Luego de 16 meses de la formalización de 11 comuneros mapuche el 30 de marzo de 2016, acusados del delito consumado de incendio con resultado de muerte, en carácter terrorista, contra el matrimonio de Werner Luchsinger (74) y Vivianne Mackay (69), el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará inicio al juicio este lunes a las 9:00 horas.
El hecho fue perpetrado en la casa del matrimonio la madrugada del cuatro de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue, perteneciente a la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.
El Tribunal planificó 52 días de duración para el proceso judicial, donde se presentarán 144 testigos. Además de la Fiscalía, participarán como querellantes la familia Luchsinger y el Gobierno, a través de la Intendencia. Todos ellos solicitan presidio perpetuo para diez de los acusados y diez años de cárcel para José Peralino Huinca, testigo clave del Ministerio Público.
Manuela Royo, abogada de Sergio, Sabino y Hernán Catrilaf, señaló que desde la defensa están bastante tranquilos con el veredicto, ya que comentó que no existan pruebas que puedan ser condenatorias. “En el caso de mi representados, ellos son personas que no se encontraban en el sitio del suceso, estaban trabajando y tenemos pruebas para demostrarlo”.
“Esperamos que este juicio se resuelva lo más pronto posible, ya que estamos absolutamente confiados de la inocencia y de la absolución de nuestros representados. Acá lo que hay son intereses políticos y presiones para perseguir a personas y no una investigación seria”, afirmó.
Uno de los antecedentes que permitió la detención de los sospechosos fue el testimonio de José Peralino Huinca, quien durante una audiencia en el Juzgado de Temuco se retractó de su relato, acusando a dos funcionarios de la Policía de Investigación (PDI) de amenazarlo para que inculpara al resto de los imputados.
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Rodrigo Román, otro de los abogados de la defensa, no descartó la posibilidad de que el juicio se extienda por la falta de pruebas contra los imputados. El jurista aseguró que el veredicto final será absolutorio y criticó el actuar de la Fiscalía durante todo el proceso.
“Esto es una operación política de inteligencia que ha arrastrado el Ministerio Público y que está destinada al fracaso porque los juicios se ganan con pruebas. Lo que ellos han presentado en ningún caso es suficiente para derribar la presunción de inocencia que ampara cualquier ciudadano, ni mucho menos fundar un veredicto condenatorio”, sostuvo.
Román agregó que en este caso quedará “demostrada la falta de objetividad de la fiscalía y una persecución penal, cuyo único fundamento es político”.
Para Ingrid Conejero, vocera de la Machi Francisca Linconao, las reiteradas prórrogas que ha tenido el proceso del caso Luchsinger Mackay evidencian que este ha sido un juicio irregular.
En ese sentido, manifestó que los hechos demuestran la persecución que existe hacia el pueblo mapuche. “No existen otros antecedentes de juicios donde las personas hayan estado por tanto tiempo en prisión preventiva. El hecho de imputarlos por la Ley Antiterrorista permite mantenerlos encarcelados, aunque salgan absueltos en el veredicto final”.
“Para nosotros es un juicio absolutamente irregular. Creemos que al pueblo mapuche no se le permite acceder a la justicia con las garantías que las personas chilenas tienen”, agregó.
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Hasta el momento el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien está sentenciado a 18 años de presidio. Mientras que José Peralino Huinca y la Machi Francisca Linconao se encuentran con arresto domiciliario.
José Tralcal Coche, Juan y Luis Tralcal Quidel, José Córdova Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Eliseo Catrilaf Romero y Sergio Catrilaf Marilef, permanecen en prisión preventiva.
Edwald Luchsinger, sobrino del matrimonio fallecido, afirmó que buscan “justicia” porque este hecho no puede quedar en la impunidad. Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, adelantó que solicitaron medidas de protección al tribunal. Entre ellas, ingresos diferenciados de los abogados en relación con el público y resguardo especial para las víctimas y testigos.