Valech I: El secreto que resguardan Chile Vamos y la Nueva Mayoría
¿Quién es la mujer que supuestamente le pidió a Ricardo Lagos mantener en secreto los testimonios de víctimas de tortura? Nunca se dio una pista siquiera de quién podría ser. Respecto del ocultamiento de la historia completa de violación a los Derechos Humanos, los mayores antecedentes que existen son acerca de la pasividad política por aportar a la transparencia.
Domingo 3 de septiembre 2017 18:17 hrs.
El miércoles de esta semana la Comisión de Derechos Humanos del Senado votará la moción que busca levantar el secreto en torno a los testimonios de las víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país entre 1973 y 1990, archivos que podrían contener nombres de victimarios hoy desconocidos y que, eventualmente, podrían aportar en los procesos judiciales hoy en curso o, incluso, abrir otros.
Y la expectación es lógica. Al leer los titulares, queda la sensación de que terminará el ocultamiento de información que por cincuenta años el gobierno de Ricardo Lagos -a nombre del Estado- decretó respecto de la información contenida en la Comisión Valech I. Pero en lo concreto, los hechos apuntan a que, en caso de aprobarse el proyecto, no variará demasiado.
Una evidente desmotivación de gran parte de la Nueva Mayoría porque avance el proyecto y la esperable oposición de Chile Vamos a que la verdad sea transparentada, han sido parte de los escollos que ha debido enfrentar la tramitación de esta idea.
El secreto inicial
“¿Cómo pudimos vivir treinta años de silencio?”. Fue en noviembre de 2004, tras recibir el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como ‘Comisión Valech I’, cuando Ricardo Lagos manifestaba en cadena nacional dicha pregunta, para luego explicar que la reparación hacia las víctimas de tortura estaría orientada en “sanar las heridas y no abrirlas”, detallando de paso que; “la reparación más adecuada era una pensión”, la que se estableció en “algo más de 112 mil pesos mensuales”.
Los años pasaron, van trece desde que el ex presidente presentó las conclusiones de la Comisión que reconoció a 27.153 víctimas de tortura durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Desde 2004 hasta la fecha, el silencio del que hablaba Ricardo Lagos se ha convertido en leve susurro, puesto que la verdad completa sobre los crímenes de lesa humanidad sigue siendo en gran parte un secreto.
Sobre lo recopilado por Valech I se conocen nombres de víctimas, no así de victimarios. Esto porque así lo estableció el Poder Ejecutivo en aquella época con el secreto vigente hasta el año 2054, el que fue consolidado a través de una ley orgánica constitucional.
¿Por qué un gobierno democrático buscaría contar de manera parcial lo ocurrido en los años de dictadura? La explicación dada por Ricardo Lagos en reiteradas ocasiones a los medios es que una mujer de avanzada de edad, que habría declarado en la Comisión, se le acercó personalmente para indicarle que no quería que sus nietos conocieran los horrores que ella sufrió. Nunca se ha entregado el más mínimo detalle de quién era esa mujer, la que para el ex presidente representaba la voz de más de 27 mil personas, motivo suficiente -bajo su criterio- para decretar el secreto.
En los fundamentos del proyecto que creó la Ley 19.992, que establece reparación y beneficios para las víctimas, se argumenta que la confidencialidad es parte del éxito de la Comisión Valech I, por lo tanto, el secreto será guardado por el Estado y por quienes conformaron la instancia que recopiló los testimonios.
Aunque además, dicho texto señala explícitamente que las intenciones nunca fueron avanzar en justicia: “De este modo, el secreto que se establece sobre dichos antecedentes impide, de un lado, la desnaturalización de la función desarrollada por la Comisión y de la información proporcionada a ésta y, del otro, deja a salvo el derecho de las víctimas, que son los únicos titulares de dicha información, de disponer de ella como estimen conveniente” (Boletín N° 3762-17, 2004).
Según un reportaje publicado por Radio Villa Francia en 2015, con información obtenida de fuentes que participaron de la instancia, el trasfondo del ocultamiento es distinto a lo mencionado por el ex mandatario. Luego que la comisión terminara de recopilar los testimonios, el gobierno de aquel entonces coordinó una serie de reuniones con el alto mando de las Fuerzas Armadas, puesto que en el mundo castrense existía preocupación por los resultados, debido a la ola de procesos judiciales que podrían eventualmente desencadenarse.
Uno de los participantes de estas conversaciones, que eran coordinadas por el Ministerio de Defensa, habría sido el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Los bloqueos ante el intento de desclasificación
Este 6 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos votará una moción que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I. Pero distintas organizaciones que exigen la desclasificación manifestaron a Diario y Radio Universidad de Chile que la iniciativa es claramente insuficiente para el esclarecimiento de la verdad plena en Chile.
