La Agrupación de ex Presos Políticos de la dictadura de Augusto Pinochet, interpuso un recurso de protección contra el Estado de Chile, representado por la Presidenta Michelle Bachelet, según explicaron los dirigentes, con el fin de obtener solución formal a demandas incumplidas.
Los afectados mantienen una toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la comuna de Providencia por 23 días, como forma de presionar al Ejecutivo para que atienda sus peticiones.
Los dirigentes de la organización informaron que sus requerimientos contemplan un aumento en las pensiones, bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais), el fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, entre otras demandas.
El presidente de la Agrupación de ex presos políticos “Salvador Allende”, Braulio González, denunció que parte de las más de 26 mil víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren todos los años ante la falta de una atención de salud adecuada.
“Ya han pasado 27 años y si no hay respuesta del Estado, tenemos que obligarlo a que dé una respuesta. La Presidenta anda buscando un sillón permanente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha ido a dar cátedra de Derechos Humanos a países Latinoamericanos. Nosotros le decimos, Presidenta venga a arreglar los problemas que tiene en su casa”, argumentó.
El abogado patrocinante de la acción legal, Roberto Ávila, precisó que el Estado creó una mesa de trabajo con los ex presos políticos, instancia en la que se acordó una serie de peticiones expresadas por las víctimas, pero ninguna de ellas se ha cumplido.
“Esta presentación ante tribunales la vamos a repetir en todo el país, en todas las cortes de apelaciones. Esta es una acción judicial en favor de los 22 mil ciudadanos que han sido calificados como presos políticos, que son un pálido reflejo de lo que ocurrió en Chile. Los presos fueron muchos más que esa cantidad, y también en favor de las personas que no fueron calificadas por la Comisión Valech y que en ningún momento se les dio razón alguna”, detalló.
Los dirigentes de la Agrupación de ex Presos Políticos “Salvador Allende”, indicaron que próximamente harán efectiva acciones judiciales similares contra el Estado, pero ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que integrantes de la organización mantienen tomadas las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt, además de la sede central ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago.
Mientras los ex presos políticos demandaron al Estado, 25 representantes de familiares de víctimas de la dictadura presentaron una querella en contra de Loreto Iturriaga Baeza, hija de Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA que actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.
La acción legal se basa en que Loreto Iturriaga ofendió gravemente la memoria histórica y violenta a las víctimas directas y sus familiares. Esto a raíz de la negación de los crímenes y constantes provocaciones en redes sociales y medios de comunicación por parte de la hija de Iturriaga.
El ex subdirector de la Dina está condenado por delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y asociación ilícita, todos considerados como de lesa humanidad. Además, al ex oficial se le imputa participación en el asesinato de Carlos Prats en Argentina y de mantener una labor activa en el centro de torturas denominado “La venda sexy”.
La Agrupación de ex Presos Políticos de la dictadura de Augusto Pinochet, interpuso un recurso de protección contra el Estado de Chile, representado por la Presidenta Michelle Bachelet, según explicaron los dirigentes, con el fin de obtener solución formal a demandas incumplidas.
Los afectados mantienen una toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la comuna de Providencia por 23 días, como forma de presionar al Ejecutivo para que atienda sus peticiones.
Los dirigentes de la organización informaron que sus requerimientos contemplan un aumento en las pensiones, bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais), el fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, entre otras demandas.
El presidente de la Agrupación de ex presos políticos “Salvador Allende”, Braulio González, denunció que parte de las más de 26 mil víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren todos los años ante la falta de una atención de salud adecuada.
“Ya han pasado 27 años y si no hay respuesta del Estado, tenemos que obligarlo a que dé una respuesta. La Presidenta anda buscando un sillón permanente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha ido a dar cátedra de Derechos Humanos a países Latinoamericanos. Nosotros le decimos, Presidenta venga a arreglar los problemas que tiene en su casa”, argumentó.
El abogado patrocinante de la acción legal, Roberto Ávila, precisó que el Estado creó una mesa de trabajo con los ex presos políticos, instancia en la que se acordó una serie de peticiones expresadas por las víctimas, pero ninguna de ellas se ha cumplido.
