El hecho ocurrido la madrugada de este lunes dejó a 29 maquinarias destruidas pertenecientes a la empresa Sotraser, prestadora de servicios a aserraderos como Celulosa Arauco. Según el testimonio de los guardias de la compañía, estos habrían sido intimidados por dos encapuchados que luego ingresaron al sector y rociaron acelerante para prender fuego a los camiones. Datos que maneja el fiscal a cargo del caso, Alejandro Ríos.
La situación motivó una reunión de emergencia con las autoridades regionales para revisar los antecedentes del caso. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy calificó los hechos como un “atentado”, mientras que el titular de la cartera, Mario Fernández, junto al Fiscal Nacional, concordó en el procedimiento judicial que llevaría el Ministerio Público, el que según informó posteriormente Jorge Abbott, consistiría en la aplicación de la Ley Antiterrorista.
En medio de una conferencia de prensa, la presidenta Michelle Bachelet rechazó los actos y dijo que “combatirán la violencia porque no se permitiría que grupos minoritarios no valoraran el diálogo”. Sin embargo, el término utilizado por la mandataria fue criticado por los sectores de la oposición que lo catalogaron como un “ataque terrorista”.
Si bien de acuerdo a lo informado por Carabineros hasta horas de la tarde de este lunes, en el lugar de los hechos se habría encontrado un panfleto alusivo a la causa mapuche, desde las comunidades calificaron como “sospechosos” estos hechos, tomando en cuenta que por estos días se lleva a cabo el emblemático juicio del caso Luchsinger Mackay.
A través de su cuenta de Twitter la dirigenta y ex Consejera Nacional Mapuche ante la Conadi, Ana Llao se refirió a esta situación: “De nuevo acción sospechosa para justificar represión y militarización a comunidades mapuche”.
Misma visión expresó el abogado defensor en el caso Luchsinger Mackay, Rodrigo Román quien además cuestionó que las autoridades califiquen estos hechos como un atentado: “Me parece prematuro, irresponsable, calificar un hecho como atentado ya que lo que ocurrió es la quema de 29 camiones, pero no hay ningún antecedente que permita desde luego presumir la figura del atentado” expresó.
Del mismo modo, Román manifestó que “es sospechoso que se produzca un hecho de estas características cuando se está en medio de un juicio oral, como es el del caso Lucksinger Mackay”. Además criticó la aplicación de la ley Antiterrorista “con más derecho penal no se van a resolver los problemas políticos” enfatizó.
En esa linea, el abogado y ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Michelle Bachelet, Pedro Huichalaf señaló que “solucionar el conflicto mapuche y demandas históricas de pueblos originarios no pasa por invocar ley antiterrorista, esto lo agudiza”.
Mientras, Salvador Millaleo, abogado y ex integrante del Consejo Ciudadano de Observadores para una Nueva Constitución, afirmó que “la violencia en el sur es un fracaso del Estado. Tratar a autores como terroristas sólo sirve para subir la violencia. Por qué no intentar otra salida?”, cuestionó Millaleo.