Este es el segundo proyecto y, a juicio de muchos, es limitado. De hecho, de aprobarse la moción, tan sólo los Tribunales de Justicia podrían acceder a la información hoy secreta al público, y esto en el caso de que lo solicitacen específicamente, y el conocimiento del contenido de estos dependerá arbitrariamente del criterio particular de cada juez.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien presentó esta y la anterior iniciativa que planteaba levantar el secreto a toda la ciudadanía, manifestó a nuestro medio que al redactar el actual proyecto debieron acotar a que sólo tribunales tuviera acceso, puesto que en la primera moción no se alcanzó el acuerdo, siendo rechazado en agosto de 2016 por la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum.
Dentro de los cálculos, en aquella oportunidad, estaba que la derecha en bloque rechazara la medida, cosa que ocurrió. Pero no se esperaba que dentro de la propia Nueva Mayoría, Pepe Auth (ex PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Joaquín Tuma (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marco Antonio Núñez (PPD) y Marcelo Schilling (PS) rechazaran también el proyecto, o que Daniel Farcas (DC), Pablo Lorenzini (DC) y Ramón Farías (PPD) se abstuvieran.
Días después Gutiérrez y otros diputados presentaron el segundo intento.
El pasado 23 de agosto la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe irritaba a varios parlamentarios, ex presos políticos o familiares de ejecutados o desaparecidos por la dictadura. La congresista, quien hoy lidera la defensa política a los ex militares presos en Punta Peuco y, a la vez, preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, rechazaba el cierre del debate al proyecto de ley que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I, lo que volvía a estancar la iniciativa por dos semanas más.
Van Rysselberghe venía dilatando el avance del proyecto desde hace un tiempo. No citó a tres sesiones anteriores a la mencionada, algo que venía preocupando a los impulsores de la ley.
Dos que expresaron su molestia durante la jornada del 23 de agosto fueron los senadores que también componen la instancia, Alejandro Navarro (PAIS) y Juan Pablo Letelier (PS). Ellos votaron a favor de cerrar el debate para que el proyecto fuera visto y votado en Sala. Apuntaron sus dardos contra Van Rysselberghe, pero obviaron que hubo otros dos votos en contra: el de Manuel José Ossandón (RN) y el de Manuel Antonio Matta, demócrata cristiano que reemplaza al senador Pedro Araya en la comisión, puesto que el padre de este último figura dentro del listado de víctimas del informe Valech.
Al igual como se pudo ver durante la tramitación de la Ley de Despenalización del aborto en tres causales, el fuego amigo perjudica una iniciativa de la Nueva Mayoría. Pero a la luz de los hechos, sería injusto responsabilizar a Matta del secretismo, puesto que más allá de su voto en la Comisión, no se ha visto un entusiasmo de parte del Ejecutivo porque esta iniciativa salga adelante.
Aquel 23 de agosto, representando al Ejecutivo tan sólo estaba Lorena Fries, actual subsecretaria de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- y quien desde sus tiempos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) venía abogando por la desclasificación. A diferencia de otras iniciativas emblemáticas del actual gobierno, como la mencionada ley relativa al aborto, La Moneda no ha movilizado su maquinaria por levantar el secreto Valech. Nicolás Eyzaguirre, hasta hace poco secretario general de la Presidencia, el hombre encargado de negociar la aprobación de las leyes, no jugó ningún rol activo en el avance del proyecto.
Los límites no solo los ponen los congresitas. En la última junta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo para la Transparencia, se recomendó que los archivos debían ser “especialmente protegidos”, en otras palabras, mantener el secreto.
La resistencia de Michelle Bachelet
El 30 de julio de 2015 la presidenta Michelle Bachelet se reunió con Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del Caso Quemados. Tras la cita, la mandataria manifestó que estudiaría levantar el secreto de la Comisión Valech I.
Pese a esto, ninguna de las iniciativas legislativas han venido de parte de La Moneda.
En diciembre de 2014, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entregó un informe a la Presidenta. El documento dado a conocer en 2015 presentaba un panorama técnico-jurídico del por qué debería levantarse el secreto y, además, contenía una propuesta concreta de cómo realizarlo. El texto quedó guardado en el escritorio de la presidencia y nunca se utilizó, es más, el Programa de Derechos Humanos finalmente se cerró, para dar paso a la recién creada subsecretaría de Derechos Humanos.
Entre los argumentos, el informe planteaba que la jurisprudencia internacional en torno a Derechos Humanos reconoce la existencia de una dimensión individual y una colectiva relativa al derecho a conocer la verdad. La colectiva se sostiene en que “la sociedad tiene el derecho a saber la verdad relacionada con los crímenes para prevenirlos en el futuro”, así manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bámaca Velásquez” visto en 2002.
También dicha Corte ha solicitado en dos oportunidades que el secreto sea levantado, en medio del caso de doce integrantes de la Fuerza Áerea, compañeros del padre de la presidenta, Alberto Bachelet, quienes fueron torturados tras el Golpe de Estado. La respuesta -contestada por el abogado Jorge Correa Sutil, en representación del Gobierno de Chile- fue negativa, amparándose en el secreto establecido en la Ley 19.992 y bajo el argumento de “justicia transicional”. Finalmente la Corte falló a favor de los ex uniformados.
