Las bajas pensiones que entrega el sistema actual de previsión social en Chile ha provocado la indignación de miles de personas que han salido a marchar en todo el país exigiendo el fin de las AFP.
Sobre este tema, Juan Pablo Cárdenas conversó con el economista y autor del libro “Pensiones a la chilena. La experiencia internacional y el camino a la desprivatización”, Andrés Solimano, quien explicó cómo se instalaron las AFP en Chile, sus consecuencias y las actuales tendencias que existen en el mundo en esta materia, adelantando sus propuestas para cambiar el modelo nacional.
En los siglos anteriores al XVIII no había sistema de pensiones ¿Qué pasaba con la gente que envejecía y no podía seguir trabajando? ¿Cómo vivía? ¿Por qué se organizaron estos sistemas en el mundo?
En realidad la seguridad social va un poco más allá de las pensiones: incluye salud, enfermedades laborales, accidentes en el trabajo y vejez. Antes la expectativa de vida era mucho más baja que ahora, por ejemplo, a fines del siglo XIX en los países desarrollados de la época la expectativa de estaba entre los 45 y 50 años. La gente dejaba de trabajar y prácticamente moría al poco tiempo.
El primer sistema formal y estatal de política pública fue el de Otto von Bismark en Alemania en 1870. Durante esa década se crearon las pensiones y el concepto de enfermedades laborales. Antes existían las sociedades de socorro mutuo y la gente se ayuda entre sí. La familia siempre jugó un rol muy importante. Posteriormente el sistema alemán fue copiado por países del norte de Europa, EEUU lo adoptó mucho más tarde, en los años 30 con Franklin Délano Roosevelt, después de la gran depresión.
¿En este sentido Chile fue un país pionero en América Latina?
Sí, Chile fue un país bastante pionero. Está descrito ahí en el libro, se hicieron unas reuniones de la seguridad social latinoamericana patrocinada por el gobierno chileno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene de 1919 y que tienen entre uno de sus mandatos la seguridad social. Cuando Salvador Allende fue ministro de Salud tuvo un rol muy importante y eso está reconocido en las memorias de la OIT sobre la creación del sistema de pensiones en el mundo y América Latina.
Este tema surgió como un contrato social, liderado por los gobiernos y el Estado como representantes de la nación.
El rol del Estado es fundamental en esta materia, para bien o para mal. Imagino que este libro es consecuencia de este enorme debate que se ha desarrollado en nuestro país respecto de la seguridad social y del sistema de pensiones, cuando, además, se ha descubierto que los pensionados del sistema militar (Capredena) jubilan con 877 mil pesos mensuales en promedio y los de Dipreca (Carabineros) jubilan con casi un millón de pesos mensuales en promedio. Esto, en circunstancias que quienes pertenecen a las AFP o al IPS (Instituto de Previsión Social), alcanzan montos que no superan los 223 mil pesos.
En el libro se muestra que el sistema chileno alberga diferencias de beneficios tremendas entre subsistemas. En Chile hay cuatro: pilar solidario, Instituto de Previsión Social (IPS), AFP y compañías de seguro, y el sistema de uniformados con la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros y Gendarmería (Dipreca).
Las cifras de las pensiones que mencionas las obtuve por Ley de Transparencia. Si uno entra a la Superintendencia de Pensiones del Estado, solo se encuentra con datos de las AFP, Compañías de Seguro y del IPS, pero no con datos de Capredena y Dipreca. Esos están bastante escondidos, cuesta encontrarlos.
Es un acierto del libro haber descubierto estas cifras que son realmente irritantes para la mayoría d los pensionados de este país, en relación a lo que obtienen los ex uniformados.
Sí, son casi cuatro veces. Por peso de pensión que recibe el sector civil, porque entre AFP e IPS están en 191 mil y 223 mil respectivamente, la rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile reciben entre 877 y 980, casi un millón. Eso está totalmente en contra de la recomendación de los sistemas de seguridad social de la OIT, que sugiere uniformidad de beneficios entre los subsistemas de la seguridad social de cada país.
En el libro se describe, además, que éstas escogieron no entrar al sistema de AFP, el cual fue creado en el régimen de las Fuerzas Armadas. Es interesante la historia porque hubo una sesión secreta de la Junta Militar de Gobierno, el 14 de octubre de 1980 con asistencia del General Pinochet y el ministro José Piñera, de Trabajo y Previsión Social en la época. Como no había parlamento este funcionaba como uno.
Curioso parlamento de cuatro personas…
Claro, un parlamento de cuatro personas. Entonces en esa sesión José Pïñera Echeñique presentó su plan de privatización de la seguridad social que era inédito en el mundo. Él siempre se congratula que hizo un cambio revolucionario.
