El periodista Juan Pablo Cárdenas conversó con Eduardo Contreras Mella, abogado de la Universidad de Chile, ex alcalde comunista de la comuna de Chillán y diputado por la zona, además de embajador de Chile en Uruguay durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El abogado comentó los avances de esta administración en diversas materias y calificó este periodo como la verdadera transición hacia la democracia, aunque indicó que no se ha realizado “de forma brillante”.  Además, se refirió a las próximas elecciones.

El Centro de Estudios Conflicto y Cohesión Social (COES) emitió un informe en el que indica que un 68 por ciento de los chilenos no está satisfecho con nuestra democracia ¿Qué comentario le merece esto?

Yo conocí las cifras y honestamente no me extrañó mucho. Mi visión es que el país empezó realmente la transición en este Gobierno, pero no lo hizo de manera brillante. Creo que al descontento natural de la sociedad chilena, que veía cómo los elementos fundamentales de la dictadura persistían en el tiempo, no hablo del terror sino de aspectos como la constitución política y el modelo económico, se suma el de quienes esperaban que los cambios fueran más profundos y radicales.

Yo creo que hay reformas y probablemente de aquí a diez años más, cuando se analice este periodo, se llegará a la conclusión de que la transición partió ahora, porque ningún gobierno anterior adoptó algunas medida que permitiera diferenciar la democracia con lo que era la dictadura, me refiero, por ejemplo, a que no tocaron a los empresarios.

Este gobierno abordó la reforma tributaria y laboral, el término del binominal y una convocatoria ciudadana para cambiar la Constitución. Sin embargo, no todo fue llevado a cabo cómo se había planteado y creo que eso provocó una gran decepción y frustración que explica, por ejemplo, el surgimiento de fenómenos como el Frente Amplio.

Se produce una contradicción muy curiosa,  porque uno valora las iniciativas que se han tomado en el actual Gobierno pero critica el hecho de que estos cambios no se hayan desarrollado de la forma en la que se plantearon originalmente. Eso se suma al descontento por mantener las cosas desde la dictadura.

¿Qué ha sido lo más contundente de este periodo de Michelle Bachelet que le permite decir que se inició realmente la transición?

Lo más importante es que los que ganan más pagan más, porque la reforma tributaria produjo ese efecto. Luego el término del binominal que democratizó el proceso electoral, vamos a tener por primera vez en mucho tiempo una elección distinta. A mí me apasiona mucho el tema constitucional y creo que es una de las reformas fundamentales; decirle a los chilenos cambiemos este modelo de Estado porque no es lo que Chile quiere y necesita.

Hay otros cambios, también, como las reformas que tienen que ver con género y matrimonio igualitario, que son conquistas importantes que no se abordaron en el pasado. Además, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, lo que ha ocurrido últimamente te permite ver que efectivamente hubo pactos de silencio. Me refiero a escuchar, por ejemplo, en la presentación del libro “Magnicidio” de Carmen Frei, a personas como ella misma y Carolina Goic denunciando la Mesa de Diálogo que se hizo bajo la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando el ministro de Defensa era Edmundo Pérez Yoma.

Nosotros habíamos denunciado eso como una mascarada, dijimos que no era real y el tiempo demostró que teníamos razón, porque se entregaron datos de ubicación de detenidos desaparecidos que eran absolutamente falsos. Escuchar todo esto ahora es muy honesto, principalmente de quienes formaban parte o tenían simpatía por ese gobierno.

Creo que hay que preguntarse si finalmente Pinochet fue derrotado;  mi opinión es que nunca. Como voy a pensar que fue derrotado si siguió como comandante en jefe del Ejército durante muchos años y después lo hicieron senador vitalicio. Esto es lo que nos asemeja a España con Franco y lo que nos diferencia de otros países donde el dictador fue realmente derrotado, no digo por las armas pero al menos una derrota política,  lo que no ocurrió acá.

El tema sensible es lo de los DDHH. Esto se enfrentó con una frase muy clásica de Patricio Aylwin cuando dijo que “se hará justicia en la medida de lo posible” ¿Qué hay ahora en esta administración que permite afirman que por fin se va a conocer la verdad y se avanzará en resover los pendientes en la materia?

Respecto de los momentos distintos que tú señalas, impunidad los primeros años y acción los siguientes, en la carta pública de los ex comandantes hay varias frases que refieren exactamente a lo que nosotros estamos conversando. Ellos dicen que lamentan que nos se trate el tema como se hizo en los primeros años. Eso para mí es la confesión de un acuerdo, de una transacción más que una transición.

Eso tiene que ver con la intensa actividad de las agrupaciones de familiares. Si tú ves el centro de todo esto te das cuenta que el trabajo de los familiares de los detenidos desaparecidos es fundamental. No existiría este grupo grande de abogados de DDHH si no hubiéramos sido conmovidos por la actividad de los familiares. Con el curso del tiempo, luego de la querella que presentamos con Gladys Marín en 1998 cuando el juez Guzmán abrió por primera vez los procesos judiciales, hoy hay más de 1250 juicios en curso y más de 100 personas en la cárcel.