Sin embargo, pese a todos los hechos, la actual Mandataria nunca se ha mostrado decidida a desclasificar la información de la Comisión Valech. Cabe destacar que en el período en que el Ministerio de Defensa coordinó las reuniones para fijar la cláusula de silencio, Michelle Bachelet era la titular de dicha cartera.
Actualmente el tribunal internacional revisa una demanda interpuesta por víctimas de prisión política y tortura, en donde se exige que se levanten los testimonios contenidos en la Comisión Valech I.
Iniciativas por terminar con los secretos
Paralelamente a los proyectos de ley existen, el colectivo político-artístico ‘Desclasificación Popular’, busca levantar el secreto mediante la solicitud de las mismas víctimas de sus antecedentes, esto a través de una relectura e “interpretación de la ley” del artículo 15 de la misma ley 19.992. Algo así como un “agujero legal” por el cual el colectivo, compuesto por diversos profesionales, ha logrado romper, en parte, el secreto de la Valech.
La iniciativa, ideada por el artista Francisco “Papas Fritas” Tapia, ha conseguido hasta ahora alrededor de 200 archivos tanto de Valech I como de Valech II, una cifra mínima frente al universo que comprenden, pero que según señalan a raíz de los datos obtenidos, demuestran la importancia del esclarecimiento de la verdad.
En tanto, la agrupación “Londres 38” desde 2014 que lleva a cabo la campaña ‘No más archivos secretos’. Entre los objetivos de esta avanzada también está la publicación de los antecedentes que guardan los informes de la comisión Valech. Mientras que uno de los logros que se planteaban en la hoy casa memoria ya fue alcanzado en parte: la liberación de la fichas de la ex Colonia Dignidad que fueron entregadas luego de un reportaje emitido por Chilevisión.
Pero en el presente, se encuentra en desarrollo un proyecto de ley, impulsado por la agrupación, que busca la modificación del DFL 5.200, que exime únicamente a las Fuerzas Armadas de enviar copias de su documentación al Archivo Nacional como cualquier repartición pública, una medida adoptada por Augusto Pinochet en 1989.
Tal como sucede con la Comisión Valech I, esta iniciativa también ha visto bloqueos, protagonizados también por el actual gobierno.
De manera paradójica, el proyecto que busca acabar con los secretos vivió una discusión secreta en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, a pedido del subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar (PS), dejando fuera de la discusión incluso al director de la DIBAM, a cargo del Archivo Nacional.
Pese a que en la Cámara de Diputados el proyecto ya fue aprobado, dicha reunión logró incluir una indicación que permite que las Fuerzas Armadas sigan custodiando los documentos, entregando al Archivo Nacional solamente los que “no requieran guardar ellos”. El problema es que no se definieron criterios sobre “qué no requieren guardar” las Fuerzas Armadas.
El lento avance en verdad y justicia ha puesto en tela de juicio el auto alabado proceso y discurso de “transición democrática” del cual, hasta el hastío, se enorgullecían los primeros gobiernos de la Concertación. Sin embargo, la política del secretismo sigue aún vigente y con ello, la carencia de justicia y reparación acorde con los estándares internacionales. Hasta ahora, lo que queda claro es que Chile avanza a paso raudo para recibir una condena del CIDH por la negación de la verdad, mientras, distintas agrupaciones siguen, a 27 años de terminada formalmente la Dictadura, luchando por lograr toda la verdad y obtener justicia.
El miércoles de esta semana la Comisión de Derechos Humanos del Senado votará la moción que busca levantar el secreto en torno a los testimonios de las víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país entre 1973 y 1990, archivos que podrían contener nombres de victimarios hoy desconocidos y que, eventualmente, podrían aportar en los procesos judiciales hoy en curso o, incluso, abrir otros.
Y la expectación es lógica. Al leer los titulares, queda la sensación de que terminará el ocultamiento de información que por cincuenta años el gobierno de Ricardo Lagos -a nombre del Estado- decretó respecto de la información contenida en la Comisión Valech I. Pero en lo concreto, los hechos apuntan a que, en caso de aprobarse el proyecto, no variará demasiado.
Una evidente desmotivación de gran parte de la Nueva Mayoría porque avance el proyecto y la esperable oposición de Chile Vamos a que la verdad sea transparentada, han sido parte de los escollos que ha debido enfrentar la tramitación de esta idea.
El secreto inicial
“¿Cómo pudimos vivir treinta años de silencio?”. Fue en noviembre de 2004, tras recibir el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como ‘Comisión Valech I’, cuando Ricardo Lagos manifestaba en cadena nacional dicha pregunta, para luego explicar que la reparación hacia las víctimas de tortura estaría orientada en “sanar las heridas y no abrirlas”, detallando de paso que; “la reparación más adecuada era una pensión”, la que se estableció en “algo más de 112 mil pesos mensuales”.
