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Lawner por Villa San Luis: “No vamos a dejar ahí escombros, vamos a restaurar y recuperar”

El debate generado en torno a la declaración de Monumento Histórico Nacional de los sobrevivientes bloques de departamentos, ha tenido como uno de sus protagonistas a Miguel Lawner, ex alumno y docente de la Universidad de Chile, quien fuera además director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el gobierno de la Unidad Popular. En esta entrevista el arquitecto habla sobre lo sucedido luego del golpe de Estado con los edificios así como de la necesidad de una vivienda social digna.

Felipe Ramirez / U. de Chile

  Viernes 7 de julio 2017 10:23 hrs. 
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Sentado en su oficina en un departamento de la comuna de Ñuñoa, el arquitecto Miguel Lawner rememora con cariño la época en que proyectos como la Villa San Luis -o Villa Compañero Ministro Carlos Cortés como corrige-, surgían en el país para solucionar la falta de viviendas para los sectores con menos recursos.

Entre libros que tocan variados temas -política, literatura, arquitectura- el otrora director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante la Unidad Popular, antiguo docente en la Casa de Bello y arquitecto titulado en nuestra institución, afirma que este proyecto arquitectónico, con sus 27 edificios y 1038 departamentos, es una obra ícono de los esfuerzos por entregarle una solución habitacional a quienes no podían acceder a una vivienda.

Esto, en un momento en el que quienes no tenían capacidad de ahorro no podían participar de los mecanismos de postulación a una casa propia, ya que el contar con ahorros era precisamente una condición indispensable. Es por ello que la CORMU priorizó a estos sectores, evitando profundizar la segregación urbana a través de la “incorporación de viviendas sociales en las comunas donde la población residía y aspiraba a seguir residiendo”, afirmó Lawner.

El arquitecto recordó que quienes vivían en precarias condiciones en la ribera norte del río Mapocho era una prioridad para el Presidente Salvador Allende. “Recuerdo que lo acompañé en julio un día de intensa lluvia a visitar los campamentos y cuando regresábamos me dijo ‘aunque más no sea para sacar a estos compañeros del barro bien valdría la pena que me eligieran Presidente de la República'”, es por ello que agrega: “Mientras tenga fuerzas haré lo que pueda por defender ese legado”.

Y eso es justamente lo que ha hecho a través de diversos mecanismos, esfuerzo que ha dado frutos ya que la villa fue declarada Monumento Histórico Nacional por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)

¿Por qué es importante resguardar el legado de la Villa San Luis?

El Consejo de Monumentos Nacionales tiene varias categorías. Puede designar un edificio por su valor patrimonial, como por ejemplo, el Palacio Pereira en el centro de Santiago, que es un edificio de alto valor patrimonial y es razonable restaurarlo. Pero también puede designar monumento en categoría de sitio histórico por la relevancia de lo que ahí ha ocurrido, por ejemplo el Fuerte Bulnes, que es una edificación de madera de fines del siglo XVIII, que fue restaurado con el objeto de recuperarlo por lo que significa en el proceso de población de la zona austral de Chile.

Aquí lo que importa es recuperar para la memoria histórica la tentativa de hacer un proyecto habitacional de integración social en el corazón de una zona que parece que algunos quieren tener vedada para quienes tengan menos recursos. No podemos consolidar ese prejuicio y no vamos a dejar ahí escombros, vamos a restaurar y recuperar unos magníficos edificios. Ojalá la vivienda social ahora fuera como esa.

¿Por qué hacer un proyecto como éste ahí y no en otra parte?

En Las Condes, así como en la mayoría de las comunas del país, había un considerable número de familias sin casa, algunas establecidas hace muchísimos años en la ribera norte del río Mapocho en asentamientos muy precarios y carentes de alcantarillado. Para enfrentar esta situación la CORMU había adquirido la propiedad de un fundo extenso, 150 hectáreas que había permanecido en el corazón de la comuna sin construir luego de que su propietaria, en los años ’30, lo dejara a la Beneficencia, institución antecesora del Servicio Nacional de Salud, y sus herederos impugnaran el testamento lo que generó un conflicto jurídico imposible de resolver hasta que la ley que creó la CORMU le entregó atribuciones en materia de adquisición de suelo.

La obra empezó en abril de 1971 y ya en septiembre de 1972 comenzamos a entregar los bloques, siendo los mismos pobladores los que sugirieron cambiar su nombre, de Villa San Luis, a Villa Compañero Ministro Carlos Cortés, en honor al primer ministro de la Vivienda del gobierno de la Unidad Popular, fallecido por un infarto el 10 de septiembre de 1971.

Si bien en esa época había un ambiente general de tensión en el país, alimentado por una campaña del terror antes de la elección, que provocó que incluso algunos vendieran sus propiedades a valores absurdos antes de que asumiera Allende para irse del país, no recuerdo que hubiera críticas o resistencia a un proyecto de integración como este. Por el contrario, incluso había interés de sectores medios de la comuna, que postulaban a viviendas por el sistema de ahorro y préstamo, por postular a los previstos bloques habitacionales que apuntaban a los sectores medios en el lado norte de la Villa San Luis y que nunca se construyeron.

