Desde el Ejecutivo estarían trabajando en el traslado de reos del recinto carcelario que mantiene a civiles y militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad. Según publicó La Tercera, aún no se decide el día exacto, pero se escogió septiembre porque tiene una “carga simbólica”.
Sin embargo, no existe una definición oficial respecto del futuro del penal. La vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que “por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse”, aunque aclaró que no se va a adelantar información parcial.
Puedes revisar: La Moneda reconoce que no hay fecha ni certeza en cierre de Punta Peuco
Mientras, que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos fue categórico en que no se ha adoptado ninguna resolución respecto a Punta Peuco “Cuando el Gobierno lo resuelva se dirá, lo de hoy son sólo conjeturas periodísticas”, afirmó.
El tema corresponde a un anhelo histórico de las organizaciones de Derechos Humanos, quienes por años han exigido el fin de los privilegios a quienes protagonizaron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.
Y pese a que la medida es fuertemente valorada por los familiares de las víctimas, persiste la desconfianza, tomando en cuenta, entre otras cosas, las señales confusas por parte del Ejecutivo.
En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que “ojalá no sea un rumor” y que si se materializa, espera que los presos de Punta Peuco pasen a cárceles normales.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de felicitar la eventual determinación, manifestó su desconfianza sobre la medida, ya que podría significar la revisión de las condenas de los detenidos y posibles rebajas en las penas: “Si se concreta el cierre de Punta Peuco, esperamos que no vaya a ser a cambio de otorgar beneficios carcelarios como lo han estado planteando”, expresó.
Sobre la información, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, valoró la decisión de cierre, sin embargo la calificó como tardía: “el penal es el símbolo de la discriminación, de la inequidad, de la injusticia, por el privilegio de aquellos que violaron los Derechos Humanos he hicieron desaparecer a cientos de chilenos y que viven en condiciones de cinco estrellas. La pena de cárcel impone condiciones que debe estar acorde con la gravedad del delito, cerrar Punta Peuco es un hecho simbólico, yo me alegro que la Presidenta haya decidido hacerlo, pero creo que se tardó demasiado en su decisión”, subrayó.
Cabe recordar que a principios de julio, en una entrevista televisiva, la presidenta de la República Michelle Bachelet respondió que cumplía sus promesas. Esto, ante la consulta sobre si durante su mandato cerraría el penal de Punta Peuco, luego de que en 2015 tras un encuentro con la mandataria, Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del llamado “Caso Quemados”, comentara este compromiso que habría asumido Michelle Bachelet.
Los abogados de los internos emitieron un comunicado rechazando esta última determinación, pero además hicieron un llamado a Sebastián Piñera para que interceda y lo evite. Esto, a pesar de que hace casi cuatro años el propio ex presidente decidió cerrar el penal Cordillera.
Desde el Ejecutivo estarían trabajando en el traslado de reos del recinto carcelario que mantiene a civiles y militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad. Según publicó La Tercera, aún no se decide el día exacto, pero se escogió septiembre porque tiene una “carga simbólica”.
Sin embargo, no existe una definición oficial respecto del futuro del penal. La vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que “por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse”, aunque aclaró que no se va a adelantar información parcial.
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Mientras, que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos fue categórico en que no se ha adoptado ninguna resolución respecto a Punta Peuco “Cuando el Gobierno lo resuelva se dirá, lo de hoy son sólo conjeturas periodísticas”, afirmó.
El tema corresponde a un anhelo histórico de las organizaciones de Derechos Humanos, quienes por años han exigido el fin de los privilegios a quienes protagonizaron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.
Y pese a que la medida es fuertemente valorada por los familiares de las víctimas, persiste la desconfianza, tomando en cuenta, entre otras cosas, las señales confusas por parte del Ejecutivo.
En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que “ojalá no sea un rumor” y que si se materializa, espera que los presos de Punta Peuco pasen a cárceles normales.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de felicitar la eventual determinación, manifestó su desconfianza sobre la medida, ya que podría significar la revisión de las condenas de los detenidos y posibles rebajas en las penas: “Si se concreta el cierre de Punta Peuco, esperamos que no vaya a ser a cambio de otorgar beneficios carcelarios como lo han estado planteando”, expresó.