Todo el escándalo de los pobres viejitos de Punta Peuco tiene que ver con el trabajo de los jueces, quienes tienen dedicación especial, lo que no había hace diez años. Se ha llegado primero al tema de los detenidos desaparecidos, luego aceptaron que se tramitaran juicios por los ejecutados políticos y hoy ya se está trabajando en lo de las torturas. Eso significa que los tribunales se han copado de una forma muy impresionante, algo que no se da en otros lugares de América Latina.

La gente me pregunta cómo pasa esto si los delitos tendrían que estar prescritos. Hay un hecho muy curioso y poco conocido: cuando empezamos con la querella en 1998,  un estimado amigo contador me llevó de regalo un libro con decretos y leyes de la dictadura. Empecé a curiosear y encontré en las primeras páginas el decreto de ley N°5 del mismo 11 de septiembre, en el que Augusto Pinochet declara al país estado de guerra. Eso se hizo aplicable a la legislación y a los convenios de Ginebra, que eran parte del derecho chileno desde los 50. Por lo tanto, fue Pinochet quien estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y como la Corte Suprema en los primeros años justificaba los crímenes diciendo que había guerra, mi argumento era ese. En la práctica no era cierto que estábamos en guerra, pero jurídicamente sí, por lo que los Convenios de Ginebra se aplicaron.

Uno se pregunta muchas veces, ¿qué más van a perseguir los abogados de DDHH o las víctimas de la represión? Solo llevar a la cárcel y esclarecer los crímenes de la dictadura o también podremos alguna vez entrar en una fase de hacer justicia respecto de los grandes beneficiados de la dictadura, como los civiles que se enriquecieron al abrigo del gobierno de Pinochet. Hay empresas que el Estado perdió y nunca recuperó…

Hay esfuerzos en ese sentido, pero con toda honestidad hay que decir que son infructuosos, principalmente desde el plano de la política cuando se espera levantar proyectos que permitan recuperar las empresas del Estado. Hay que reconocer que una gran mayoría de sectores políticos recibieron muchos beneficios, como el caso de Julio Ponce Lerou y Soquimich.

Sin embargo, también es bueno que se sepa que en el año 2013 presentamos una querella contra los autores civiles del Golpe, que está dirigida a los grandes medios de comunicación de la época, El Mercurio y La Tercera, y al empresariado. Esa querella tiene hoy varias miles de páginas. Yo sinceramente no estoy convencido de que lleguemos a procesar a nadie ni que haya condenas, tengo muchas dudas, porque incluso ahí hay una cuestión de tipo jurídico que indica que lo sedicioso no es delito de lesa humanidad y por tanto estaría prescrito.

De todas formas, aunque no se condene ni procese a nadie, ese expediente tiene un mérito excepcional para los periodistas, los investigadores y los historiadores, y por lo tanto para la memoria histórica de Chile. Se acaba de ir se Chile Peter Kornbluh, un norteamericano que ha trabajado en la desclasificación de los documentos de la CIA. Hace dos años hubo un careo entre él y Agustín Edwards por este proceso que estoy comentando y Edwards terminó por reconocer la reunión con Henry Kissinger en septiembre de 1970, antes que asumiera Salvador Allende. Lo curiosos es que confirmó la reunión, pero aseguró que no hablaron de golpe.

Con esto quiero decir que se ha avanzado y que quien se interese por el tema puede encontrar ahí una riquísima información respecto de la actuación de los dirigentes de la Sofofa, de los empresarios, de los dueños de los medios de comunicación y de muchos políticos. Algunos perdieron la memoria, lo que me llama la atención, pero ha habido una interesante colaboración de otros. Hay que destacar que esta querella se presentó por el impulso de las dos más grandes asociaciones de familiares de víctimas, la de detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos, no fue iniciativa nuestra. Se hizo esta querella, su destino es incierto, pero se hizo.

Puede que criminalmente ninguna de estas personas sea sancionada, pero desde el punto de vista civil, ¿puede el Estado recuperar recursos o expropiar empresas? ¿Eso es posible?

Lo veo muy posible porque siento que cada vez crece más en el país la sensación de que se tienen que hacer cambios sobre el papel del Estado en la sociedad. Con un Estado subsidiario como el de hoy no hay posibilidades de recuperar nada. Sin embargo, esto puede cambiar si se impone un criterio que ciudadano, que ya no tiene que ver solo con la izquierda. Es el caso de lo que ocurre con NO+AFP, por ejemplo. Ahí hay una presencia histórica que indica que la gente no quiere más ese sistema de pensiones. Si hay movimientos similares, donde se llega a acuerdos con sectores que incluso antes estuvieron más cerca de la dictadura, creo que es posible recuperar el papel activo del estado en la economía, nuevamente con una economía planificada.

Se sabe que hay reservas multimillonarias del Estado chileno, con el que se podrían emprender nuevas empresas, como lo hizo en su momento la Corfo ¿Tú crees que hay disposición política para avanzar hacia reformas de ese tipo?

