A propósito de la información difundida en un reportaje del diario británico The Guardian, sobre la privatización del agua potable en Chile, ambientalistas se refirieron a una de las vías a la que apelan para conseguir que los servicios de saneamiento del agua sean devueltos al Estado.
Un dato que reveló el artículo periodístico es que tres de las grandes empresas de agua chilenas- Essbio, Esval y Aguas del Valle- son controladas mayoritariamente por la administradora de fondos de pensiones de los Maestros de Ontario de Canadá. Sus inversiones alcanzan el 41 por ciento en el sector de tratamientos de aguas del país.
La atención está puesta en las acciones legales que podría ejecutar esta entidad para transitar a una devolución paulatina del control del agua al Estado chileno. Lo más relevante, señalaron las organizaciones sociales, es que los docentes sepan en qué se están invirtiendo sus fondos.
El representante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente (Modatima), el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dijo que este era un proceso inédito y, por lo mismo, recién se estarían explorando las estrategias para el posible traspaso de poderes.
Comentó que los profesores canadienses ya estarían al tanto de la privatización de los recursos naturales que enfrenta Chile y la sequía que afecta a muchas de sus localidades e indicó que como gremio estarían dispuestos a dialogar sobre el tema.
Mundaca dijo que se acordó una visita de los profesores al país en julio próximo porque estarían interesados en conocer las comunas más afectadas, una de ellas Petorca ubicada en la región de Valparaíso.
El activista enfatizó en que los procesos de recuperación de la propiedad del agua en América Latina no han sido fáciles y menos lo serían en Chile. “Se han suscrito acuerdos internacionales que le otorgan potestad a corporaciones donde incluso pueden demandar al Estado si ven amenazadas sus acciones”, comentó.
Mundaca apuntó a la preocupación que ha demostrado Europa y Norteamérica sobre la grave crisis hídrica que enfrentan los países de Latinoamérica. Lo que no deja de ser una contradicción, expresó el dirigente, porque la mayoría de las trasnacionales que sustentan el modelo extractivista en la región provienen de esas zonas.
Mientras, el abogado Felipe Tapia dijo que era muy relevante que este tema alcance repercusión internacional porque da cuenta de las deficiencias en el modelo hídrico chileno.
En ese sentido, el integrante de la Fundación Newenko explicó algunos de los mecanismos que se podrían ejecutar para transitar hacia la propiedad estatal de los servicios de saneamiento de aguas:“Hay alternativas viables como el casos de Buenos Aires o de París donde la provisión de agua pasó desde los privados nuevamente a los municipios que se hicieron cargos. En Chile se opera bajo la falacia de que son los privados los que administran mejor los servicios públicos”.
El modelo de aguas chileno también fue abordado en un reportaje publicado por un medio de Dinamarca que cuestionaba las consecuencias generadas por el cultivo de paltas que ese país importa. Con esto, se apuntaba a la sequía provocada por la empresa en algunas comunas de la zona central del país.
Luego de esa publicación, una importante cadena de supermercados condicionó la venta del alimento de mantenerse la situación porque estarían trabajando bajo criterios de sustentabilidad y, sobre todo, que se cumplieran con estándares agrarios y sociales.
A propósito de la información difundida en un reportaje del diario británico The Guardian, sobre la privatización del agua potable en Chile, ambientalistas se refirieron a una de las vías a la que apelan para conseguir que los servicios de saneamiento del agua sean devueltos al Estado.
Un dato que reveló el artículo periodístico es que tres de las grandes empresas de agua chilenas- Essbio, Esval y Aguas del Valle- son controladas mayoritariamente por la administradora de fondos de pensiones de los Maestros de Ontario de Canadá. Sus inversiones alcanzan el 41 por ciento en el sector de tratamientos de aguas del país.
La atención está puesta en las acciones legales que podría ejecutar esta entidad para transitar a una devolución paulatina del control del agua al Estado chileno. Lo más relevante, señalaron las organizaciones sociales, es que los docentes sepan en qué se están invirtiendo sus fondos.
El representante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente (Modatima), el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dijo que este era un proceso inédito y, por lo mismo, recién se estarían explorando las estrategias para el posible traspaso de poderes.
Comentó que los profesores canadienses ya estarían al tanto de la privatización de los recursos naturales que enfrenta Chile y la sequía que afecta a muchas de sus localidades e indicó que como gremio estarían dispuestos a dialogar sobre el tema.
Mundaca dijo que se acordó una visita de los profesores al país en julio próximo porque estarían interesados en conocer las comunas más afectadas, una de ellas Petorca ubicada en la región de Valparaíso.
El activista enfatizó en que los procesos de recuperación de la propiedad del agua en América Latina no han sido fáciles y menos lo serían en Chile. “Se han suscrito acuerdos internacionales que le otorgan potestad a corporaciones donde incluso pueden demandar al Estado si ven amenazadas sus acciones”, comentó.
