Durante cuatro meses se extenderá la investigación sobre el supuesto delito de asociación ilícita con carácter terrorista que se les imputa a ocho comuneros mapuche, detenidos el sábado pasado en la denominada “Operación Huracán”.

El Tribunal de Garantía de Temuco dictó la prisión preventiva de los mapuches imputados que luego fueron trasladados a la cárcel El Manzano de Concepción, a un centro de reclusión en Angol y a la cárcel de Valdivia.

Los abogados y familiares de los mapuches acusaron detenciones arbitrarias y operativos violentos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Nicolás Toro, abogado de dos de los imputados, sostuvo que los antecedentes que hasta ahora se manejarían se basan en mensajes de texto, de whatssap y de intervenciones telefónicas que recopiló la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), donde se habrían utilizado apodos para comunicarse entre los supuestos involucrados en los atentados incendiarios.

Entre los detenidos se encuentra el dirigente y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien habría sido calificado el de mayor jerarquía dentro del grupo, según explicó el jurista.

A propósito de estos hechos, el abogado de derechos humanos, Roberto Garretón, dijo que seguir aplicando la Ley Antiterrorista demuestra el peso que tiene la extrema derecha en el país, es decir, es la herencia dictatorial. A su juicio, el Gobierno ha sido incapaz de hablar de “conflicto” en estos casos y han posicionado un discurso torcido desde un enfoque “delictual”. Garretón descartó que la quema de camiones se tratara de un crimen contra la humanidad para que las autoridades insistan con este escenario y eviten darle una salida política desconociendo los derechos en juego.

“Si se habla de terrorismo en estos casos, entonces se estaría poniendo al mismo nivel a los Llaitul con quienes atacaron a la población en las principales avenidas de Barcelona ¿Es así? Claro que no es así, quemar un camión es un delito pero de incendio pero no un crimen contra la humanidad”.

además, resaltó que “no se ha querido tratar un conflicto como conflicto sino que como actos de terrorismo y eso no es así”.

El abogado se refirió a la resolución de conflictos entre el Estado y comunidades indígenas en el plano internacional, lo que no ha sido atendido, en su opinión, en el territorio nacional porque se sigue reproduciendo la violencia desde el Estado. “El conflicto de Guatemala, el de Honduras, el conjunto de El Salvador, los conflictos de Colombia comenzaron negándose, diciendo que eran criminales, y luego se pusieron de acuerdo cuando entraron personas lúcidas al Gobierno”, comentó.

Cuestionamientos al manejo del Gobierno

Hechos que también han motivado las reacciones políticas tanto en la región del Bío Bío como en La Araucanía.

El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, integrante de la Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche (Amcam),  aseguró que “hay un contexto de enrarecimiento extremo por parte de la institucionalidad” respecto de estas detenciones.

Afirmó que los arrestos que se efectuaron el fin de semana sin entregar mayor información es una situación repetida en las comunidades. “Hay muchas cosas que rayan en lo arbitrario y en lo discriminatorio”, enfatizó el edil, apuntando al proceso judicial que se cursa al ser invocada la Ley Antiterrorista.

Mientras que el diputado del PPD por esta última región, Joaquín Tuma, dijo esperar que “con el despliegue que realizó Carabineros no se estén dando una vez más pasos en falso”, considerando muchos de los comuneros que han sido detenidos y procesados por la justicia por estos supuestos delitos luego han debido ser absueltos.

Para el diputado comunista, Daniel Núñez, el Gobierno se equivoca si pretende obtener una solución a partir de un nuevo procesamiento por supuestos delitos terroristas. En esa línea, dijo que “existen vías legales de sobra para enfrentar las situaciones de violencia sin aplicar la Ley Antiterrorista”.

Una opinión similar expresó el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, quien a través de su cuenta de twitter escribió: “Que torpeza la violencia del Gobierno de Chile con el pueblo Mapuche. Detenciones ilegales y amedrentamiento solo agrandan la crisis”.

Cabe recordar que según la tesis que maneja la Fiscalía, los comuneros detenidos habrían estado implicados en la quema de camiones: la primera de 18 vehículos pertenecientes a la empresa de transportes Calafquén, ocurrida el 19 de agosto; y la segunda, correspondiente 29 camiones de la empresa Sotraser (grupo Bethia) prestadora de empresas forestales, ocurrido el pasado 28 de agosto.