“Esta presentación ante tribunales la vamos a repetir en todo el país, en todas las cortes de apelaciones. Esta es una acción judicial en favor de los 22 mil ciudadanos que han sido calificados como presos políticos, que son un pálido reflejo de lo que ocurrió en Chile. Los presos fueron muchos más que esa cantidad, y también en favor de las personas que no fueron calificadas por la Comisión Valech y que en ningún momento se les dio razón alguna”, detalló.
Los dirigentes de la Agrupación de ex Presos Políticos “Salvador Allende”, indicaron que próximamente harán efectiva acciones judiciales similares contra el Estado, pero ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que integrantes de la organización mantienen tomadas las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt, además de la sede central ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago.
Mientras los ex presos políticos demandaron al Estado, 25 representantes de familiares de víctimas de la dictadura presentaron una querella en contra de Loreto Iturriaga Baeza, hija de Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA que actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.
La acción legal se basa en que Loreto Iturriaga ofendió gravemente la memoria histórica y violenta a las víctimas directas y sus familiares. Esto a raíz de la negación de los crímenes y constantes provocaciones en redes sociales y medios de comunicación por parte de la hija de Iturriaga.
El ex subdirector de la Dina está condenado por delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y asociación ilícita, todos considerados como de lesa humanidad. Además, al ex oficial se le imputa participación en el asesinato de Carlos Prats en Argentina y de mantener una labor activa en el centro de torturas denominado “La venda sexy”.
La Agrupación de ex Presos Políticos de la dictadura de Augusto Pinochet, interpuso un recurso de protección contra el Estado de Chile, representado por la Presidenta Michelle Bachelet, según explicaron los dirigentes, con el fin de obtener solución formal a demandas incumplidas.
Los afectados mantienen una toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la comuna de Providencia por 23 días, como forma de presionar al Ejecutivo para que atienda sus peticiones.
Los dirigentes de la organización informaron que sus requerimientos contemplan un aumento en las pensiones, bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais), el fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, entre otras demandas.
El presidente de la Agrupación de ex presos políticos “Salvador Allende”, Braulio González, denunció que parte de las más de 26 mil víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren todos los años ante la falta de una atención de salud adecuada.
“Ya han pasado 27 años y si no hay respuesta del Estado, tenemos que obligarlo a que dé una respuesta. La Presidenta anda buscando un sillón permanente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha ido a dar cátedra de Derechos Humanos a países Latinoamericanos. Nosotros le decimos, Presidenta venga a arreglar los problemas que tiene en su casa”, argumentó.
El abogado patrocinante de la acción legal, Roberto Ávila, precisó que el Estado creó una mesa de trabajo con los ex presos políticos, instancia en la que se acordó una serie de peticiones expresadas por las víctimas, pero ninguna de ellas se ha cumplido.
“Esta presentación ante tribunales la vamos a repetir en todo el país, en todas las cortes de apelaciones. Esta es una acción judicial en favor de los 22 mil ciudadanos que han sido calificados como presos políticos, que son un pálido reflejo de lo que ocurrió en Chile. Los presos fueron muchos más que esa cantidad, y también en favor de las personas que no fueron calificadas por la Comisión Valech y que en ningún momento se les dio razón alguna”, detalló.
Los dirigentes de la Agrupación de ex Presos Políticos “Salvador Allende”, indicaron que próximamente harán efectiva acciones judiciales similares contra el Estado, pero ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que integrantes de la organización mantienen tomadas las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt, además de la sede central ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago.
Mientras los ex presos políticos demandaron al Estado, 25 representantes de familiares de víctimas de la dictadura presentaron una querella en contra de Loreto Iturriaga Baeza, hija de Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA que actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.
La acción legal se basa en que Loreto Iturriaga ofendió gravemente la memoria histórica y violenta a las víctimas directas y sus familiares. Esto a raíz de la negación de los crímenes y constantes provocaciones en redes sociales y medios de comunicación por parte de la hija de Iturriaga.
El ex subdirector de la Dina está condenado por delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y asociación ilícita, todos considerados como de lesa humanidad. Además, al ex oficial se le imputa participación en el asesinato de Carlos Prats en Argentina y de mantener una labor activa en el centro de torturas denominado “La venda sexy”.