Los años pasaron, van trece desde que el ex presidente presentó las conclusiones de la Comisión que reconoció a 27.153 víctimas de tortura durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Desde 2004 hasta la fecha, el silencio del que hablaba Ricardo Lagos se ha convertido en leve susurro, puesto que la verdad completa sobre los crímenes de lesa humanidad sigue siendo en gran parte un secreto.
Sobre lo recopilado por Valech I se conocen nombres de víctimas, no así de victimarios. Esto porque así lo estableció el Poder Ejecutivo en aquella época con el secreto vigente hasta el año 2054, el que fue consolidado a través de una ley orgánica constitucional.
¿Por qué un gobierno democrático buscaría contar de manera parcial lo ocurrido en los años de dictadura? La explicación dada por Ricardo Lagos en reiteradas ocasiones a los medios es que una mujer de avanzada de edad, que habría declarado en la Comisión, se le acercó personalmente para indicarle que no quería que sus nietos conocieran los horrores que ella sufrió. Nunca se ha entregado el más mínimo detalle de quién era esa mujer, la que para el ex presidente representaba la voz de más de 27 mil personas, motivo suficiente -bajo su criterio- para decretar el secreto.
En los fundamentos del proyecto que creó la Ley 19.992, que establece reparación y beneficios para las víctimas, se argumenta que la confidencialidad es parte del éxito de la Comisión Valech I, por lo tanto, el secreto será guardado por el Estado y por quienes conformaron la instancia que recopiló los testimonios.
Aunque además, dicho texto señala explícitamente que las intenciones nunca fueron avanzar en justicia: “De este modo, el secreto que se establece sobre dichos antecedentes impide, de un lado, la desnaturalización de la función desarrollada por la Comisión y de la información proporcionada a ésta y, del otro, deja a salvo el derecho de las víctimas, que son los únicos titulares de dicha información, de disponer de ella como estimen conveniente” (Boletín N° 3762-17, 2004).
Según un reportaje publicado por Radio Villa Francia en 2015, con información obtenida de fuentes que participaron de la instancia, el trasfondo del ocultamiento es distinto a lo mencionado por el ex mandatario. Luego que la comisión terminara de recopilar los testimonios, el gobierno de aquel entonces coordinó una serie de reuniones con el alto mando de las Fuerzas Armadas, puesto que en el mundo castrense existía preocupación por los resultados, debido a la ola de procesos judiciales que podrían eventualmente desencadenarse.
Uno de los participantes de estas conversaciones, que eran coordinadas por el Ministerio de Defensa, habría sido el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Los bloqueos ante el intento de desclasificación
Este 6 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos votará una moción que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I. Pero distintas organizaciones que exigen la desclasificación manifestaron a Diario y Radio Universidad de Chile que la iniciativa es claramente insuficiente para el esclarecimiento de la verdad plena en Chile.
Este es el segundo proyecto y, a juicio de muchos, es limitado. De hecho, de aprobarse la moción, tan sólo los Tribunales de Justicia podrían acceder a la información hoy secreta al público, y esto en el caso de que lo solicitacen específicamente, y el conocimiento del contenido de estos dependerá arbitrariamente del criterio particular de cada juez.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien presentó esta y la anterior iniciativa que planteaba levantar el secreto a toda la ciudadanía, manifestó a nuestro medio que al redactar el actual proyecto debieron acotar a que sólo tribunales tuviera acceso, puesto que en la primera moción no se alcanzó el acuerdo, siendo rechazado en agosto de 2016 por la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum.
Dentro de los cálculos, en aquella oportunidad, estaba que la derecha en bloque rechazara la medida, cosa que ocurrió. Pero no se esperaba que dentro de la propia Nueva Mayoría, Pepe Auth (ex PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Joaquín Tuma (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marco Antonio Núñez (PPD) y Marcelo Schilling (PS) rechazaran también el proyecto, o que Daniel Farcas (DC), Pablo Lorenzini (DC) y Ramón Farías (PPD) se abstuvieran.
Días después Gutiérrez y otros diputados presentaron el segundo intento.
El pasado 23 de agosto la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe irritaba a varios parlamentarios, ex presos políticos o familiares de ejecutados o desaparecidos por la dictadura. La congresista, quien hoy lidera la defensa política a los ex militares presos en Punta Peuco y, a la vez, preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, rechazaba el cierre del debate al proyecto de ley que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I, lo que volvía a estancar la iniciativa por dos semanas más.
Van Rysselberghe venía dilatando el avance del proyecto desde hace un tiempo. No citó a tres sesiones anteriores a la mencionada, algo que venía preocupando a los impulsores de la ley.
