En proceso de toma de razón se encuentra en Contraloría el polémico Decreto Supremo 866 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que busca modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal sobre la interceptación de las comunicaciones y almacenamiento de datos comunicacionales, razón por la cual diversas organizaciones lo han bautizado como el “Decreto Espía”.

Uno de los objetivos de este decreto es que se obligue a los prestadores de servicios de telecomunicaciones conservar por al menos dos años, datos como identidad y antecedentes administrativos y financieros de los usuarios; números de teléfono y dirección IP así como la geolocalización de equipos móviles intervinientes en una comunicación.

“El nuevo reglamento, al establecer un sistema permanente de conservación de los datos de todo tipo de comunicaciones y de geolocalización de las personas, lo que hace es construir un sistema general de vigilancia de la población del país, permitiendo incluso reconstruir la vida de cada persona y su entorno a lo menos respecto de los últimos dos años”, señalan desde el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología (ICDT).

Además, el artículo número 1 del decreto señala que la información recolectada por las compañías de telecomunicaciones debe estar a disposición del Ministerio Público y de “toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlo”.

En este sentido, el presidente del ICDT, Raúl Arrieta, sostuvo que es “preocupante” dado que, desde su punto de vista, el trasfondo de esta iniciativa “es más propia de regímenes totalitarios” que están dedicados a vigilar lo que las personas hacen, y este decreto viene a consagrar la vigilancia “de espaldas a las personas”: “Acá es el propio Estado el que aparece afectando y vulnerando los derechos de las personas”.

Para Arrieta, este decreto viene a echar por la borda los esfuerzos que en materia de resguardo de datos personales se ha realizado para igualarlo al estándar internacional y ser considerado un país seguro en esta materia, y no seguir dando muestras de incompetencia en esta área como ha sucedido en el pasado reciente.

“La cantidad de filtraciones de datos personales que ha tenido en los últimos diez años el Estado es una vergüenza, lo que le ha pasado al Registro Civil, no nos olvidemos que hace no mucho tiempo atrás estaba la duda de si se le había filtrado la mitad de la base de datos del Registro Civil, y nunca se esclareció si eso había pasado o no había pasado. No nos olvidemos el bochorno del Ministerio de Salud con los datos asociados a los enfermos de Sida. Es decir, el Estado ha mostrado no ser un buen tratante de datos”.

Pablo Viollier analista de la ONG Derechos Digitales señala que el decreto es inconstitucional “en la forma y en el fondo”, primero porque pretende modificar una ley mediante un decreto, y luego porque afecta, potencialmente, incluso el sistema democrático al poner en riesgo la privacidad “de todos los chilenos”.

Justamente, para Viollier, la privacidad es un elemento fundamental para el ejercicio de otros derechos consagrados en la Constitución como la libertad de expresión y apunta sus dardos específicamente al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

“Haciendo esto por decreto, lo que busca el subsecretario Aleuy es saltarse la discusión democrática que la regulación de un tema sensible, como este, que afecta derechos fundamentales y que incluso puede afectar la democracia porque nuestra interpretación es que la vigilancia masiva es incompatible con el estado democrático de derecho, eso es muy grave”.

El académico del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile Claudio Magliona fue enfático en señalar que no es posible a través de un decreto pretender conculcar garantías constitucionales, sino que necesariamente tienen que ser leyes, razón por la cual califica como “muy sensible” esta situación.

“A mí lo que me preocupa es el precedente. Lo que encuentro grave en estas materias es que normativa que restringe, limita, regula las garantías constitucionales sea complementada mediante decreto administrativo. Esa es la preocupación que hay acá y que se tome, por decirlo en palabras simples, un atajo y de ahora en adelante que lo que se tenía que complementar por ley no se haga por ley. Estamos hablando de la información más sensible que puede haber, nuestro comportamiento, nuestros datos personales, lo que hacemos en Internet”.

Incluso, ni siquiera al interior del Gobierno ha existido consenso sobre la pertinencia de este decreto, ya que hace algunos meses el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, se declaró “absolutamente en desacuerdo con ese decreto”, ya que en tiempos en que estuvo a cargo de la Subtel, presentó sus “reparos técnicos y legales” respecto del borrador que se manejaba en ese momento.

“Ahora que no estoy en el gobierno, sigo manteniendo mi postura: creo que ese decreto es inconstitucional y excede las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones”, aseguró.

Finalmente, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Fuad Chahín, señaló que están preocupados con este decreto ya que, a su juicio, se vulneran garantías constitucionales, por lo mismo “la Contraloría no debería tomar razón” de esta iniciativa porque muchos elementos planteados son materia de ley y no de reglamento.

“El Congreso tienen que hacer una discusión respecto de estos temas, estamos con una Ley de Protección de Datos Personales que estamos discutiendo. En este marco se debiera discutir también la regulación de grabación de llamadas telefónicas y de la interceptación de los mismos, y también del almacenamiento de la información que ahí existe, y sobre todo en materia de acceso a sitios de internet, etc. A mí me parece que esto es materia de ley, no de reglamento y debiese la Contraloría abstenerse de tomar razón y que el debate se dé en el Parlamento como corresponde”.