Como una práctica que se hace evidente revisar, calificaron organizaciones de transparencia la reciente revelación sobre el pago de seguros que el Congreso contrata para los senadores, el que supera los mil millones de pesos por cada uno, monto que se reduce a 223 millones de pesos para los diputados, desembolso que no se descuenta de sus dietas parlamentarias.
Son 317 mil pesos al mes por cada senador por concepto de seguro de accidentes, de vida, catastrófico, viajes y automóviles, mientras que para los diputados son 43 mil pesos por cada uno para seguros de vida y accidentes.
Justamente, este tipo de cobertura –de acuerdo a la información recogida por El Mercurio– se extiende al uso de los vehículos que son de propiedad del Congreso, pero también para los que son propiedad de los mismos parlamentarios.
Manuel Arís, director de Incidencia de Espacio Público, sostuvo que estos seguros se instalaron en un contexto distinto en el año 1991, por lo que, al menos, habría que actualizar sus objetivos, por lo que planteó la necesidad de que el Parlamento sea más proactivo cuando se trata de revisar la asignación de los recursos.
“Cada vez que conocemos la magnitud de algunos recursos que son utilizados por algunas instituciones públicas, la primera reacción es de escándalo y por lo tanto debería haber una actitud un poco más proactiva por parte de estas instituciones, de transparentar y justificar bien algunos gastos, muchos de ellos pueden estar justificados y son razonables, pero es importante que la forma en que se haga esa justificación sea lo más transparente y se demuestre que son en beneficio de la comunidad y no en beneficio de algunos actores en particular”.
El integrante de Espacio Público planteó además que es necesario que el Parlamento promulgue las reformas que aún están en trámite, y que justamente apuntan a elevar los estándares de transparencia en estos procedimientos y así, de paso, terminar con los privilegios que detentan los parlamentarios y que ningún otro funcionario público tiene.
“Y es parte de las reformas que están pendientes, por ejemplo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y que establece mejores estándares de transparencia para los parlamentarios y también para los funcionarios del Congreso, y eso daría una institucionalidad nueva, como la Dirección de Ética y Transparencia que permitiría que este tipo de casos fueran revisados y se hicieran de una manera mucho más transparente para evitar que el conocimiento de este tipo de actos generara cierto escándalo e indignación por parte de la ciudadanía, y con eso también mejorar la reputación que tiene el Congreso y los parlamentarios”.
Alberto Precht, director de Chile Transparente, señaló que, en primer término, se debe hacer un análisis profundo de la utilidad del aumento de asignaciones o de remuneraciones en el Parlamento, considerando que las dietas ya son elevadas, y que el discurso dominante en el cuidar las arcas fiscales.
“Y estamos en un momento en que cualquier tipo de beneficio que no tenga una explicación racional, lo veíamos antes respecto de lo que pasaba con esta especie de seguro de jubilación que tenían y que se disolvió hace poco tiempo, debe ser estudiado y reanalizado para saber si, efectivamente, existe alguna razonabilidad respecto de otros funcionarios del fisco que no tienen estos beneficios”.
Finalmente, al igual que el director de Espacio Público, Alberto Precht planteó la necesidad de reformar estos mecanismos de asignación de recursos, sobre todo considerando que son adicionales a las dietas que perciben mes a mes.
“Lo que siempre hemos propugnado, desde el punto de vista de las organizaciones de transparencia, es que todas estas comisiones que existan para la claridad y buenas asignación de los recursos, debiesen ser lo más autónomos posibles y sin ningún tipo de incumbente en la toma de decisiones, porque eso mancha la decisión”.
Como una práctica que se hace evidente revisar, calificaron organizaciones de transparencia la reciente revelación sobre el pago de seguros que el Congreso contrata para los senadores, el que supera los mil millones de pesos por cada uno, monto que se reduce a 223 millones de pesos para los diputados, desembolso que no se descuenta de sus dietas parlamentarias.
Son 317 mil pesos al mes por cada senador por concepto de seguro de accidentes, de vida, catastrófico, viajes y automóviles, mientras que para los diputados son 43 mil pesos por cada uno para seguros de vida y accidentes.
Justamente, este tipo de cobertura –de acuerdo a la información recogida por El Mercurio– se extiende al uso de los vehículos que son de propiedad del Congreso, pero también para los que son propiedad de los mismos parlamentarios.
Manuel Arís, director de Incidencia de Espacio Público, sostuvo que estos seguros se instalaron en un contexto distinto en el año 1991, por lo que, al menos, habría que actualizar sus objetivos, por lo que planteó la necesidad de que el Parlamento sea más proactivo cuando se trata de revisar la asignación de los recursos.
“Cada vez que conocemos la magnitud de algunos recursos que son utilizados por algunas instituciones públicas, la primera reacción es de escándalo y por lo tanto debería haber una actitud un poco más proactiva por parte de estas instituciones, de transparentar y justificar bien algunos gastos, muchos de ellos pueden estar justificados y son razonables, pero es importante que la forma en que se haga esa justificación sea lo más transparente y se demuestre que son en beneficio de la comunidad y no en beneficio de algunos actores en particular”.
El integrante de Espacio Público planteó además que es necesario que el Parlamento promulgue las reformas que aún están en trámite, y que justamente apuntan a elevar los estándares de transparencia en estos procedimientos y así, de paso, terminar con los privilegios que detentan los parlamentarios y que ningún otro funcionario público tiene.