Dos que expresaron su molestia durante la jornada del 23 de agosto fueron los senadores que también componen la instancia, Alejandro Navarro (PAIS) y Juan Pablo Letelier (PS). Ellos votaron a favor de cerrar el debate para que el proyecto fuera visto y votado en Sala. Apuntaron sus dardos contra Van Rysselberghe, pero obviaron que hubo otros dos votos en contra: el de Manuel José Ossandón (RN) y el de Manuel Antonio Matta, demócrata cristiano que reemplaza al senador Pedro Araya en la comisión, puesto que el padre de este último figura dentro del listado de víctimas del informe Valech.
Al igual como se pudo ver durante la tramitación de la Ley de Despenalización del aborto en tres causales, el fuego amigo perjudica una iniciativa de la Nueva Mayoría. Pero a la luz de los hechos, sería injusto responsabilizar a Matta del secretismo, puesto que más allá de su voto en la Comisión, no se ha visto un entusiasmo de parte del Ejecutivo porque esta iniciativa salga adelante.
Aquel 23 de agosto, representando al Ejecutivo tan sólo estaba Lorena Fries, actual subsecretaria de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- y quien desde sus tiempos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) venía abogando por la desclasificación. A diferencia de otras iniciativas emblemáticas del actual gobierno, como la mencionada ley relativa al aborto, La Moneda no ha movilizado su maquinaria por levantar el secreto Valech. Nicolás Eyzaguirre, hasta hace poco secretario general de la Presidencia, el hombre encargado de negociar la aprobación de las leyes, no jugó ningún rol activo en el avance del proyecto.
Los límites no solo los ponen los congresitas. En la última junta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo para la Transparencia, se recomendó que los archivos debían ser “especialmente protegidos”, en otras palabras, mantener el secreto.
La resistencia de Michelle Bachelet
El 30 de julio de 2015 la presidenta Michelle Bachelet se reunió con Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del Caso Quemados. Tras la cita, la mandataria manifestó que estudiaría levantar el secreto de la Comisión Valech I.
Pese a esto, ninguna de las iniciativas legislativas han venido de parte de La Moneda.
En diciembre de 2014, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entregó un informe a la Presidenta. El documento dado a conocer en 2015 presentaba un panorama técnico-jurídico del por qué debería levantarse el secreto y, además, contenía una propuesta concreta de cómo realizarlo. El texto quedó guardado en el escritorio de la presidencia y nunca se utilizó, es más, el Programa de Derechos Humanos finalmente se cerró, para dar paso a la recién creada subsecretaría de Derechos Humanos.
Entre los argumentos, el informe planteaba que la jurisprudencia internacional en torno a Derechos Humanos reconoce la existencia de una dimensión individual y una colectiva relativa al derecho a conocer la verdad. La colectiva se sostiene en que “la sociedad tiene el derecho a saber la verdad relacionada con los crímenes para prevenirlos en el futuro”, así manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bámaca Velásquez” visto en 2002.
También dicha Corte ha solicitado en dos oportunidades que el secreto sea levantado, en medio del caso de doce integrantes de la Fuerza Áerea, compañeros del padre de la presidenta, Alberto Bachelet, quienes fueron torturados tras el Golpe de Estado. La respuesta -contestada por el abogado Jorge Correa Sutil, en representación del Gobierno de Chile- fue negativa, amparándose en el secreto establecido en la Ley 19.992 y bajo el argumento de “justicia transicional”. Finalmente la Corte falló a favor de los ex uniformados.
Sin embargo, pese a todos los hechos, la actual Mandataria nunca se ha mostrado decidida a desclasificar la información de la Comisión Valech. Cabe destacar que en el período en que el Ministerio de Defensa coordinó las reuniones para fijar la cláusula de silencio, Michelle Bachelet era la titular de dicha cartera.
Actualmente el tribunal internacional revisa una demanda interpuesta por víctimas de prisión política y tortura, en donde se exige que se levanten los testimonios contenidos en la Comisión Valech I.
Iniciativas por terminar con los secretos
Paralelamente a los proyectos de ley existen, el colectivo político-artístico ‘Desclasificación Popular’, busca levantar el secreto mediante la solicitud de las mismas víctimas de sus antecedentes, esto a través de una relectura e “interpretación de la ley” del artículo 15 de la misma ley 19.992. Algo así como un “agujero legal” por el cual el colectivo, compuesto por diversos profesionales, ha logrado romper, en parte, el secreto de la Valech.
La iniciativa, ideada por el artista Francisco “Papas Fritas” Tapia, ha conseguido hasta ahora alrededor de 200 archivos tanto de Valech I como de Valech II, una cifra mínima frente al universo que comprenden, pero que según señalan a raíz de los datos obtenidos, demuestran la importancia del esclarecimiento de la verdad.
En tanto, la agrupación “Londres 38” desde 2014 que lleva a cabo la campaña ‘No más archivos secretos’. Entre los objetivos de esta avanzada también está la publicación de los antecedentes que guardan los informes de la comisión Valech. Mientras que uno de los logros que se planteaban en la hoy casa memoria ya fue alcanzado en parte: la liberación de la fichas de la ex Colonia Dignidad que fueron entregadas luego de un reportaje emitido por Chilevisión.