Mundaca apuntó a la preocupación que ha demostrado Europa y Norteamérica sobre la grave crisis hídrica que enfrentan los países de Latinoamérica. Lo que no deja de ser una contradicción, expresó el dirigente, porque la mayoría de las trasnacionales que sustentan el modelo extractivista en la región provienen de esas zonas.
Mientras, el abogado Felipe Tapia dijo que era muy relevante que este tema alcance repercusión internacional porque da cuenta de las deficiencias en el modelo hídrico chileno.
En ese sentido, el integrante de la Fundación Newenko explicó algunos de los mecanismos que se podrían ejecutar para transitar hacia la propiedad estatal de los servicios de saneamiento de aguas:“Hay alternativas viables como el casos de Buenos Aires o de París donde la provisión de agua pasó desde los privados nuevamente a los municipios que se hicieron cargos. En Chile se opera bajo la falacia de que son los privados los que administran mejor los servicios públicos”.
El modelo de aguas chileno también fue abordado en un reportaje publicado por un medio de Dinamarca que cuestionaba las consecuencias generadas por el cultivo de paltas que ese país importa. Con esto, se apuntaba a la sequía provocada por la empresa en algunas comunas de la zona central del país.
Luego de esa publicación, una importante cadena de supermercados condicionó la venta del alimento de mantenerse la situación porque estarían trabajando bajo criterios de sustentabilidad y, sobre todo, que se cumplieran con estándares agrarios y sociales.
A propósito de la información difundida en un reportaje del diario británico The Guardian, sobre la privatización del agua potable en Chile, ambientalistas se refirieron a una de las vías a la que apelan para conseguir que los servicios de saneamiento del agua sean devueltos al Estado.
Un dato que reveló el artículo periodístico es que tres de las grandes empresas de agua chilenas- Essbio, Esval y Aguas del Valle- son controladas mayoritariamente por la administradora de fondos de pensiones de los Maestros de Ontario de Canadá. Sus inversiones alcanzan el 41 por ciento en el sector de tratamientos de aguas del país.
La atención está puesta en las acciones legales que podría ejecutar esta entidad para transitar a una devolución paulatina del control del agua al Estado chileno. Lo más relevante, señalaron las organizaciones sociales, es que los docentes sepan en qué se están invirtiendo sus fondos.
El representante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente (Modatima), el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dijo que este era un proceso inédito y, por lo mismo, recién se estarían explorando las estrategias para el posible traspaso de poderes.
Comentó que los profesores canadienses ya estarían al tanto de la privatización de los recursos naturales que enfrenta Chile y la sequía que afecta a muchas de sus localidades e indicó que como gremio estarían dispuestos a dialogar sobre el tema.
Mundaca dijo que se acordó una visita de los profesores al país en julio próximo porque estarían interesados en conocer las comunas más afectadas, una de ellas Petorca ubicada en la región de Valparaíso.
El activista enfatizó en que los procesos de recuperación de la propiedad del agua en América Latina no han sido fáciles y menos lo serían en Chile. “Se han suscrito acuerdos internacionales que le otorgan potestad a corporaciones donde incluso pueden demandar al Estado si ven amenazadas sus acciones”, comentó.
Mundaca apuntó a la preocupación que ha demostrado Europa y Norteamérica sobre la grave crisis hídrica que enfrentan los países de Latinoamérica. Lo que no deja de ser una contradicción, expresó el dirigente, porque la mayoría de las trasnacionales que sustentan el modelo extractivista en la región provienen de esas zonas.
Mientras, el abogado Felipe Tapia dijo que era muy relevante que este tema alcance repercusión internacional porque da cuenta de las deficiencias en el modelo hídrico chileno.
En ese sentido, el integrante de la Fundación Newenko explicó algunos de los mecanismos que se podrían ejecutar para transitar hacia la propiedad estatal de los servicios de saneamiento de aguas:“Hay alternativas viables como el casos de Buenos Aires o de París donde la provisión de agua pasó desde los privados nuevamente a los municipios que se hicieron cargos. En Chile se opera bajo la falacia de que son los privados los que administran mejor los servicios públicos”.
El modelo de aguas chileno también fue abordado en un reportaje publicado por un medio de Dinamarca que cuestionaba las consecuencias generadas por el cultivo de paltas que ese país importa. Con esto, se apuntaba a la sequía provocada por la empresa en algunas comunas de la zona central del país.
Luego de esa publicación, una importante cadena de supermercados condicionó la venta del alimento de mantenerse la situación porque estarían trabajando bajo criterios de sustentabilidad y, sobre todo, que se cumplieran con estándares agrarios y sociales.