Tampoco tenía Chile estos niveles de discriminación que hay ahora. Recuerdo el año pasado una situación sorprendente en Maipú donde el SERVIU iba a construir una población de viviendas sociales, próxima a otra población de sectores medios, y ellos emprendieron una campaña para impedir la nueva población ante el temor de que se afectara la plusvalía de sus viviendas, e incluso el Consejo Municipal rechazó la construcción. No recuerdo jamás un caso semejante en esos años, esto es algo que ha crecido a partir del modelo económico impuesto por la dictadura con el consumismo, la soberbia y la discriminación social, que han llegado a niveles peligrosos.

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¿Qué pasó en la Villa tras el 11 de septiembre?

La verdad no sabemos a quién se le ocurrió esto, pero lo cierto es que entre 1976 y 1978 los habitantes de casi la totalidad de los 1038 departamentos asignados a los pobladores fueron erradicados, algunos de forma bárbara y violenta, con plazos de un par de horas para recoger sus cosas, para luego ser trasladados a otras zonas de la capital. Todos excepto quienes habitaban dos bloques, que son los que se mantienen, fueron enviados a viejas viviendas propiedad del ejército en la zona de Juan Antoio Ríos en Renca, o en Pedro Aguirre Cerda, y el personal que vivía ahí fue trasladado a Las Condes.

Cuando regresé a Chile en 1984 fui a visitar el conjunto y resultó claro para mí que había un esfuerzo para que se deterioraran. Los espacios comunes estaban descuidados, los árboles plantados ya no estaban, los estacionamientos no existían y muchas ventanas estaban con papel de diario cubiertas, otros se veían inhabitados.

Un hecho clave ocurrió al dia siguiente del triunfo de Patricio Aylwin en 1989, cuando el SERVIU metropolitano transfirió mediante un decreto toda la propiedad de la villa, incluidos los bloques, al Ministerio de Bienes Raíces, institución que en los primeros meses del gobierno de la Concertación transfirió nuevamente la propiedad al Ejército de Chile, con la condición de que si cesare el destino como viviendas para resolver las necesidades habitacionales del Ejército regresaran sin requerir un decreto adicional, repartiéndoseles títulos de dominio a los pocos pobladores que resistían en la zona desde los años ’70.

A pesar de esta medida, en 1997 Pinochet le vendió a una inmobiliaria la villa por un precio enorme, utilizando subterfugios legales, con lo que comenzó la demolición de los edificios, mientras se le ofrecía enormes sumas de dinero a los pobladores. Lo que hizo la dictadura con la Villa San Luis es una de las tragedias de carácter urbano más grave ocurrida en la historia de Chile, una tremenda injusticia, que ha pasado desapercibida.

¿Qué se puede hacer desde la arquitectura para plantear una alternativa a un modelo de pensar la ciudad tan segregado como el que existe en Santiago?

Lo primero es que el Estado tiene que tener la conducción del desarrollo urbano. Desde que empezaron políticas de vivienda en Chile, que provienen al tiempo posterior al terremoto de Chillán en 1939 cuando se crea la Corporación de Reconstrucción y Auxilio hubo un continuo desarrollo de políticas públicas de vivienda. Todos los gobiernos, sin excepción hasta 1973, depositaron en el Estado la potestad de planificar el desarrollo urbano cumpliendo la iniciativa privada solo el rol de ejecutar y construir las obras que eran proyectadas por el Estado, que era quien compraba los terrenos y tenía los talleres donde se proyectaban los conjuntos habitacionales o las obras de infraestructura.

Ahora la iniciativa privada dirige el desarrollo urbano, como consecuencia de la lógica del modelo económico, y deciden donde se construye, define los estándares de calidad y se generan cosas como esas horrorosas torres que se levantaron en Estación Central aprovechando la ambigüedad del plano regulador. Llegan y juntan 3 o 4 lotes de viviendas, ofrecen valores absurdamente altos imposibles de rechazar para las modestas personas que viven ahí, los desalojan y levantan una torre malogrando para siempre el espacio común.

¿Qué debería caracterizar a un proyecto de vivienda para que sea una respuesta digna a la necesidad de la gente?

Tiene que tener una densidad aceptable para que genere la posibilidad para que haya espacios libres comunes, áreas verdes, zonas de equipamiento. En cualquier enseñanza del urbanismo eso está impartido desde fines del siglo XIX. Barbaridades como las que se hacen acá no se hacen en Europa, y ni siquiera en Estados Unidos.

Un modelo interesante y diferente es el planteado en proyectos como el de la Maestranza San Eugenio, en la misma comuna de Estación Central, donde los pobladores organizados en el movimiento Ukamau en base a movilizarse y pelear han conseguido el compromiso para un proyecto que incluye áreas verdes, departamentos más amplios etc, lo que contrasta con las otras torres.

Lo más lamentable es la inacción del gobierno. La Presidenta Bachelet en mayo del 2014 constituyó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del que fui integrante, donde elaboramos y entregamos un año después un primer paquete de medidas extraordinariamente positivas, que fueron resistidos por los representantes de la cámara chilena de la construcción. Nada de lo propuesto, incluyendo la idea de crear un Banco Nacional de Vivienda con las distintas propiedades en manos de organismos públicos para identificar terrenos disponibles con lo que el Estado opere y defina claramente sus usos conforme a estándares que no puedan ser vulnerados por los privados, se han implementado. ¿Por qué? por los intereses detrás de este negocio.

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