Pero en el presente, se encuentra en desarrollo un proyecto de ley, impulsado por la agrupación, que busca la modificación del DFL 5.200, que exime únicamente a las Fuerzas Armadas de enviar copias de su documentación al Archivo Nacional como cualquier repartición pública, una medida adoptada por Augusto Pinochet en 1989.
Tal como sucede con la Comisión Valech I, esta iniciativa también ha visto bloqueos, protagonizados también por el actual gobierno.
De manera paradójica, el proyecto que busca acabar con los secretos vivió una discusión secreta en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, a pedido del subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar (PS), dejando fuera de la discusión incluso al director de la DIBAM, a cargo del Archivo Nacional.
Pese a que en la Cámara de Diputados el proyecto ya fue aprobado, dicha reunión logró incluir una indicación que permite que las Fuerzas Armadas sigan custodiando los documentos, entregando al Archivo Nacional solamente los que “no requieran guardar ellos”. El problema es que no se definieron criterios sobre “qué no requieren guardar” las Fuerzas Armadas.
El lento avance en verdad y justicia ha puesto en tela de juicio el auto alabado proceso y discurso de “transición democrática” del cual, hasta el hastío, se enorgullecían los primeros gobiernos de la Concertación. Sin embargo, la política del secretismo sigue aún vigente y con ello, la carencia de justicia y reparación acorde con los estándares internacionales. Hasta ahora, lo que queda claro es que Chile avanza a paso raudo para recibir una condena del CIDH por la negación de la verdad, mientras, distintas agrupaciones siguen, a 27 años de terminada formalmente la Dictadura, luchando por lograr toda la verdad y obtener justicia.
El miércoles de esta semana la Comisión de Derechos Humanos del Senado votará la moción que busca levantar el secreto en torno a los testimonios de las víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país entre 1973 y 1990, archivos que podrían contener nombres de victimarios hoy desconocidos y que, eventualmente, podrían aportar en los procesos judiciales hoy en curso o, incluso, abrir otros.
Y la expectación es lógica. Al leer los titulares, queda la sensación de que terminará el ocultamiento de información que por cincuenta años el gobierno de Ricardo Lagos -a nombre del Estado- decretó respecto de la información contenida en la Comisión Valech I. Pero en lo concreto, los hechos apuntan a que, en caso de aprobarse el proyecto, no variará demasiado.
Una evidente desmotivación de gran parte de la Nueva Mayoría porque avance el proyecto y la esperable oposición de Chile Vamos a que la verdad sea transparentada, han sido parte de los escollos que ha debido enfrentar la tramitación de esta idea.
El secreto inicial
“¿Cómo pudimos vivir treinta años de silencio?”. Fue en noviembre de 2004, tras recibir el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como ‘Comisión Valech I’, cuando Ricardo Lagos manifestaba en cadena nacional dicha pregunta, para luego explicar que la reparación hacia las víctimas de tortura estaría orientada en “sanar las heridas y no abrirlas”, detallando de paso que; “la reparación más adecuada era una pensión”, la que se estableció en “algo más de 112 mil pesos mensuales”.
Los años pasaron, van trece desde que el ex presidente presentó las conclusiones de la Comisión que reconoció a 27.153 víctimas de tortura durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Desde 2004 hasta la fecha, el silencio del que hablaba Ricardo Lagos se ha convertido en leve susurro, puesto que la verdad completa sobre los crímenes de lesa humanidad sigue siendo en gran parte un secreto.
Sobre lo recopilado por Valech I se conocen nombres de víctimas, no así de victimarios. Esto porque así lo estableció el Poder Ejecutivo en aquella época con el secreto vigente hasta el año 2054, el que fue consolidado a través de una ley orgánica constitucional.
¿Por qué un gobierno democrático buscaría contar de manera parcial lo ocurrido en los años de dictadura? La explicación dada por Ricardo Lagos en reiteradas ocasiones a los medios es que una mujer de avanzada de edad, que habría declarado en la Comisión, se le acercó personalmente para indicarle que no quería que sus nietos conocieran los horrores que ella sufrió. Nunca se ha entregado el más mínimo detalle de quién era esa mujer, la que para el ex presidente representaba la voz de más de 27 mil personas, motivo suficiente -bajo su criterio- para decretar el secreto.
En los fundamentos del proyecto que creó la Ley 19.992, que establece reparación y beneficios para las víctimas, se argumenta que la confidencialidad es parte del éxito de la Comisión Valech I, por lo tanto, el secreto será guardado por el Estado y por quienes conformaron la instancia que recopiló los testimonios.
