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Año XII, 3 de abril de 2020

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Comentario político: Se profundiza el quiebre del oficialismo

Las discrepancias son razonables y muchas veces saludables, pero que éstas se estén ventilando tan abiertamente por los medios de comunicación, la verdad es que nos hace pensar que los desacuerdos van en escalada y que, en algún momento, se hará necesario la intervención de la Presidenta de la República para dirimir la situación o calmar las revolucionadas aguas de sus partidarios.

Juan Pablo Cárdenas S.

  Miércoles 30 de agosto 2017 7:51 hrs. 





La ruptura de la llamada Nueva Mayoría es bastante más severa que lo que se piensa. No solo sus colectividades están ahora compitiendo con dos candidatos presidenciales y distintas listas parlamentarias, sino que han entrado en franca contradicción ideológica. Lo curioso es que las divisiones no pasan por desacuerdos solo entre los distintos partidos, sino por diferencias que se expresan  al interior de las colectividades mismas. Ello hace probable que, además de extinguirse la Nueva Mayoría como un pacto electoral, es posible que en el futuro observemos quiebres dentro de los propios partidos del oficialismo.

Recién se ha dado a conocer el creciente número de militantes que viene materializando su renuncia a los partidos, por lo cual algunos arriesgarían hasta perder el número de inscritos que la Ley dispone para reconocerles existencia.

A propósito del proyecto Dominga, por ejemplo, lo que hemos apreciado es una profunda discrepancia al interior del gabinete ministerial de la Presidenta Bachelet. Entre los que son partidarios de implementar este proyecto minero (que se sabe dañino al medioambiente) y los que decidieron por mayoría prohibir su implementación. Entre el ministro de Hacienda que, en éste y otros casos, se asume como el gran promotor de las inversiones empresariales y entre otros secretarios de Estado que no parecen dispuestos a darle curso a aquellas iniciativas ecocidas y resistidas por la población.

Las discrepancias son razonables y muchas veces saludables, pero que éstas se estén ventilando tan abiertamente por los medios de comunicación, la verdad es que nos hace pensar que los desacuerdos van en escalada y que, en algún momento, se hará necesario la intervención de la Presidenta de la República para dirimir la situación o calmar las revolucionadas aguas de sus partidarios. Esto es, imponer su personal convicción por sobre las diferencias de los ministros, alejando del Gabinete, si fuera preciso, a aquellos secretarios de estado y subsecretarios que no están contestes con los lineamientos de la Presidenta que ayer, justamente, habló de que inaceptable un desarrollo que vulnere el medioambiente.

En otros temas, también resulta grave, por decir lo menos, las distintas tendencias que se manifiestan en el Ejecutivo respecto de cómo encarar la tensa situación de La Araucanía, cuando efectivamente hay ministros y otros que son partidarios de elevar los niveles de represión y aplicar la Ley Antiterrorista para acabar con los atentados incendiarios, mientras que otros prefieren el camino político y el pago de la deuda histórica con nuestro vapuleado pueblo fundacional. Esto es, la posibilidad de dialogar con los mapuches rebeldes, reconocer sus derechos y legitimidad de sus autoridades, como atender sus solicitudes a fin de establecer la paz en toda la región de la Araucanía y, ahora, también, en otras regiones sureñas.

El mismo hecho de que el Fiscal Nacional Jorge Abbott haya llamado a la responsabilidad de los empresarios forestales y del transporte a fin de prevenirse de tales atentados refleja una distancia enorme respecto de la propuesta de quienes quieren volver a imponer la militarización de La Araucanía, promover la autodefensa armada de transportistas y, por qué no, reeditar esa luctuosa experiencia de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, verdadero genocidio acometido por el Estado Chileno y cuyos jefes militares aún  reconocidos poco menos que héroes en nuestro país.

En este sentido, y como en tantas situaciones, la sensibilidad del mundo empresarial choca radicalmente con la del mundo social y, en particular, la de nuestros pueblos aborígenes. Una contradicción que divide inexorablemente a la política y que ha llegado, incluso, a tensionar al conjunto del oficialismo.

Pero las diferencias no son solo económico sociales. Es evidente que en los llamados temas valóricos, como el aborto, el matrimonio homosexual y otros, no existe consenso entre los todavía integrantes del oficialismo, cuanto al interior de los propios partidos. Al mismo tiempo que asoma un mundo de distancia, también, entre los promotores de estas reformas con las iglesias y  los políticos que actúan bajo motivaciones morales y religiosas,  o son partidarios de defender la vida desde su misma concepción en el útero materno. Como los que, además, conciben  como un verdadero despropósito que se faculte a las parejas homosexuales para adoptar niños o hijos.

Lo valórico, ciertamente, no se agota con estos temas, porque también hay puntos de vista muy encontrados en otros asuntos al interior de las coaliciones y partidos.  Posiciones contrarias respecto, por ejemplo,  de la posibilidad de implementar una Asamblea Constituyente y una Nueva Carta Fundamental y los que preferirían mantener la Constitución de 1980 con nuevas y cosméticas enmiendas

Así como también existen diferencias entre los partidarios de la educación pública y los que quieren proteger y reforzar la enseñanza privatizada. Entre los que quieren animar la inversión extranjera en nuestra minería y los que buscan recuperar la propiedad del cobre y convertir al Estado en un poderoso agente económico. Entre los partidarios de reformas que fomenten la distribución del ingreso entre los chilenos y los que son partidarios de la política del “chorreo”. Esto es que las ilimitadas ganancias de los más ricos puedan algún día incrementar los sueldos y salarios de los más pobres. O que las pensiones más justas y dignas partan por limitar las ganancias de las AFP e imponerle a los patrones cotizar también en favor de las futuras jubilaciones sus empleados.

Qué duda cabe que el país está fracturado, otra vez, por profundas diferencias y tensiones que, más allá de los próximos comicios presidenciales y parlamentarios, van a seguir gravitando severamente en nuestra ya deteriorada convivencia nacional. Cuando aún son pocos los que aprecian que la violencia ha ido empoderándose de nuestra ciudades, lugares de trabajo y poblaciones. Abonando el terreno, además, a la delincuencia y el narcotráfico.

Mientras que, paradojalmente,  los objetivos de justicia y equidad cada vez son menos aludidos en el discurso político, incluso en el de los sectores más vanguardistas. Cuando los “servidores del pueblo” parecen nublados y capturados por las ambiciones personales, más que por las ideas y propuestas liberadoras, como democráticas.