Sólo seis semanas legislativas le quedan al Gobierno para sacar adelante la elección de gobernadores regionales. Para este propósito, el Congreso Nacional deberá despachar dos proyectos de ley: la iniciativa que define qué competencias y atribuciones tendrá la nueva autoridad, y la que regula los comicios.

Ésta última será votada en la Sala de la Cámara en medio de diferencias entre los diputados oficialistas. Mientras en la Democracia Cristiana son partidarios de que las autoridades del Ejecutivo puedan postular a la elección si renuncian a sus cargos cien días antes, desde el resto de los partidos piden que existan las mismas restricciones que tienen los parlamentarios.

El diputado socialista Manuel Monsalve, si bien reconoce las diferencias sobre este punto, señala que esto no representa mayores obstáculos para que el proyecto atraviese su primera valla legislativa.

El parlamentario por la octava región si bien se manifestó confiado en que la normativa se aprobará en la Cámara, aseguró que el verdadero freno a la elección de gobernadores está en el Senado, por lo que, lo que allí ocurra será determinante.

“Creo que en la Cámara de Diputados va a ser aprobado el proyecto de ley. Hay un punto de tensión todavía en la Cámara, hay muchos que quieren levantar estas inhabilidades para hacer más competitiva esta primera elección de gobernadores regionales, pero pareciera ser que la incertidumbre real respecto de qué va a pasar, si va a ser este año o en tres o cuatro años más va a depender de lo que ocurra en el Senado”, aseguró.

Sumado a las diferencias internas en la Nueva Mayoría, desde la UDI, analizan rechazar en bloque este proyecto, incluso, algunos de sus miembros, como el diputado Felipe De Mussy analizan recurrir al Tribunal Constitucional por un artículo transitorio, el que asegura, atentaría en contra de la igualdad ante la ley.

Todo esto, sumado a la ley de transferencia de competencias que se encuentra entrampada en una comisión mixta, hace ver cada vez más lejano el anhelo de las regiones de elegir a sus representantes este año.

En esa línea, el diputado de RN e integrante de la comisión de Gobierno Interior, Bernardo Berger llamó al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto relativo a las atribuciones de la autoridad regional, el que fue ingresado durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“Quiero hacer un llamado al Ejecutivo para que le ponga las urgencias que sean necesarias al proyecto que todavía está asentado en la Cámara Alta y que dice relación con algo que es mucho más importante, que son la transferencia de competencias ya atribuciones que va a tener esta nueva autoridad”

En tanto, desde el Ejecutivo, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes expresó que espera que la propuesta legal tome velocidad durante esta semana. Además reiteró, que luego del despacho de ambas normativas, el Gobierno finalizará el proceso de descentralización a través del envío del proyecto sobre financiamiento regional.

“Estamos preocupados ahora de los aspectos políticos. Elección de gobernador regional, transferencia de competencias que es un proyecto que esperamos nosotros tome fuerza y velocidad la próxima semana con la conformación de la comisión mixta y posteriormente la ley de financiamiento regional que es la que complementa esta etapa”, afirmó.

El problema del centralismo

Chile es el país de la región que tiene los más altos índices de centralización política, económica, y territorial. Además, es el único país de la OCDE que no elige a sus autoridades regionales democráticamente.

Por esta razón, distintos expertos han advertido sobre la necesidad de hacer un cambio institucional que plantee, entre otras medidas, una elección de intendentes.

Sin embargo, según lo han asegurado algunos ex integrantes de la comisión asesora para la descentralización, existe un “veto” transversal de la clase política en relación a esta medida, ya que pretenden impedir la existencia de regiones empoderadas, que decidan sobre sus territorios y que generen cambios en los modelos de desarrollo.

En esa línea, el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez lamentó que no exista conciencia de lo profunda que es la desafección de la ciudadanía hacia la política, y que con la excesiva dilación y resistencia a ceder poder por parte de algunos, se agudiza aún más esta crisis.

“La clase política no ha logrado entender la profunda desafección que hay desde la ciudadanía por la política y toda la crisis que estamos viviendo producto de eso”, sostuvo.

Además, agregó que “Aquí tenemos todavía un tremenda oportunidad para desconcentrar, descentralizar. Las regiones no pueden seguir esperando cuatro años más para ver cómo la clase política se pone de acuerdo en cómo profundizamos más la democracia”.