Aunque además, dicho texto señala explícitamente que las intenciones nunca fueron avanzar en justicia: “De este modo, el secreto que se establece sobre dichos antecedentes impide, de un lado, la desnaturalización de la función desarrollada por la Comisión y de la información proporcionada a ésta y, del otro, deja a salvo el derecho de las víctimas, que son los únicos titulares de dicha información, de disponer de ella como estimen conveniente” (Boletín N° 3762-17, 2004).
Según un reportaje publicado por Radio Villa Francia en 2015, con información obtenida de fuentes que participaron de la instancia, el trasfondo del ocultamiento es distinto a lo mencionado por el ex mandatario. Luego que la comisión terminara de recopilar los testimonios, el gobierno de aquel entonces coordinó una serie de reuniones con el alto mando de las Fuerzas Armadas, puesto que en el mundo castrense existía preocupación por los resultados, debido a la ola de procesos judiciales que podrían eventualmente desencadenarse.
Uno de los participantes de estas conversaciones, que eran coordinadas por el Ministerio de Defensa, habría sido el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Los bloqueos ante el intento de desclasificación
Este 6 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos votará una moción que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I. Pero distintas organizaciones que exigen la desclasificación manifestaron a Diario y Radio Universidad de Chile que la iniciativa es claramente insuficiente para el esclarecimiento de la verdad plena en Chile.
Este es el segundo proyecto y, a juicio de muchos, es limitado. De hecho, de aprobarse la moción, tan sólo los Tribunales de Justicia podrían acceder a la información hoy secreta al público, y esto en el caso de que lo solicitacen específicamente, y el conocimiento del contenido de estos dependerá arbitrariamente del criterio particular de cada juez.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien presentó esta y la anterior iniciativa que planteaba levantar el secreto a toda la ciudadanía, manifestó a nuestro medio que al redactar el actual proyecto debieron acotar a que sólo tribunales tuviera acceso, puesto que en la primera moción no se alcanzó el acuerdo, siendo rechazado en agosto de 2016 por la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum.
Dentro de los cálculos, en aquella oportunidad, estaba que la derecha en bloque rechazara la medida, cosa que ocurrió. Pero no se esperaba que dentro de la propia Nueva Mayoría, Pepe Auth (ex PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Joaquín Tuma (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marco Antonio Núñez (PPD) y Marcelo Schilling (PS) rechazaran también el proyecto, o que Daniel Farcas (DC), Pablo Lorenzini (DC) y Ramón Farías (PPD) se abstuvieran.
Días después Gutiérrez y otros diputados presentaron el segundo intento.
El pasado 23 de agosto la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe irritaba a varios parlamentarios, ex presos políticos o familiares de ejecutados o desaparecidos por la dictadura. La congresista, quien hoy lidera la defensa política a los ex militares presos en Punta Peuco y, a la vez, preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, rechazaba el cierre del debate al proyecto de ley que busca levantar el secreto de la Comisión Valech I, lo que volvía a estancar la iniciativa por dos semanas más.
Van Rysselberghe venía dilatando el avance del proyecto desde hace un tiempo. No citó a tres sesiones anteriores a la mencionada, algo que venía preocupando a los impulsores de la ley.
Dos que expresaron su molestia durante la jornada del 23 de agosto fueron los senadores que también componen la instancia, Alejandro Navarro (PAIS) y Juan Pablo Letelier (PS). Ellos votaron a favor de cerrar el debate para que el proyecto fuera visto y votado en Sala. Apuntaron sus dardos contra Van Rysselberghe, pero obviaron que hubo otros dos votos en contra: el de Manuel José Ossandón (RN) y el de Manuel Antonio Matta, demócrata cristiano que reemplaza al senador Pedro Araya en la comisión, puesto que el padre de este último figura dentro del listado de víctimas del informe Valech.
Al igual como se pudo ver durante la tramitación de la Ley de Despenalización del aborto en tres causales, el fuego amigo perjudica una iniciativa de la Nueva Mayoría. Pero a la luz de los hechos, sería injusto responsabilizar a Matta del secretismo, puesto que más allá de su voto en la Comisión, no se ha visto un entusiasmo de parte del Ejecutivo porque esta iniciativa salga adelante.
Aquel 23 de agosto, representando al Ejecutivo tan sólo estaba Lorena Fries, actual subsecretaria de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- y quien desde sus tiempos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) venía abogando por la desclasificación. A diferencia de otras iniciativas emblemáticas del actual gobierno, como la mencionada ley relativa al aborto, La Moneda no ha movilizado su maquinaria por levantar el secreto Valech. Nicolás Eyzaguirre, hasta hace poco secretario general de la Presidencia, el hombre encargado de negociar la aprobación de las leyes, no jugó ningún rol activo en el avance del proyecto.
Los límites no solo los ponen los congresitas. En la última junta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo para la Transparencia, se recomendó que los archivos debían ser “especialmente protegidos”, en otras palabras, mantener el secreto.
La resistencia de Michelle Bachelet
El 30 de julio de 2015 la presidenta Michelle Bachelet se reunió con Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del Caso Quemados. Tras la cita, la mandataria manifestó que estudiaría levantar el secreto de la Comisión Valech I.
