El pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) español le cerró la posibilidad a los catalanes de llevar a cabo el referéndum que aspiraban a realizar este 1 de octubre para definir las inclinaciones independentistas de la actual región autónoma de Calaluña.
El TC tramitó los cuatro recursos presentados por el ejecutivo en el marco de la ofensiva del gobierno central por evitar la concreción del plebiscito. Los argumentos esbozados por la oposición a la votación han señalado que la convocatoria a un referéndum es competencia exclusiva del Estado. Esto quiere decir que ni legisladores ni gobiernos autonómicos contarían con la potestad para hacer este tipo de llamados.
Así fue como todo lo asociado al plebiscito entró en un clima de clandestinidad. Mientras tanto, Carles Puigdemont, presidente de la región, ha dado muestras de no tener intenciones de dar paso atrás, convirtiéndose en una importante piedra en el zapato para el gobierno de Mariano Rajoy.
Ha sido el mismo Rajoy el que ha salido a declarar enérgicamente en contra de la realización del plebiscito. A su juicio, lo que hace este referéndum es atentar directamente contra la soberanía nacional y así lo comunicó cuando fue interpelado en el Senado español: “yo he tomado dos decisiones. La primera: negarme -porque así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común- a convocar a un referéndum que liquida la soberanía nacional. La segunda decisión fue intentar que cinco años sin hacer nada en el gobierno de Cataluña no perjudicara a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, pagar los vencimientos de deuda, pagar los déficit para que pudieran seguir funcionando los servicios públicos y pagar a los proveedores”.
El desmantelamiento
Pero la ofensiva oficialista fue aún más agresiva. Rajoy comenzó a buscar apoyos en sectores más alejados a su colectividad, el Partido Popular. Así consiguió los respaldos de Albert Ribera, líder del partido Ciudadanos (de corte liberal), y de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Este último fue el que salió hace algunos días a darle un espaldarazo público al Presidente haciendo un llamado a la comunidad catalana: “Resistan a los insultos en defensa de la legalidad, de la convivencia y por una solución política. Apostar al mismo tiempo por la legalidad y por un referéndum que sabemos que es ilegal y sin garantías es absolutamente incompatible. Eso los socialistas lo sabemos”.
Con el referéndum cada día más encima, y con el gobierno catalán insistiendo en la realización del plebiscito, el gobierno central decidió tomar cartas en el asunto. Este miércoles 20 de septiembre la Guardia Civil irrumpió en casas y edificios de instituciones públicas catalanas llevándose detenidos a 14 altos cargos del gobierno catalán dentro de los que se encuentran los secretarios generales de Hacienda y Economía, ambos involucrados en la preparación de la consulta. También se allanaron empresas en las que se preparaba el referéndum. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de malversación de caudales públicos, desobediencia al TC y revelación de secretos.
Esta jornada Gabriel Rufián, diputado representante de la bancada catalana en el parlamento español, dio cuenta de su preocupación sobre la situación vivida e interpeló directamente a Mariano Rajoy, quien se encontraba presente en ese momento: “esta mañana, todo ha cambiado. Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted y sus lacayos, en este mismo momento, están detenido a cargos catalanes electos simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas, y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía”.
Es un hecho que la acción de la Guardia Civil perseguía desmantelar cualquier indicio que permitiera levantar la logística de la jornada de votaciones para el 1 de octubre. El Govern (gobierno catalán), a través de Puigdemont, ha salido a decir que este acontecimiento “es impropio de una democracia y propio de un Gobierno que ha cruzado la línea roja que separa los Estados totalitarios”. “Lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la Unión Europea. Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria del Estado español y de un Gobierno que ha mostrado su cara más intolerante”, concluyó.
Raúl Sohr, analista internacional, cree que lo del Presidente español es una torpeza y coincide al afirmar que las voces catalanas no se acallarán por medidas represivas: “Rajoy ha elegido la ruta de la judicialización, siendo que el problema es evidentemente político. Él puede lograr postergar el referéndum, pero no resuelve el problema de fondo. Estas medidas represivas solo inflan más el sentimiento independentista.
El gobierno en Madrid tiene miedo a las urnas”.
Rajoy tuvo palabras para justificar el uso de las fuerzas del Estado ante el escenario: “estamos viendo un intento de liquidar la Constitución. Es gente saltándose la ley, actuando en contra de la constitución española. Lógicamente el Estado tiene que reaccionar. No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Sabían que el referéndum no se podía realizar. Yo pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y al sentido común porque, como hemos dicho, el referéndum no se puede celebrar. Lo siento mucho”.
A pesar de haber requisado millones de papeletas en esta intentona del gobierno central de desbaratar el proceso, desde Cataluña han afirmado que aún cuentan con material para concretar la logística del referéndum.
El pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) español le cerró la posibilidad a los catalanes de llevar a cabo el referéndum que aspiraban a realizar este 1 de octubre para definir las inclinaciones independentistas de la actual región autónoma de Calaluña.
El TC tramitó los cuatro recursos presentados por el ejecutivo en el marco de la ofensiva del gobierno central por evitar la concreción del plebiscito. Los argumentos esbozados por la oposición a la votación han señalado que la convocatoria a un referéndum es competencia exclusiva del Estado. Esto quiere decir que ni legisladores ni gobiernos autonómicos contarían con la potestad para hacer este tipo de llamados.
Así fue como todo lo asociado al plebiscito entró en un clima de clandestinidad. Mientras tanto, Carles Puigdemont, presidente de la región, ha dado muestras de no tener intenciones de dar paso atrás, convirtiéndose en una importante piedra en el zapato para el gobierno de Mariano Rajoy.
Ha sido el mismo Rajoy el que ha salido a declarar enérgicamente en contra de la realización del plebiscito. A su juicio, lo que hace este referéndum es atentar directamente contra la soberanía nacional y así lo comunicó cuando fue interpelado en el Senado español: “yo he tomado dos decisiones. La primera: negarme -porque así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común- a convocar a un referéndum que liquida la soberanía nacional. La segunda decisión fue intentar que cinco años sin hacer nada en el gobierno de Cataluña no perjudicara a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, pagar los vencimientos de deuda, pagar los déficit para que pudieran seguir funcionando los servicios públicos y pagar a los proveedores”.
El desmantelamiento
Pero la ofensiva oficialista fue aún más agresiva. Rajoy comenzó a buscar apoyos en sectores más alejados a su colectividad, el Partido Popular. Así consiguió los respaldos de Albert Ribera, líder del partido Ciudadanos (de corte liberal), y de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Este último fue el que salió hace algunos días a darle un espaldarazo público al Presidente haciendo un llamado a la comunidad catalana: “Resistan a los insultos en defensa de la legalidad, de la convivencia y por una solución política. Apostar al mismo tiempo por la legalidad y por un referéndum que sabemos que es ilegal y sin garantías es absolutamente incompatible. Eso los socialistas lo sabemos”.
Con el referéndum cada día más encima, y con el gobierno catalán insistiendo en la realización del plebiscito, el gobierno central decidió tomar cartas en el asunto. Este miércoles 20 de septiembre la Guardia Civil irrumpió en casas y edificios de instituciones públicas catalanas llevándose detenidos a 14 altos cargos del gobierno catalán dentro de los que se encuentran los secretarios generales de Hacienda y Economía, ambos involucrados en la preparación de la consulta. También se allanaron empresas en las que se preparaba el referéndum. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de malversación de caudales públicos, desobediencia al TC y revelación de secretos.
Esta jornada Gabriel Rufián, diputado representante de la bancada catalana en el parlamento español, dio cuenta de su preocupación sobre la situación vivida e interpeló directamente a Mariano Rajoy, quien se encontraba presente en ese momento: “esta mañana, todo ha cambiado. Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted y sus lacayos, en este mismo momento, están detenido a cargos catalanes electos simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas, y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía”.
Es un hecho que la acción de la Guardia Civil perseguía desmantelar cualquier indicio que permitiera levantar la logística de la jornada de votaciones para el 1 de octubre. El Govern (gobierno catalán), a través de Puigdemont, ha salido a decir que este acontecimiento “es impropio de una democracia y propio de un Gobierno que ha cruzado la línea roja que separa los Estados totalitarios”. “Lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la Unión Europea. Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria del Estado español y de un Gobierno que ha mostrado su cara más intolerante”, concluyó.
Raúl Sohr, analista internacional, cree que lo del Presidente español es una torpeza y coincide al afirmar que las voces catalanas no se acallarán por medidas represivas: “Rajoy ha elegido la ruta de la judicialización, siendo que el problema es evidentemente político. Él puede lograr postergar el referéndum, pero no resuelve el problema de fondo. Estas medidas represivas solo inflan más el sentimiento independentista.
El gobierno en Madrid tiene miedo a las urnas”.
Rajoy tuvo palabras para justificar el uso de las fuerzas del Estado ante el escenario: “estamos viendo un intento de liquidar la Constitución. Es gente saltándose la ley, actuando en contra de la constitución española. Lógicamente el Estado tiene que reaccionar. No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Sabían que el referéndum no se podía realizar. Yo pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y al sentido común porque, como hemos dicho, el referéndum no se puede celebrar. Lo siento mucho”.
A pesar de haber requisado millones de papeletas en esta intentona del gobierno central de desbaratar el proceso, desde Cataluña han afirmado que aún cuentan con material para concretar la logística del referéndum.
El pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) español le cerró la posibilidad a los catalanes de llevar a cabo el referéndum que aspiraban a realizar este 1 de octubre para definir las inclinaciones independentistas de la actual región autónoma de Calaluña.
El TC tramitó los cuatro recursos presentados por el ejecutivo en el marco de la ofensiva del gobierno central por evitar la concreción del plebiscito. Los argumentos esbozados por la oposición a la votación han señalado que la convocatoria a un referéndum es competencia exclusiva del Estado. Esto quiere decir que ni legisladores ni gobiernos autonómicos contarían con la potestad para hacer este tipo de llamados.
Así fue como todo lo asociado al plebiscito entró en un clima de clandestinidad. Mientras tanto, Carles Puigdemont, presidente de la región, ha dado muestras de no tener intenciones de dar paso atrás, convirtiéndose en una importante piedra en el zapato para el gobierno de Mariano Rajoy.
Ha sido el mismo Rajoy el que ha salido a declarar enérgicamente en contra de la realización del plebiscito. A su juicio, lo que hace este referéndum es atentar directamente contra la soberanía nacional y así lo comunicó cuando fue interpelado en el Senado español: “yo he tomado dos decisiones. La primera: negarme -porque así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común- a convocar a un referéndum que liquida la soberanía nacional. La segunda decisión fue intentar que cinco años sin hacer nada en el gobierno de Cataluña no perjudicara a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, pagar los vencimientos de deuda, pagar los déficit para que pudieran seguir funcionando los servicios públicos y pagar a los proveedores”.
El desmantelamiento
Pero la ofensiva oficialista fue aún más agresiva. Rajoy comenzó a buscar apoyos en sectores más alejados a su colectividad, el Partido Popular. Así consiguió los respaldos de Albert Ribera, líder del partido Ciudadanos (de corte liberal), y de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Este último fue el que salió hace algunos días a darle un espaldarazo público al Presidente haciendo un llamado a la comunidad catalana: “Resistan a los insultos en defensa de la legalidad, de la convivencia y por una solución política. Apostar al mismo tiempo por la legalidad y por un referéndum que sabemos que es ilegal y sin garantías es absolutamente incompatible. Eso los socialistas lo sabemos”.
Con el referéndum cada día más encima, y con el gobierno catalán insistiendo en la realización del plebiscito, el gobierno central decidió tomar cartas en el asunto. Este miércoles 20 de septiembre la Guardia Civil irrumpió en casas y edificios de instituciones públicas catalanas llevándose detenidos a 14 altos cargos del gobierno catalán dentro de los que se encuentran los secretarios generales de Hacienda y Economía, ambos involucrados en la preparación de la consulta. También se allanaron empresas en las que se preparaba el referéndum. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de malversación de caudales públicos, desobediencia al TC y revelación de secretos.
Esta jornada Gabriel Rufián, diputado representante de la bancada catalana en el parlamento español, dio cuenta de su preocupación sobre la situación vivida e interpeló directamente a Mariano Rajoy, quien se encontraba presente en ese momento: “esta mañana, todo ha cambiado. Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted y sus lacayos, en este mismo momento, están detenido a cargos catalanes electos simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas, y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía”.
Es un hecho que la acción de la Guardia Civil perseguía desmantelar cualquier indicio que permitiera levantar la logística de la jornada de votaciones para el 1 de octubre. El Govern (gobierno catalán), a través de Puigdemont, ha salido a decir que este acontecimiento “es impropio de una democracia y propio de un Gobierno que ha cruzado la línea roja que separa los Estados totalitarios”. “Lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la Unión Europea. Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria del Estado español y de un Gobierno que ha mostrado su cara más intolerante”, concluyó.
Raúl Sohr, analista internacional, cree que lo del Presidente español es una torpeza y coincide al afirmar que las voces catalanas no se acallarán por medidas represivas: “Rajoy ha elegido la ruta de la judicialización, siendo que el problema es evidentemente político. Él puede lograr postergar el referéndum, pero no resuelve el problema de fondo. Estas medidas represivas solo inflan más el sentimiento independentista.
El gobierno en Madrid tiene miedo a las urnas”.
Rajoy tuvo palabras para justificar el uso de las fuerzas del Estado ante el escenario: “estamos viendo un intento de liquidar la Constitución. Es gente saltándose la ley, actuando en contra de la constitución española. Lógicamente el Estado tiene que reaccionar. No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Sabían que el referéndum no se podía realizar. Yo pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y al sentido común porque, como hemos dicho, el referéndum no se puede celebrar. Lo siento mucho”.
A pesar de haber requisado millones de papeletas en esta intentona del gobierno central de desbaratar el proceso, desde Cataluña han afirmado que aún cuentan con material para concretar la logística del referéndum.