En la masa ciudadana sí, pero en las dirigencias políticas esto está de forma más suavizada. Crep que es posible porque paralelamente surge también la exigencia del fin de la famosa ley reservada del cobre, donde hay una cantidad enorme de recursos que nadie sabe su destino y que servirían para financiar muchos proyectos que el pueblo exige hoy. Además, hay demandas que exigen terminar con las indemnizaciones y jubilaciones millonarias de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, las cuales son un verdadero escándalo.

¿Hay posibilidades de construir una verdadera democracia cuando apenas un 19 por ciento de los chilenos le cree a quienes están en La Moneda? Considerando que solo un 4 por ciento dice tener plena confianza en las autoridades actuales ¿Es posible concebir reformas con este cuadro de decepción general?

Yo creo que mantener el deseo de la transformación es absolutamente posible, cosa distinta es lograrlo. Los factores reales del poder en toda sociedad están dado por la fuerza, que son las Fuerzas Armadas, por las ideas, que son los medios de comunicación, y por el dinero, que son los empresarios. La manipulación que existe hoy en la prensa tiene excepciones muy escasas en la sociedad chilena.  El otro día un político que se considera de centro izquierda decía que no concibe levantarse en la mañana sin leer entero El Mercurio, el diario que inspiró el golpe y negoció con la CIA. Eso te explica el bajísimo porcentaje de personas que quieren cambios. También está el caso de Televisión Nacional que le ha dado duro a la presidenta Michelle Bachelet.

A pesar de que internet amplió mucho las posibilidades de expresión, lo concreto es que el duopolio se mantiene en la prensa y la televisión sigue igual de concentrada ideológicamente.

Así es y los programas de Derechos Humanos se transmiten de una manera tan especial que no todo el mundo tiene acceso, porque no van en la televisión abierta. Yo creo que el tema de los medios es una cuestión vital en lo que tú planteas. Ahora hay que decir que esto ocurre en muchos países, yo converso mucho con abogados y políticos españoles y ellos alaban lo que ocurre en Chile porque allá han pasado muchos más años desde Franco y están en una situación inferior en muchos aspectos.

Es verdad que allá ha empezado a surgir Podemos y una izquierda más amplia, pero la verdad es que en materia de Derechos Humanos nunca hubo juicios. No es que me conforme al decir que en otro país están peor, pero a pesar de los medios de comunicación, el peso de la armada y el poder del empresariado, Chile por alguna razón avanza. Yo tengo fe en que el papel del Estado será recuperado, la educación será otra y se crearán generaciones de hombres cultos como ocurrió del año 38 en adelante.

En materia electoral, ¿cuál es tú opinión respecto de la división y la corrupción de la política? Hoy tenemos dos candidatos presidenciales que son parte del mismo sector y, al menos, cuatro o cinco candidatos que pueden ser asignados a la izquierda. Esto explica en buena parte que Sebastián Piñera sea uno de los que tiene más posibilidades de gobernar Chile.

Creo que esto es la expresión del dominio sin contrapeso de los medios de comunicación y del poder del empresariado que favorece a Sebastián Piñera. Sin embargo, también creo que es la debilidad de la izquierda, su confusión y falta de acuerdo. Llamo izquierda no solo a los partidos tradicionales, sino al movimiento social progresista. Creo que lo que tú señalas sobre la gran cantidad de candidatos es una expresión de la falta de unidad de los distintos sectores. Hay gente que observa esto y no puede creer que esto ocurre en un país políticamente educado, como se supone que es Chile. Yo espero que después de la primera vuelta vuelva la racionalidad y haya una unidad total y absoluta para impedir que la derecha gobierne y retrocedamos en tantas cosas.

Nosotros vivimos los momentos previos al golpe de Estado de 1973 y hemos podido hacer una reflexión respecto de lo que aconteció ¿No te da a ratos la impresión de que podríamos estar acercándonos a un nuevo quiebre institucional, principalmente después de la declaración de los ex comandante de las Fuerzas Armadas?

Yo comparto tu inquietud. Esto de la declaración en la que sectores del Gobierno le encuentren razón al comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, cuando dice que no hay más información sobre los crímenes en dictadura. Todos sabemos que eso existe. También inquieta esto de la carta de los ex militares, a la que muchos otros oficiales retirados se sumaron. No hay que dramatizar, pero creo que tenemos que preocuparnos.

No sabemos lo que piensan las Fuerzas Armadas, cuya ideología no ha cambiado a pesar de que ya no existe la Escuela de Las Américas. Tenemos que atenernos a lo que ha sido la historia de estos años, al peso de Pinochet y el pinochetismo, al compromiso de honor que firmaron los comandantes de la época y al comprobar las mentiras de los comandantes en jefes, algunos de los cuales participaron directamente en los crímenes. Eso tiene mucho que ver con la tensión que la política y los políticos democráticos pongan. Efectivamente hay un cierto ambiente desagradable de querer interrumpir el curso de los acontecimientos, para decirlo de forma suave.

Puedes ver la entrevista completa aquí.