Este martes, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal por el delito de fraude al fisco. Invocando los artículos 111, 112 y siguientes del Código Procesal Penal y los artículos 1 y 239 del Código Penal, la querella busca perseguir a los funcionarios individualizados y también a todos quienes resulten responsables de este delito.
En este sentido, el libelo identifica a siete ex oficiales del ejército, entre los cuales se encuentra Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador Augusto Pinochet Ugarte, jubilado con invalidez de segunda clase desde 1979.
La acción interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se hizo efectiva en el marco de la denuncia de estas irregularidades, realizada por el programa de TVN Informe Especial, que reveló una serie de abusos en esta materia.
Según informó el citado programa, hay una serie de ex oficiales y generales que reciben “pensiones de invalidez de segunda clase”, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para acceder a estos beneficios. Además, algunos de ellos se encontrarían actualmente recluidos cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad cometidos en Dictadura.
Así, la categoría de “segunda clase” otorgada a las pensiones de invalidez es un término acuñado por la ley para referirse, en este ámbito, a personas que sufren una situación de invalidez que les impide seguir cumpliendo el servicio en que la trabajan y que tampoco pueden realizar ora actividad para ganarse la vida.
Esta categoría permite aumentar hasta un 20 por ciento de la última remuneración y favorece al jubilado hasta el término de su vida.
“Se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente”, se lee en la querella.
Además, recuerda que el promedio de las pensiones de invalidez en Chile es de 190 mil pesos, mientras que en Capredena alcanzan la suma de 1 millón 400 mil pesos.
El libelo solicita como diligencia que se cite a prestar declaración en calidad de testigos a la periodista Paulina de Allende Salazar (autora del reportaje de TVN) y al diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. La solicitud referida al parlamentario se realizó en función a su calidad como presidente de la comisión investigadora en el escándalo anterior de jubilaciones que afectó a funcionarios de Gendarmería.
La acción del Gobierno
Esta tarde y según consignó Radio Cooperativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, habría ordenado concretar una denuncia a nombre del Estado, al vicepresidente de Capredena, Cristián Rojas.
“Le he instruido (a Rojas) que haga presente una denuncia ante el Ministerio Público, basado en el artículo 470 número 8 del Código Penal, para los efectos de que se indague respecto de las distintas pensiones que, eventualmente, pudieran ser irregulares”, dijo el ministro.
Este martes, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal por el delito de fraude al fisco. Invocando los artículos 111, 112 y siguientes del Código Procesal Penal y los artículos 1 y 239 del Código Penal, la querella busca perseguir a los funcionarios individualizados y también a todos quienes resulten responsables de este delito.
En este sentido, el libelo identifica a siete ex oficiales del ejército, entre los cuales se encuentra Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador Augusto Pinochet Ugarte, jubilado con invalidez de segunda clase desde 1979.
La acción interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se hizo efectiva en el marco de la denuncia de estas irregularidades, realizada por el programa de TVN Informe Especial, que reveló una serie de abusos en esta materia.
Según informó el citado programa, hay una serie de ex oficiales y generales que reciben “pensiones de invalidez de segunda clase”, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para acceder a estos beneficios. Además, algunos de ellos se encontrarían actualmente recluidos cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad cometidos en Dictadura.
Así, la categoría de “segunda clase” otorgada a las pensiones de invalidez es un término acuñado por la ley para referirse, en este ámbito, a personas que sufren una situación de invalidez que les impide seguir cumpliendo el servicio en que la trabajan y que tampoco pueden realizar ora actividad para ganarse la vida.
Esta categoría permite aumentar hasta un 20 por ciento de la última remuneración y favorece al jubilado hasta el término de su vida.
“Se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente”, se lee en la querella.
Además, recuerda que el promedio de las pensiones de invalidez en Chile es de 190 mil pesos, mientras que en Capredena alcanzan la suma de 1 millón 400 mil pesos.
El libelo solicita como diligencia que se cite a prestar declaración en calidad de testigos a la periodista Paulina de Allende Salazar (autora del reportaje de TVN) y al diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. La solicitud referida al parlamentario se realizó en función a su calidad como presidente de la comisión investigadora en el escándalo anterior de jubilaciones que afectó a funcionarios de Gendarmería.
La acción del Gobierno
Esta tarde y según consignó Radio Cooperativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, habría ordenado concretar una denuncia a nombre del Estado, al vicepresidente de Capredena, Cristián Rojas.
“Le he instruido (a Rojas) que haga presente una denuncia ante el Ministerio Público, basado en el artículo 470 número 8 del Código Penal, para los efectos de que se indague respecto de las distintas pensiones que, eventualmente, pudieran ser irregulares”, dijo el ministro.
Este martes, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal por el delito de fraude al fisco. Invocando los artículos 111, 112 y siguientes del Código Procesal Penal y los artículos 1 y 239 del Código Penal, la querella busca perseguir a los funcionarios individualizados y también a todos quienes resulten responsables de este delito.
En este sentido, el libelo identifica a siete ex oficiales del ejército, entre los cuales se encuentra Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador Augusto Pinochet Ugarte, jubilado con invalidez de segunda clase desde 1979.
La acción interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se hizo efectiva en el marco de la denuncia de estas irregularidades, realizada por el programa de TVN Informe Especial, que reveló una serie de abusos en esta materia.
Según informó el citado programa, hay una serie de ex oficiales y generales que reciben “pensiones de invalidez de segunda clase”, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para acceder a estos beneficios. Además, algunos de ellos se encontrarían actualmente recluidos cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad cometidos en Dictadura.
Así, la categoría de “segunda clase” otorgada a las pensiones de invalidez es un término acuñado por la ley para referirse, en este ámbito, a personas que sufren una situación de invalidez que les impide seguir cumpliendo el servicio en que la trabajan y que tampoco pueden realizar ora actividad para ganarse la vida.
Esta categoría permite aumentar hasta un 20 por ciento de la última remuneración y favorece al jubilado hasta el término de su vida.
“Se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente”, se lee en la querella.
Además, recuerda que el promedio de las pensiones de invalidez en Chile es de 190 mil pesos, mientras que en Capredena alcanzan la suma de 1 millón 400 mil pesos.
El libelo solicita como diligencia que se cite a prestar declaración en calidad de testigos a la periodista Paulina de Allende Salazar (autora del reportaje de TVN) y al diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. La solicitud referida al parlamentario se realizó en función a su calidad como presidente de la comisión investigadora en el escándalo anterior de jubilaciones que afectó a funcionarios de Gendarmería.
La acción del Gobierno
Esta tarde y según consignó Radio Cooperativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, habría ordenado concretar una denuncia a nombre del Estado, al vicepresidente de Capredena, Cristián Rojas.
“Le he instruido (a Rojas) que haga presente una denuncia ante el Ministerio Público, basado en el artículo 470 número 8 del Código Penal, para los efectos de que se indague respecto de las distintas pensiones que, eventualmente, pudieran ser irregulares”, dijo el ministro.