Pese a esto, ninguna de las iniciativas legislativas han venido de parte de La Moneda.
En diciembre de 2014, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entregó un informe a la Presidenta. El documento dado a conocer en 2015 presentaba un panorama técnico-jurídico del por qué debería levantarse el secreto y, además, contenía una propuesta concreta de cómo realizarlo. El texto quedó guardado en el escritorio de la presidencia y nunca se utilizó, es más, el Programa de Derechos Humanos finalmente se cerró, para dar paso a la recién creada subsecretaría de Derechos Humanos.
Entre los argumentos, el informe planteaba que la jurisprudencia internacional en torno a Derechos Humanos reconoce la existencia de una dimensión individual y una colectiva relativa al derecho a conocer la verdad. La colectiva se sostiene en que “la sociedad tiene el derecho a saber la verdad relacionada con los crímenes para prevenirlos en el futuro”, así manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bámaca Velásquez” visto en 2002.
También dicha Corte ha solicitado en dos oportunidades que el secreto sea levantado, en medio del caso de doce integrantes de la Fuerza Áerea, compañeros del padre de la presidenta, Alberto Bachelet, quienes fueron torturados tras el Golpe de Estado. La respuesta -contestada por el abogado Jorge Correa Sutil, en representación del Gobierno de Chile- fue negativa, amparándose en el secreto establecido en la Ley 19.992 y bajo el argumento de “justicia transicional”. Finalmente la Corte falló a favor de los ex uniformados.
Sin embargo, pese a todos los hechos, la actual Mandataria nunca se ha mostrado decidida a desclasificar la información de la Comisión Valech. Cabe destacar que en el período en que el Ministerio de Defensa coordinó las reuniones para fijar la cláusula de silencio, Michelle Bachelet era la titular de dicha cartera.
Actualmente el tribunal internacional revisa una demanda interpuesta por víctimas de prisión política y tortura, en donde se exige que se levanten los testimonios contenidos en la Comisión Valech I.
Iniciativas por terminar con los secretos
Paralelamente a los proyectos de ley existen, el colectivo político-artístico ‘Desclasificación Popular’, busca levantar el secreto mediante la solicitud de las mismas víctimas de sus antecedentes, esto a través de una relectura e “interpretación de la ley” del artículo 15 de la misma ley 19.992. Algo así como un “agujero legal” por el cual el colectivo, compuesto por diversos profesionales, ha logrado romper, en parte, el secreto de la Valech.
La iniciativa, ideada por el artista Francisco “Papas Fritas” Tapia, ha conseguido hasta ahora alrededor de 200 archivos tanto de Valech I como de Valech II, una cifra mínima frente al universo que comprenden, pero que según señalan a raíz de los datos obtenidos, demuestran la importancia del esclarecimiento de la verdad.
En tanto, la agrupación “Londres 38” desde 2014 que lleva a cabo la campaña ‘No más archivos secretos’. Entre los objetivos de esta avanzada también está la publicación de los antecedentes que guardan los informes de la comisión Valech. Mientras que uno de los logros que se planteaban en la hoy casa memoria ya fue alcanzado en parte: la liberación de la fichas de la ex Colonia Dignidad que fueron entregadas luego de un reportaje emitido por Chilevisión.
Pero en el presente, se encuentra en desarrollo un proyecto de ley, impulsado por la agrupación, que busca la modificación del DFL 5.200, que exime únicamente a las Fuerzas Armadas de enviar copias de su documentación al Archivo Nacional como cualquier repartición pública, una medida adoptada por Augusto Pinochet en 1989.
Tal como sucede con la Comisión Valech I, esta iniciativa también ha visto bloqueos, protagonizados también por el actual gobierno.
De manera paradójica, el proyecto que busca acabar con los secretos vivió una discusión secreta en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, a pedido del subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar (PS), dejando fuera de la discusión incluso al director de la DIBAM, a cargo del Archivo Nacional.
Pese a que en la Cámara de Diputados el proyecto ya fue aprobado, dicha reunión logró incluir una indicación que permite que las Fuerzas Armadas sigan custodiando los documentos, entregando al Archivo Nacional solamente los que “no requieran guardar ellos”. El problema es que no se definieron criterios sobre “qué no requieren guardar” las Fuerzas Armadas.
El lento avance en verdad y justicia ha puesto en tela de juicio el auto alabado proceso y discurso de “transición democrática” del cual, hasta el hastío, se enorgullecían los primeros gobiernos de la Concertación. Sin embargo, la política del secretismo sigue aún vigente y con ello, la carencia de justicia y reparación acorde con los estándares internacionales. Hasta ahora, lo que queda claro es que Chile avanza a paso raudo para recibir una condena del CIDH por la negación de la verdad, mientras, distintas agrupaciones siguen, a 27 años de terminada formalmente la Dictadura, luchando por lograr toda la verdad y obtener justicia.
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