Este jueves se hizo público que la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, prestó declaración en calidad de testigo ante el fiscal del Caso Sename, Marcos Emilfork. La investigación tramitada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, está destinada a determinar responsabilidades por la muerte de Lissette V.P. ocurrida el 11 de abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, del Sename.

Según consigna La Tercera, Javiera Blanco se habría comunicado, la misma noche en que murió Lissette, con la entonces directora del organismo, Marcela Labraña, quien habría entregado pocos datos respecto a la causa de muerte de la niña. En este sentido, aseguró haberse “enterado por los medios de comunicación” que había terceras personas involucradas en el deceso.

Además, la actual integrante del Consejo de Defensa del Estado afirmó haberse reunido con el entonces director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien en su calidad de médico, habría revisado la ficha clínica de Lissette y sugerido que el origen de la muerte podría ser “medicamentoso”.

Ante estas declaraciones, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el director ejecutivo de la Fundación para la Confianza. José Andrés Murillo, quien se refirió a la situación puntual de la ex ministra y también al problema sistémico que afecta al organismo.

¿Cuál es tu impresión respecto a las declaraciones de Javiera Blanco?

A mi me parece que Javiera Blanco – al igual que otros ministros de Justicia y directores de Servicio-, es responsable. También creo que es un error transformar este problema de política pública en un problema de política partidista. Yo no sé si es justo sacar provecho político solamente respecto de un ministro de Justicia. Javiera Blanco comparte responsabilidad política con todos los ministros de Justicia anteriores, y también los directores de Sename.

Yo creo que echarse la culpa unos a otros es totalmente injusto, lo que al mismo tiempo, no significa que no tengan responsabilidad. Marcela Labraña y otros directores del Servicio tienen igual responsabilidad por no haberse hecho cargo. Además ellos tenían información al alcance y me parece inaceptable, de parte de ningún poder político, decir que no tenían acceso a la información.

Cuando Marcela Labraña renunció a su cargo dijo que Lissette “murió de pena” porque su mamá no la iba a ver y hoy día es parte del pacto parlamentario de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es tu impresión sobre esto?

Cuando Marcela Labraña dijo que la pequeña Lissette murió de pena, nosotros fuimos a hablar con ella y le hicimos ver que nos parecía inaceptable su explicación y que aquí era necesaria una investigación profunda cayera quien cayera. Ella dio estas declaraciones dos días después de la muerte de Lissette y evidentemente una investigación, en donde una niñita muere en estas circunstancias, no se puede dar por descartada la participación de terceros, cuando evidentemente no murió de pena. Nosotros le dijimos eso, que Lissette vivió situaciones de vulneración graves, que hicieron que el Estado se tuviera que hacer cargo y el Estado no estuvo a la altura de esa necesidad, al contrario, las practicas institucionales del Sename fueron las que terminaron con su vida.

En ese sentido hay responsabilidades políticas que pueden ser administrativas e incluso penales en algunos casos. Hay responsabilidades políticas de la cual el Estado tiene que hacerse cargo, Marcela Labraña y otros directores del Servicio. Me parece que tirarse las responsabilidades unos a otros, sin ninguno responder de verdad, es superficial. A nosotros como ciudadanos nos termina indignando, al igual que ha sucedido con el tema de la corrupción y con un montón de otros temas, en que parece que por mucho tiempo parecía que estábamos anestesiados como sociedad y de pronto nos comienza a parecer grave e impresentable. Ahora queremos acciones, queremos responsabilidades y no solamente para culpar y perseguir. Queremos responsables que puedan responder para poder cambiar las cosas.

¿Que sería, a tu juicio, asumir la responsabilidad? ¿Qué prácticas?

Yo creo que las conclusiones y recomendaciones de la comisión Sename II son bastante claras. Hay recomendaciones financieras, técnicas, políticas. Estamos hoy día con sobreabundancia de información y aquí lo que falta es acción. Ya no podemos seguir esperando un informe Sename III, pese a que yo mismo planteé que si era rechazado el informe Sename II se hiciera una nueva comisión hasta que alguien se hiciera cargo de ejecutar las conclusiones y no rechazarlas por razones políticas.

En la causa penal se han incorporado, a la causa por la muerte de Lisstte, otros casos de niños muertos en el Sename. ¿Cuál es tu impresión respecto a que se acumulen estas causas? ¿Podría atacar al tema de fondo? ¿Podría extender indeterminadamente la investigación?

Yo creo que hay líneas paralelas, porque una es la investigación y persecución penal, administrativa y política de aquellos que deben responder y que no exime de llevar a cabo las transformaciones que es necesario que se lleven a cabo en el Sename y en materia de Protección Especial de la Infancia. Yo no creo que sea extender las cosas, porque aquí alguien tiene que responder. Cuando estamos hablando de niñas y niños que han sido víctimas de vulneraciones, como en el caso de Lissette y de otros niños que se encontraban en ese lugar, están ampliando la querella por tortura y por apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado. 

Aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos que pueden terminar incluso en una acusación contra el Estado de Chile. Eso no exime que se tengan que hacer todas las transformaciones que tengan que hacerse. Aquí son roles diferentes, que el ministerio de Justicia y el Ejecutivo hoy día tiene el poder y las facultades para intervenir de manera inmediata al Servicio Nacional de Menores y la institución que lo suceda, porque en base a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile, está por sobre otros intereses políticos, económicos, gremiales, o de quien sea. Aquí lo que hay es un interés superior que debiera primar por sobre los otros y en ese sentido si tiene la posibilidad de intervenir inmediatamente, y eso es independiente de que se investiguen otro tipo de responsabilidades.

¿Tienes la sensación de que este asunto de política partidista a consumido el tema Sename y que el aspecto central, que tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños, ha sido desplazado?

Yo creo que es un peligro constante en casos de niños, niñas y adolescentes, porque como tienen menos posibilidades de representarse a si mismos, y dependen de los adultos que muchas veces tienen intereses diferentes de las necesidades de los niños, tienden a confundirse y se ha transformado históricamente en terreno para otras motivaciones, especialmente cuando hay elecciones de por medio. Eso ha sido un error y un peligro. En ese sentido ojalá que pudiera haber una especie de consejo o comité sin intereses económicos, políticos, ni partidarios, que pudiera estar asesorando las políticas. Creo que sería un gran logro.

¿Cuál es tu impresión hacia el futuro? En relación a los candidatos presidenciales, por ejemplo.

Yo creo que es un deber de los candidatos hacer públicos sus agendas prioritarias en infancia. Aunque hay algo que a uno lo desanima un poco, y es que llevamos dos o tres gobiernos en los cuales la infancia parecía ser prioritaria y se han encontrado con una serie de problemas entre medio que han dificultado el ejecutar estos cambios, o que han habido otros intereses o manera de actuar que no han sido las correctas. Entonces,  si bien creo que es fundamental que los candidatos, ojalá en un acto público en conjunto,  se comprometan a hacer cambios que fueran más allá de lo ideológico o de los intereses partidistas, que se comprometieran todos juntos en una agenda común sobre este tema. Daría una seriedad que esté a la altura del problema al cual estamos enfrentando y que no todos pareciera que están tan de acuerdo, entonces me parece que es urgente hacerlo y que ojalá la sociedad civil y los medios de comunicación, estuviéramos de acuerdo en hacer prioridad este asunto.