“Y es parte de las reformas que están pendientes, por ejemplo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y que establece mejores estándares de transparencia para los parlamentarios y también para los funcionarios del Congreso, y eso daría una institucionalidad nueva, como la Dirección de Ética y Transparencia que permitiría que este tipo de casos fueran revisados y se hicieran de una manera mucho más transparente para evitar que el conocimiento de este tipo de actos generara cierto escándalo e indignación por parte de la ciudadanía, y con eso también mejorar la reputación que tiene el Congreso y los parlamentarios”.
Alberto Precht, director de Chile Transparente, señaló que, en primer término, se debe hacer un análisis profundo de la utilidad del aumento de asignaciones o de remuneraciones en el Parlamento, considerando que las dietas ya son elevadas, y que el discurso dominante en el cuidar las arcas fiscales.
“Y estamos en un momento en que cualquier tipo de beneficio que no tenga una explicación racional, lo veíamos antes respecto de lo que pasaba con esta especie de seguro de jubilación que tenían y que se disolvió hace poco tiempo, debe ser estudiado y reanalizado para saber si, efectivamente, existe alguna razonabilidad respecto de otros funcionarios del fisco que no tienen estos beneficios”.
Finalmente, al igual que el director de Espacio Público, Alberto Precht planteó la necesidad de reformar estos mecanismos de asignación de recursos, sobre todo considerando que son adicionales a las dietas que perciben mes a mes.
“Lo que siempre hemos propugnado, desde el punto de vista de las organizaciones de transparencia, es que todas estas comisiones que existan para la claridad y buenas asignación de los recursos, debiesen ser lo más autónomos posibles y sin ningún tipo de incumbente en la toma de decisiones, porque eso mancha la decisión”.
Como una práctica que se hace evidente revisar, calificaron organizaciones de transparencia la reciente revelación sobre el pago de seguros que el Congreso contrata para los senadores, el que supera los mil millones de pesos por cada uno, monto que se reduce a 223 millones de pesos para los diputados, desembolso que no se descuenta de sus dietas parlamentarias.
Son 317 mil pesos al mes por cada senador por concepto de seguro de accidentes, de vida, catastrófico, viajes y automóviles, mientras que para los diputados son 43 mil pesos por cada uno para seguros de vida y accidentes.
Justamente, este tipo de cobertura –de acuerdo a la información recogida por El Mercurio– se extiende al uso de los vehículos que son de propiedad del Congreso, pero también para los que son propiedad de los mismos parlamentarios.
Manuel Arís, director de Incidencia de Espacio Público, sostuvo que estos seguros se instalaron en un contexto distinto en el año 1991, por lo que, al menos, habría que actualizar sus objetivos, por lo que planteó la necesidad de que el Parlamento sea más proactivo cuando se trata de revisar la asignación de los recursos.
“Cada vez que conocemos la magnitud de algunos recursos que son utilizados por algunas instituciones públicas, la primera reacción es de escándalo y por lo tanto debería haber una actitud un poco más proactiva por parte de estas instituciones, de transparentar y justificar bien algunos gastos, muchos de ellos pueden estar justificados y son razonables, pero es importante que la forma en que se haga esa justificación sea lo más transparente y se demuestre que son en beneficio de la comunidad y no en beneficio de algunos actores en particular”.
El integrante de Espacio Público planteó además que es necesario que el Parlamento promulgue las reformas que aún están en trámite, y que justamente apuntan a elevar los estándares de transparencia en estos procedimientos y así, de paso, terminar con los privilegios que detentan los parlamentarios y que ningún otro funcionario público tiene.
“Y es parte de las reformas que están pendientes, por ejemplo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y que establece mejores estándares de transparencia para los parlamentarios y también para los funcionarios del Congreso, y eso daría una institucionalidad nueva, como la Dirección de Ética y Transparencia que permitiría que este tipo de casos fueran revisados y se hicieran de una manera mucho más transparente para evitar que el conocimiento de este tipo de actos generara cierto escándalo e indignación por parte de la ciudadanía, y con eso también mejorar la reputación que tiene el Congreso y los parlamentarios”.
Alberto Precht, director de Chile Transparente, señaló que, en primer término, se debe hacer un análisis profundo de la utilidad del aumento de asignaciones o de remuneraciones en el Parlamento, considerando que las dietas ya son elevadas, y que el discurso dominante en el cuidar las arcas fiscales.
“Y estamos en un momento en que cualquier tipo de beneficio que no tenga una explicación racional, lo veíamos antes respecto de lo que pasaba con esta especie de seguro de jubilación que tenían y que se disolvió hace poco tiempo, debe ser estudiado y reanalizado para saber si, efectivamente, existe alguna razonabilidad respecto de otros funcionarios del fisco que no tienen estos beneficios”.
Finalmente, al igual que el director de Espacio Público, Alberto Precht planteó la necesidad de reformar estos mecanismos de asignación de recursos, sobre todo considerando que son adicionales a las dietas que perciben mes a mes.
“Lo que siempre hemos propugnado, desde el punto de vista de las organizaciones de transparencia, es que todas estas comisiones que existan para la claridad y buenas asignación de los recursos, debiesen ser lo más autónomos posibles y sin ningún tipo de incumbente en la toma de decisiones, porque eso mancha la decisión”.
