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Año XII, 27 de noviembre de 2020

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Familiares de ejecutados políticos rechazan avance del proyecto que da beneficios carcelarios

El proyecto de ley, impulsado por el DC Jorge Sabag, propone penas sustitutivas para condenados que se encuentren con enfermedades terminales.

Natalia Figueroa

  Domingo 23 de julio 2017 17:23 hrs. 
Punta Peuco


La sala de la Cámara de Diputados revisará el proyecto que otorga beneficios carcelarios a las personas que padezcan enfermedades terminales. Esto, luego que el miércoles pasado la Comisión de Constitución despachara la iniciativa, impulsada por el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Sabag.

El proyecto plantea penas sustitutivas para quienes se encuentren en condiciones de salud terminales, las que serían ratificadas por el Servicio Médico Legal. Sin embargo, los opositores a la normativa aseguraron que esto sólo regularía las condiciones de Punta Peuco, donde se concentran los violadores de Derechos Humanos.

Desde la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP) rechazaron el avance que ha tenido el proyecto. Su presidenta, Alicia Lira, lamentó que hasta ahora no hayan sido considerados en el debate a diferencia de los familiares de los victimarios que estuvieron presente en las comisiones de la Cámara.

La representante de las víctimas de la Dictadura señaló que no se han comunicado con los senadores que revisarán el proyecto luego de ser votado en la sala, pero detalló algunas de las indicaciones que, a su juicio, deberían ser ingresadas en la Cámara Alta.

“Deberían considerar que los victimarios entreguen toda la información que tienen sobre estos delitos, nosotros sabemos que la tienen. Además, que se arrepientan de los crímenes cometidos porque hasta ahora, en lo poco que han estado encarcelados, ninguno ha mostrado esa actitud”, señaló.

Desde la oposición han insistido en tramitar con urgencia este proyecto de ley apuntando a los adultos mayores que se encuentran encarcelados y que tendrían menos de seis meses de vida según diagnóstico médico. Mientras, un grupo de parlamentarios socialistas y comunistas intentarán que se excluya a los condenados por delitos de lesa humanidad.