Sobre la información, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, valoró la decisión de cierre, sin embargo la calificó como tardía: “el penal es el símbolo de la discriminación, de la inequidad, de la injusticia, por el privilegio de aquellos que violaron los Derechos Humanos he hicieron desaparecer a cientos de chilenos y que viven en condiciones de cinco estrellas. La pena de cárcel impone condiciones que debe estar acorde con la gravedad del delito, cerrar Punta Peuco es un hecho simbólico, yo me alegro que la Presidenta haya decidido hacerlo, pero creo que se tardó demasiado en su decisión”, subrayó.
Cabe recordar que a principios de julio, en una entrevista televisiva, la presidenta de la República Michelle Bachelet respondió que cumplía sus promesas. Esto, ante la consulta sobre si durante su mandato cerraría el penal de Punta Peuco, luego de que en 2015 tras un encuentro con la mandataria, Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del llamado “Caso Quemados”, comentara este compromiso que habría asumido Michelle Bachelet.
Los abogados de los internos emitieron un comunicado rechazando esta última determinación, pero además hicieron un llamado a Sebastián Piñera para que interceda y lo evite. Esto, a pesar de que hace casi cuatro años el propio ex presidente decidió cerrar el penal Cordillera.
Desde el Ejecutivo estarían trabajando en el traslado de reos del recinto carcelario que mantiene a civiles y militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad. Según publicó La Tercera, aún no se decide el día exacto, pero se escogió septiembre porque tiene una “carga simbólica”.
Sin embargo, no existe una definición oficial respecto del futuro del penal. La vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que “por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse”, aunque aclaró que no se va a adelantar información parcial.
Puedes revisar: La Moneda reconoce que no hay fecha ni certeza en cierre de Punta Peuco
Mientras, que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos fue categórico en que no se ha adoptado ninguna resolución respecto a Punta Peuco “Cuando el Gobierno lo resuelva se dirá, lo de hoy son sólo conjeturas periodísticas”, afirmó.
El tema corresponde a un anhelo histórico de las organizaciones de Derechos Humanos, quienes por años han exigido el fin de los privilegios a quienes protagonizaron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.
Y pese a que la medida es fuertemente valorada por los familiares de las víctimas, persiste la desconfianza, tomando en cuenta, entre otras cosas, las señales confusas por parte del Ejecutivo.
En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que “ojalá no sea un rumor” y que si se materializa, espera que los presos de Punta Peuco pasen a cárceles normales.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de felicitar la eventual determinación, manifestó su desconfianza sobre la medida, ya que podría significar la revisión de las condenas de los detenidos y posibles rebajas en las penas: “Si se concreta el cierre de Punta Peuco, esperamos que no vaya a ser a cambio de otorgar beneficios carcelarios como lo han estado planteando”, expresó.
Sobre la información, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, valoró la decisión de cierre, sin embargo la calificó como tardía: “el penal es el símbolo de la discriminación, de la inequidad, de la injusticia, por el privilegio de aquellos que violaron los Derechos Humanos he hicieron desaparecer a cientos de chilenos y que viven en condiciones de cinco estrellas. La pena de cárcel impone condiciones que debe estar acorde con la gravedad del delito, cerrar Punta Peuco es un hecho simbólico, yo me alegro que la Presidenta haya decidido hacerlo, pero creo que se tardó demasiado en su decisión”, subrayó.
Cabe recordar que a principios de julio, en una entrevista televisiva, la presidenta de la República Michelle Bachelet respondió que cumplía sus promesas. Esto, ante la consulta sobre si durante su mandato cerraría el penal de Punta Peuco, luego de que en 2015 tras un encuentro con la mandataria, Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del llamado “Caso Quemados”, comentara este compromiso que habría asumido Michelle Bachelet.
Los abogados de los internos emitieron un comunicado rechazando esta última determinación, pero además hicieron un llamado a Sebastián Piñera para que interceda y lo evite. Esto, a pesar de que hace casi cuatro años el propio ex presidente decidió cerrar el penal Cordillera.
