La naturalización del crimen, la estafa y de las prácticas delictivas de quienes ostentan alguna cuota de poder en la sociedad se ha instalado como  un mal que cruza a toda nuestra sociedad. La ciudadanía se acostumbró a ser engañada y a vivir en bajos estándares de conducta cívica y parece no importarle; la gente aprendió  a convivir con el mal.

Más allá de la evidencia de que las conductas delictivas son aceptadas, naturalizadas y  defendidas por el sistema político; hemos pasado  al peligroso conformismo ante el  crimen de cuello y corbata o de quienes portan galones y estrellas, transformándonos en espectadores complacientes de la mexicanización de la política chilena.

Los delitos de poca monta que son  cometidos por personas sin exposición pública, tienen  castigos exagerados en relación a las penas testimoniales que recibe la elite  por delitos brutales. Ante esta paradoja, la ciudadanía no pasa más allá del gesto de queja en su red social preferida; redes que si bien han visibilizado y transparentado estos hechos, también sólo son el medio de  la catarsis social  que impide  acciones más fuertes y condenatorias  equivalentes a los delitos.

Las redes sociales disminuyen la percepción de la  magnitud y el peso de los delitos y los tornan simples, naturales y leves por su exposición y reiteración. La incapacidad de asombro y acción  y la naturalización afecta el sentido común en nuestra convivencia.

La escasa ética intelectual del sistema representada por columnistas históricos de la izquierda y derecha post dictadura, el silencio mediático y complaciente para  personajes como Javiera Blanco o Ricardo Rincón, la realidad escabrosa y brutal que sufren los niños del SENAME, la burla del candidato  Piñera  en sus declaraciones  patrimoniales, la permisividad del SII a las empresas en casos de dineros políticos, las inversiones en SQM y PENTA del Partido Socialista, el cinismo de congresistas izquierdistas en su  votaciones o  los elevados sueldos de funcionarios públicos por sobre el estándar; es todo el sistema político y social  que sigue campante apoderándose de nuestro país.

Ante los escabrosos hechos que se están conociendo del SENAME, ¿qué hacemos los chilenos?…sólo nos asombramos ante la pantalla.

La sensación que nos queda es que quienes han afectado la vida, la economía, la salud y la estabilidad síquica de millones de chilenos pueden estar en sus casas planificando el próximo crimen. Ni siquiera la humillación o vergüenza pública ha sido un castigo para estos delincuentes, instaurando una suerte de honor y categoría especial para los crímenes de la elite. El robo de un pantalón, un kilo de pan o un litro de leche tiene más penas para inhibir los delitos menores, mientras se deja el camino abierto para que se sigan cometiendo crímenes reales como los del SENAME en dos y tres gobiernos.

La paradoja a la que nos enfrentan los delitos mayores es tenebrosa: borra la sensación del mal y la crueldad cometida mientras mayor esta sea. Ante una colusión de remedios o alimentos son millones los que sufren concretamente pero la estructura jurídica y su interpretación, junto a los medios hace ver una ley  cómplice que parece actuar contra las mayorías vulneradas, dejando impune a los criminales.

La inmoralidad brutal de las colusiones, la burla de los concesionarios de estacionamientos, la irresponsabilidad social de las grandes empresas por un lado y los miles de millones robados de las arcas de Carabineros y los casos del Ejército, las coimas en el mundo político, fraudes tributarios de empresas y las estafas cometidas por los Garay, los Chang y tantos otros  conforma un escenario perfecto para trivializar el crimen organizado en nuestro país.

Es así que asistimos a los efectos de un verdadero sistema jurídico y político que se ha venido armando para inmunizar a los más poderosos de los castigos. Asistimos a la conformación de la verdadera mafia en Chile.

Todo ha sido una secuencia perfecta de acciones voluntariosas, errores, omisiones y descuidos de parte de los legisladores con el fin de diseñar leyes que han transformado a nuestro país en un Estado permisivo para las asociaciones ilícitas, de jueces sin calle que   agrupados en corrientes pseudofilosóficas justifican un modelo garantista de la justicia para quienes delinquen desde el poder establecido. Más allá de la naturalización del crimen organizado se levanta con absoluta legitimidad la desquiciada idea de la suma de conspiraciones armadas desde el poder político-empresarial, contra los ciudadanos que día a día trabajan y se enmudecen ante la imposibilidad de ir más allá de un grito silencioso en las redes sociales o de marchas festivas que sólo ocultan la rabia.