Fue uno de los puntos más polémicos en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia discutida durante 2016, y pese a que se aprobó, las críticas al Control Preventivo de Identidad siguen estando presentes en el ámbito legislativo y en las organizaciones interesadas en las políticas de seguridad pública.
En julio de este año un grupo de diputados tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos, presentaron una moción que busca que el control se amplíe a jóvenes a partir de los 16 años de edad. Pero la iniciativa ha encontrado oposición en organizaciones como Paz Ciudadana y Espacio Público, quienes argumentan con estadísticas que esta política fracasó.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado y Presidente Ejecutivo de Espacio Público aseguró que existen datos que muestran que no era necesario implementar esta medida ya que la cantidad de controles realizados por la policía siguen estables en relación a los que se hacían antes y además, las órdenes de detención pendientes no han disminuido, sino que aumentado.
“Los cinco años anteriores a este control, los datos de Carabineros mostraban que en promedio hacían controles a 2 millones 10 mil personas, y los datos proyectados para un año de funcionamiento de este nuevo sistema, donde junto con el control antiguo se hace el nuevo, te indican que harán alrededor de 2 millones de controles, es decir un poco menos que el promedio de los cinco años anteriores”, dijo.
A juicio del experto lo que ha ocurrido con esta legislación es que se ha promovido un trabajo policial de menor calidad y menor eficacia, en donde las policías están dedicadas a combatir la delincuencia con herramientas más básicas y menos efectivas.
Duce señala que en los primeros nueve meses de funcionamiento se demuestra que en el actual control preventivo de identidad hay que realizar 39 operativos para encontrar a una persona con orden de detención pendiente, mientras que con el antiguo sistema, el Control de Identidad Investigativo, se necesitaban tan sólo 20, es decir, ahora se utiliza casi el doble de recursos.
Desde que se presentó el proyecto en 2016 las posiciones se marcaron con claridad dentro del Congreso. Por el lado de los detractores, el diputado socialista Leonardo Soto, sostiene actualmente que el tiempo dio la razón, que el proyecto fracasó debido a que nunca existió un estudio serio que avalar el éxito de la medida.
“Esta iniciativa se aprobó más por presión mediática que por antecedentes serios. El control de identidad preventivo fue vendido como un tónico milagroso contra la delincuencia y a favor de la seguridad de la gente, y se le atribuían efectos que hoy, al cabo de un año, se ha demostrado que son absolutamente falsos”, aseguró.
Por el lado de los defensores y promotores de la moción que busca ampliar el control de identidad a los 16 años, los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Leonardo Farcas, coincidieron en que las críticas son injustificadas, bajo el argumento de que sí se ha logrado encontrar a 66 mil personas con órdenes de detención pendientes, desconociendo las estadísticas que plantean que la eficiencia está al debe.
En tanto, desde la Fundación Paz Ciudadana, como contrapropuesta, manifestaron que se debe avanzar en la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, además de implementar medidas que mejoren la eficacia del trabajo policial.
Fue uno de los puntos más polémicos en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia discutida durante 2016, y pese a que se aprobó, las críticas al Control Preventivo de Identidad siguen estando presentes en el ámbito legislativo y en las organizaciones interesadas en las políticas de seguridad pública.
En julio de este año un grupo de diputados tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos, presentaron una moción que busca que el control se amplíe a jóvenes a partir de los 16 años de edad. Pero la iniciativa ha encontrado oposición en organizaciones como Paz Ciudadana y Espacio Público, quienes argumentan con estadísticas que esta política fracasó.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado y Presidente Ejecutivo de Espacio Público aseguró que existen datos que muestran que no era necesario implementar esta medida ya que la cantidad de controles realizados por la policía siguen estables en relación a los que se hacían antes y además, las órdenes de detención pendientes no han disminuido, sino que aumentado.
“Los cinco años anteriores a este control, los datos de Carabineros mostraban que en promedio hacían controles a 2 millones 10 mil personas, y los datos proyectados para un año de funcionamiento de este nuevo sistema, donde junto con el control antiguo se hace el nuevo, te indican que harán alrededor de 2 millones de controles, es decir un poco menos que el promedio de los cinco años anteriores”, dijo.
A juicio del experto lo que ha ocurrido con esta legislación es que se ha promovido un trabajo policial de menor calidad y menor eficacia, en donde las policías están dedicadas a combatir la delincuencia con herramientas más básicas y menos efectivas.