Están las actas que se transcribieron de esa reunión secreta y el General Pinochet, junto a otros generales más, no estaban del todo convencidos. Finalmente, se llegó a una solución salomónica de decir “bueno haga este experimento pero con la población civil, no con nosotros”, que eran las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Ellos quedaron fuera porque eran los únicos que tenía poder político para decidir, el resto tenía que entrar a la AFP. No era obligatorio, en estricto rigor la gente podría haber seguido en el INP, pero le dieron beneficios como tasas más bajas de cotización y una gran propaganda, entonces las personas se cambiaron.
Hoy quienes se mantuvieron en el INP se congratulan de haberlo hecho. En la actualidad, para los civiles este sistema es obligatorio, pero al mismo tiempo un negocio altamente rentable para quienes manejan estas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En el libro se dice que ellos tienen una tasa de retorno del patrimonio del 28 por ciento anual, ¿esto es realmente muy alto? ¿Hay negocios en el mundo que sean tan rentables como el de las AFP en Chile?
Bueno el tráfico de drogas o el tráfico de armas pueden ser más rentable, pero ya entran en otra categoría. Estos datos de las tasas de rentabilidad sobre el patrimonio invertido (sobre el 25, 30 y 35 por ciento de la AFP) salen del informe público de la comisión presidencial Bravo, liderada por el economista David Bravo.
Acá en Chile la banca en promedio tiene un retorno más bajo, está cerca de 18 por ciento, que ya es muy rentable. La tasa de retorno del capital físico que estima el Ministerio de Desarrollo Social, para evaluar proyectos sociales, es de ocho por ciento. Entonces, ellos tienen cuatro o cinco veces más que la rentabilidad promedio.
Es una rentabilidad sobre normal artificial producto de que no hay competencia, esa es una de las tesis del libro. Es un sistema que se creó por ley, la cual dice que los únicos que pueden administrar fondos de pensiones en Chile son las AFP, además sintomáticamente se impidió crear un pilar público para que la gente pudiera escoger entre pilar público o privado. A la gente le descuentan diez por ciento por ley y se le entrega esa plata a seis compañías privadas. Es una locura, no se puede hacer una ley para beneficiar a los privados.
Ellos dicen que hay competencia porque existen seis AFP, pero el sistema es privado con fines de lucro, por eso en el libro se propone la derogación del decreto de Ley N° 3500, el cual fue aprobado en la reunión secreta de la Junta Militar el 14 de octubre y continua vigente 36 años después. Han pasado cinco gobiernos democráticos, varios parlamentarios y nadie se ha molestado en investigar cómo surgió ese decreto.
Lo que lo hace carecer de legitimidad completamente.
Por su puesto, pero hay que preguntarse por qué sigue. Yo propongo en el libro que se derogue.
Lo grave de esto es que en los gobiernos que sucedieron a la dictadura no hubo una rectificación respecto de este sistema, por el contrario: todos recordamos que eran más de seis las AFP cuando se inició este sistema. Otro asunto peligroso es que son todas empresas extranjeras, ni siquiera son nacionales.
Había 22 AFP hasta el año 1996. Hubo una época en que hasta los profesores y los trabajadores del cobre tenían una AFP. Empezó así, con gremios que tenían una de estas empresas, pero después las vendieron o por presiones económicas fueron privatizadas por compañías con fines de lucro. Hoy el sistema está prácticamente desnacionalizado, se trata de compañías internacionales de seguro, como Metlife o el grupo Sura. Son empresas multinacionales.
Ningún mercado sobrevive 36 años con una tasa de retorno del 25 por ciento. Acá ese retorno nunca converge al normal (ocho o nueve por ciento) porque no hay mercado.
Hay gente que puede decir que es mejor que lo manejen extranjeros porque son más eficientes, puede ser, pero hay otro argumento: ¿cuál es el poder político? Metlife y Principal Financial Group son las principales compañías de seguros en el mundo y pueden tener una tremenda influencia en los gobiernos para que no cambien las leyes.
Se dice que los privados son más eficientes que el Estado, pero en los resultados qué eficiencia se puede mostrar cuando las pensiones son tan bajas. Los beneficios han sido para la administración, para quienes han manejado el sistema con estas rentabilidades millonarias, lo cierto es que el país ha salido altamente perjudicado.
El sistema está ampliamente cuestionado. Los números lo muestran: bajísimas pensiones, menos de 200 mil pesos mensuales para un país que tienen un ingreso per cápita de 24 mil dólares. Si uno divide eso por doce, estamos hablando de dos mil dólares al mes que, en promedio, corresponden a un millón 300 mil pesos por cada ciudadano. Definitivamente este sistema fracasó, por eso la gente sale a la calle y pide un cambio. El problema es que hay toda una estructura de poder que lo sostiene.
