Cerrar el Penal Punta Peuco fue una de las promesas que dieron término a la reunión que tuvieron Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del Caso Quemados, y Michelle Bachelet, Presidenta de la República a fines de julio de 2015.

Si bien no era parte del programa de gobierno, el cierre de esta exclusiva cárcel para militares sí fue una promesa que hizo durante su campaña. En parte ello se debió a presiones de organizaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, que consideraron que el cierre del penal Cordillera durante el gobierno de Sebastián Piñera había puesto una “vara alta” a sus expectativas.

Fue durante un acto de la ANEF, al poco tiempo de iniciar su segundo periodo presidencial, que la mandataria volvió a comprometer esfuerzos para cerrar el Penal Punta Peuco, señalando -en aquella oportunidad- que no cabían privilegios y que debía imperar la justicia para todos y todas por igual. A pesar de esto, el tema no se volvió a tocar hasta la reapertura del Caso Quemados para luego mantener silencio.

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De hecho, la Cámara de Diputados aprobó, el 23 de julio de 2014, un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta Michelle Bachelet el cierre del penal Punta Peuco, lo que fue recibido por el gobierno para posteriormente ser archivado y, hasta ahora, no había luces del que parecía ser el inminente cierre del penal.

Y fue precisamente ayer que a la mandataria se lo recordaron en una entrevista en televisión. Al ser consultada sobre el tema, Bachelet pronunció las siguientes palabras: “yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho“.

Sin embargo al interior de La Moneda la confirmación del cierre del penal -cumplimiento de la promesa- causó sorpresa y cierto desconcierto, así lo confirmaron a este medio fuentes de palacio. Por su parte, el Ministro del Interior Mario Fernández, salió a poner paños fríos ante el anuncio señalando: “Es una gran frase la emitida por la Presidenta, que va a cumplir todas las promesas que esté en sus manos hacerlo. En Punta Peuco respondió de manera general, no directamente”.

Las reacciones que generó el anuncio 

La declaración ha despertado diversas reacciones. Si bien hay quienes ven poco posible que la medida se concrete en la última recta de este gobierno, hay parte del oficialismo que considera que es una medida urgente.

Así lo afirma Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista que es parte del actual gobierno. El parlamentario espera que la Presidenta cumpla con su palabra ya que, a su juicio, es una medida esencial para la reivindicación de la democracia: “Es una medida urgente, no para este gobierno, sino que para la democracia. La cárcel de Punta Peuco es una extorsión permanente a la democracia chilena y es un baluarte de que en Chile el ‘nunca más’ no está consolidado. Haber construido una cárcel especial para violadores de derechos humanos, con privilegios especiales, sin duda rompe cualquier principio de igualdad ante la ley”.

Desde la vereda contraria la medida no despierta el mismo sentido de urgencia. Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, señaló que las declaraciones de la Jefa de Estado parecen ser más una cortina de humo para tapar el escándalo del informe del Sename antes que una acción necesaria: “Esta decisión no tiene un fundamento técnico y racional. Acá solo hay un ideologismo político, que polariza al país y que creemos que no le hace bien a la ciudadanía. Se está desviando la atención de los temas verdaderamente importantes. Creemos que esto es una cortina de humo para desviar la atención del Sename, de los niños que han muerto y de la vergüenza que significó rechazar el informe de la comisión”.

Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) celebró la señal de la mandataria. A su juicio el cierre del penal está dentro del campo de acción de una Presidenta “porque es privativo de su mandato”. Asimismo, la dirigenta ve con buenos ojos la afirmación de Bachelet y tiene fe en que el proceso se concretará antes de terminado su gobierno: “Debe hacerse. El Penal Punta Peuco es uno de los símbolos de la impunidad en la larga transición. El derecho internacional humanitario nos respalda y lo importante de lo que ocurre acá es que, si bien la demanda ha existido siempre, incluso antes de que se construyera, la Presidenta ha señalado que va a cumplir con su palabra y que cumpliría con todo lo que estuviera a su alcance”.

Uno de los incondicionales en favor de los detenidos de Punta Peuco ha sido Raúl Meza. El abogado ha asumido la defensa de los reos y ha intentado protegerlos ante un hipotético cierre. Meza declaró la noche de ayer que la acción de Bachelet “constituye un ánimo de venganza que siempre ha caracterizado a la izquierda” y adelantó que iniciará acciones legales para interponerse y evitar la medida. Finalmente el abogado señaló que solicitará la intervención personal de Sebastián Piñera para que se pronuncie sobre la decisión de la mandataria.

Así el panorama, sin fechas ni certezas, según reconocen fuentes en La Moneda, avanzaría hacia un inminente cierre del polémico penal. Hasta ahora solo se sabe que los reclusos -de concretarse la clausura del recinto, que queda unos 50 kilómetros al norte de Santiago- podrían ser trasladados a un módulo especial de Colina 1. En ese lugar ya existen instalaciones especialmente habilitadas y acondicionadas para recibir a los reos que provengan del polémico penal. Este hecho también ha generado polémica, ya que una exigencia histórica de las agrupaciones de derechos Humanos es que los uniformados condenados por delitos de lesa humanidad no reciban tratos especiales.

Por último, la vocera de gobierno Paula Narváez aseguró ante la prensa que “la fecha específica será anunciada en otra oportunidad y que los detalles serán entregados por las autoridades cuando corresponda“.