Duce señala que en los primeros nueve meses de funcionamiento se demuestra que en el actual control preventivo de identidad hay que realizar 39 operativos para encontrar a una persona con orden de detención pendiente, mientras que con el antiguo sistema, el Control de Identidad Investigativo, se necesitaban tan sólo 20, es decir, ahora se utiliza casi el doble de recursos.
Desde que se presentó el proyecto en 2016 las posiciones se marcaron con claridad dentro del Congreso. Por el lado de los detractores, el diputado socialista Leonardo Soto, sostiene actualmente que el tiempo dio la razón, que el proyecto fracasó debido a que nunca existió un estudio serio que avalar el éxito de la medida.
“Esta iniciativa se aprobó más por presión mediática que por antecedentes serios. El control de identidad preventivo fue vendido como un tónico milagroso contra la delincuencia y a favor de la seguridad de la gente, y se le atribuían efectos que hoy, al cabo de un año, se ha demostrado que son absolutamente falsos”, aseguró.
Por el lado de los defensores y promotores de la moción que busca ampliar el control de identidad a los 16 años, los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Leonardo Farcas, coincidieron en que las críticas son injustificadas, bajo el argumento de que sí se ha logrado encontrar a 66 mil personas con órdenes de detención pendientes, desconociendo las estadísticas que plantean que la eficiencia está al debe.
En tanto, desde la Fundación Paz Ciudadana, como contrapropuesta, manifestaron que se debe avanzar en la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, además de implementar medidas que mejoren la eficacia del trabajo policial.
Fue uno de los puntos más polémicos en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia discutida durante 2016, y pese a que se aprobó, las críticas al Control Preventivo de Identidad siguen estando presentes en el ámbito legislativo y en las organizaciones interesadas en las políticas de seguridad pública.
En julio de este año un grupo de diputados tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos, presentaron una moción que busca que el control se amplíe a jóvenes a partir de los 16 años de edad. Pero la iniciativa ha encontrado oposición en organizaciones como Paz Ciudadana y Espacio Público, quienes argumentan con estadísticas que esta política fracasó.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado y Presidente Ejecutivo de Espacio Público aseguró que existen datos que muestran que no era necesario implementar esta medida ya que la cantidad de controles realizados por la policía siguen estables en relación a los que se hacían antes y además, las órdenes de detención pendientes no han disminuido, sino que aumentado.
“Los cinco años anteriores a este control, los datos de Carabineros mostraban que en promedio hacían controles a 2 millones 10 mil personas, y los datos proyectados para un año de funcionamiento de este nuevo sistema, donde junto con el control antiguo se hace el nuevo, te indican que harán alrededor de 2 millones de controles, es decir un poco menos que el promedio de los cinco años anteriores”, dijo.
A juicio del experto lo que ha ocurrido con esta legislación es que se ha promovido un trabajo policial de menor calidad y menor eficacia, en donde las policías están dedicadas a combatir la delincuencia con herramientas más básicas y menos efectivas.
Duce señala que en los primeros nueve meses de funcionamiento se demuestra que en el actual control preventivo de identidad hay que realizar 39 operativos para encontrar a una persona con orden de detención pendiente, mientras que con el antiguo sistema, el Control de Identidad Investigativo, se necesitaban tan sólo 20, es decir, ahora se utiliza casi el doble de recursos.
Desde que se presentó el proyecto en 2016 las posiciones se marcaron con claridad dentro del Congreso. Por el lado de los detractores, el diputado socialista Leonardo Soto, sostiene actualmente que el tiempo dio la razón, que el proyecto fracasó debido a que nunca existió un estudio serio que avalar el éxito de la medida.
“Esta iniciativa se aprobó más por presión mediática que por antecedentes serios. El control de identidad preventivo fue vendido como un tónico milagroso contra la delincuencia y a favor de la seguridad de la gente, y se le atribuían efectos que hoy, al cabo de un año, se ha demostrado que son absolutamente falsos”, aseguró.
Por el lado de los defensores y promotores de la moción que busca ampliar el control de identidad a los 16 años, los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Leonardo Farcas, coincidieron en que las críticas son injustificadas, bajo el argumento de que sí se ha logrado encontrar a 66 mil personas con órdenes de detención pendientes, desconociendo las estadísticas que plantean que la eficiencia está al debe.
En tanto, desde la Fundación Paz Ciudadana, como contrapropuesta, manifestaron que se debe avanzar en la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, además de implementar medidas que mejoren la eficacia del trabajo policial.