Estas administradoras de pensiones son muy poderosas, tienen muchos recursos y gastan mucho en publicidad y en sostener a los grandes medios de comunicación, que en definitiva los defienden. Es complicado, sin agregar que la corrupción en la política se ha instalado y que hay muchos políticos que pueden estar recibiendo donativos de quienes administran este sistema. Es difícil plantear un cambio en estas circunstancias, porque no viene solo con la movilización popular y el descontento de la gente.
Acá hay dos polos. Están los que administran el sistema, que tienen un gran poder, por ejemplo en los medios de comunicación y la publicidad, además, hay que ver la lista de ex ministros y de altas autoridades de los distintos gobiernos que terminaron en los directorios de las AFP. Todos ellos versus la gran masa que abre el diario y se entera que la viuda del General Pinochet había sido asignada a una pensión de 3 millones 200 mil pesos por Capredena. El sistema se deslegitimó no solo al mirar las estadísticas promedios, sino por estos casos que muestran que no hay igualdad.
Otro aspecto que es muy grave es que estas pensiones no son vitalicias, es decir, si un trabajador viviera más de 100 año probablemente se quedaría sin recursos ¿Cómo puede ocurrir esto?
Un sistema que funcione aceptablemente bien tiene que garantizar una pensión hasta que la persona fallezca, eso es todas partes del mundo y es de sentido común. El sistema hace lo siguiente: imagina a una persona de 81 años que tienen 50 millones de pesos acumulados para el retiro programado, a él o ella le puede llegar una notificación de la AFP diciendo que se le acabó el fondo y que por ley no le pueden pagar más allá de lo que tenía. Si se sobrevive a esa carta el sistema le pasará a una pensión básica universal que es de 100 mil pesos.
Este modelo no cubre hasta tu fallecimiento, lo hacen las compañías de seguro por retiro programado, pero ahí producen una bajada fuerte a la pensión para alargarla. Con eso se defiende el negocio de las AFP.
Se supone que debió haber sido eficiente y multiplicado ese dinero para garantizar una pensión vitalicia.
Pero aunque acumules intereses y todo, se acaba. Y no termina a los 100 años, puede ser a los 75, depende de cuánto tengas. La sabiduría de los parlamentarios y de los gobiernos fue no decirle a las AFP que sacaran plata de su bolsillo, sino que bajaran a la pensión básica universal, la cual es otorgada por el Estado.
Este sistema chileno es muy curioso porque en el mundo se impone otra realidad, en la que el 82 por ciento de las pensiones son administradas por el Estado. Lo que prevalece internacionalmente es el rol del Estado y los sistemas tripartitos en que las pensiones se arman sobre los aportes que del fisco, los patrones y los trabajadores. Acá en Chile es solo de estos últimos.
Según los datos de la OCDE y del Banco Mundial, 152 países tienen sistema públicos basados en el reparto. Ahí está EEUU, Canadá, Alemania, Japón y otros. Acá se vendió la historia de que estaban todos los sistemas quebrados, salvo el chileno que es el perfecto. Al parecer es al revés.
En el libro se propone un sistema con tres pilares: mantener el solidario, crear uno de reparto moderno, administrado por el Instituto de Previsión Social, y dejar otro de cuentas individuales desmonopolizado, es decir, que no lo maneje solamente la AFP, sino que tenga que competir con otros.
Además, se proponen otras dos acciones: derogación del Decreto de Ley N°3500 que surgió de esa y la creación de una nueva ley de pensiones, para lo cual se deberá dar un periodo de 6 meses para la desafiliación de AFP, porque hoy la gente no se puede salir de ese sistema. Esto se hizo en Polonia, Hungría, Argentina, Bolivia y otros países.
En Polonia, por ejemplo, el 85 por ciento de la gente se fue al pilar público, ahí también se había privatizado el sistema como en Chile, pero de forma menos tan extrema. En Hungría, se fue 97 por ciento al pilar público y en Argentina lo hizo el 90 por ciento.
Yo lo que planteo es que en Chile se le dé a las personas un periodo de seis u ocho meses para que tengan libertad de escoger, mientras simultáneamente se crea un pilar público de reparto para que lo administre el IPS. El Gobierno plantea que el cinco por ciento lo administre un organismo de alto nivel, quizás el Banco Central o el Tribunal Constitucional, pero yo creo que tenemos que usar la institución que existe que es el Instituto de Previsión Social, para qué crear otro.
El Gobierno no plantea crear un pilar público de reparto, sino que solo se ha referido a lo del cinco por ciento. Entonces, acá se hace una propuesta integral y estructural del sistema con tres pilares: solidario, público de reparto administrado por el IPS y uno de cuentas individuales desmonopolizado. Debe haber un sistema donde la gente sea libre de escoger