CDE presenta recurso para anular restitución de bienes a familia Pinochet
A través de un recurso de casación, el CDE intenta anular la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que determinó la devolución de los bienes y dineros embargados a la familia del dictador durante la investigación del caso Riggs.
Miércoles 28 de junio 2017 11:56 hrs.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentará anular la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que ordenó restituir a la familia del dictador Augusto Pinochet dinero e inmuebles embargados durante la investigación del denominado Caso Riggs.
El monto bruto asciende 4.894.638,1 dólares, que permanecían en manos de la justicia desde 2004. Además, se suman otros 124,5 millones de pesos, la restitución de 24 propiedades, tres vehículos y siete instrumentos bancarios.
El fallo argumenta que “no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación”.
La Corte anticipó una acción apelatoria indicando que el CDE habría contado con la posibilidad de interrumpir la prescripción de la causa. Sin embargo, desde el Consejo rechazan la afirmación señalando que “el 12 de junio de 2008, presentaron un escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”.
En su argumentación, el pleno del CDE recordó que se incluyó en dicha reserva “a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”, desestimando la imputación de la justicia.
Por lo anterior, informaron la decisión de recurrir a una orden de casación en contra de la sentencia ejecutoriada.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentará anular la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que ordenó restituir a la familia del dictador Augusto Pinochet dinero e inmuebles embargados durante la investigación del denominado Caso Riggs.
El monto bruto asciende 4.894.638,1 dólares, que permanecían en manos de la justicia desde 2004. Además, se suman otros 124,5 millones de pesos, la restitución de 24 propiedades, tres vehículos y siete instrumentos bancarios.
El fallo argumenta que “no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación”.
La Corte anticipó una acción apelatoria indicando que el CDE habría contado con la posibilidad de interrumpir la prescripción de la causa. Sin embargo, desde el Consejo rechazan la afirmación señalando que “el 12 de junio de 2008, presentaron un escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”.
En su argumentación, el pleno del CDE recordó que se incluyó en dicha reserva “a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”, desestimando la imputación de la justicia.
Por lo anterior, informaron la decisión de recurrir a una orden de casación en contra de la sentencia ejecutoriada.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentará anular la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que ordenó restituir a la familia del dictador Augusto Pinochet dinero e inmuebles embargados durante la investigación del denominado Caso Riggs.
El monto bruto asciende 4.894.638,1 dólares, que permanecían en manos de la justicia desde 2004. Además, se suman otros 124,5 millones de pesos, la restitución de 24 propiedades, tres vehículos y siete instrumentos bancarios.
El fallo argumenta que “no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación”.
La Corte anticipó una acción apelatoria indicando que el CDE habría contado con la posibilidad de interrumpir la prescripción de la causa. Sin embargo, desde el Consejo rechazan la afirmación señalando que “el 12 de junio de 2008, presentaron un escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”.
En su argumentación, el pleno del CDE recordó que se incluyó en dicha reserva “a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”, desestimando la imputación de la justicia.
Por lo anterior, informaron la decisión de recurrir a una orden de casación en contra de la sentencia ejecutoriada.
