muchos de ellos condenados nunca vamos a las dimensiones exactas de lo que ocurrió, muchos actos que no van a ser sancionados, pero creo que la degradación beneficia a los países y beneficia a las propias instituciones armadas”.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que es la ley que respalda la entrega de estas millonarias pensiones a criminales de lesa humanidad, no obstante aseguró que en el proyecto de reforma al sistema de pensiones que prepara el Ejecutivo se abordará este tema.
Por su parte el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que “la degradación es una sanción que le imponen los Tribunales de Justicia, no la impone la opinión mía”, al mismo tiempo que hizo énfasis en las complejidades que implica reformar la entrega de pensiones a quienes están condenados por violaciones a los DDHH.
“Les advierto que este es un tema súper complejo, no se queden con el titular o la caricatura, acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de DDHH, aquí hay problemas constitucionales. Si ustedes creen que esto es decir sí o no lo único que van a conseguir es que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados”.
Finalmente y en relación con este tema, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusó que el Colegio Médico se ha sumado a la campaña por la impunidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad luego que este jueves que una delegación del gremio visitara a los reos de Punta Peuco, quienes buscan “victimizarse y lograr el término y reducción de sus condenas”.
