La cita programada para este viernes se enmarca en las indagatorias de la llamada Operación Huracán, por la cual el pasado fin de semana se detuvo a ocho personas mapuche. Además de coordinar materias propias de la visita papal que se realizará en enero, Mahmud Aleuy señaló que junto a Patricia Bullrich trataran “el tema de un eventual tráfico de armas”.
De acuerdo a lo manifestado desde el Gobierno el viaje se sostiene en la información que entregó la Fiscalía de IX Región, la cual apunta a unas supuestas conversaciones de Whatsapp en las que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se habría referido a este presunto tráfico.
Desde Argentina, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el sociólogo Atilio Borón cuestionó tanto la posición que ha tenido la ministra de Seguridad Nacional sobre las reivindicaciones del pueblo mapuche en el país vecino como la forma en la que ha manejado la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto en un allanamiento a una comunidad en Chubut.
“Ha tenido un desempeño que ha dejado mucho que desear según múltiples observadores de diferentes orientaciones políticas partidarias. Lo que acá se habla mucho es que ha habido una política de encubrimiento de un acto delictivo cometido por la Gendarmería. La cuestión es que el muchacho no aparece y no hay ningún avance serio en la investigación sobre qué fue lo que pasó”, indicó.
Patricia Bullrich no solo ha sido criticada por lo ocurrido con Maldonado, que este domingo cumplirá dos meses desaparecido, sino también por la forma en la que Gendarmería (fuerza de seguridad) ha actuado con las comunidades mapuches del sur de Argentina, allanándolas violentamente.
Para el periodista Rafael Araya, la ministra no sólo ha tenido “una clara voluntad de criminalizar las reivindicaciones que se están llevando a cabo en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén” sino también respecto de las demandas de los movimientos sociales en otros lugares del territorio argentino.
“El gobierno de Mauricio Macri quiere por un lado silenciar la protesta social y por otro lado criminalizarla para llevarla a tribunales. La ha demonizado de tal manera que no trepida en reprimirla de la manera más violenta”, sostuvo.
Un perfil de la autoridad argentina que se asemeja a la gestión de la cartera de Interior en Chile sobre el pueblo mapuche. La señal del viaje de Mahmud Aleuy demuestra el interés en la estrategia trasandina para dejar satisfechos a ciertos sectores de la población que no son precisamente las comunidades.
“Un poder que trae un historial lamentable en materia de Derechos Humanos”
El periodista comentó que la ministra ha pasado de ser parte del movimiento Montonero en los años 70 a transformarse en una verdadera defensora de la derecha en Argentina. “Es una persona que ha ido mutando y mudando de la extrema izquierda para ubicarse ahora prácticamente en la extrema derecha”.
Desde su perspectiva, Bullrich representa “un poder con mucha capacidad coercitiva que trae un historial lamentable en materia de Derechos Humanos”.
En esa línea advirtió que “las cosas se han llevado a un extremo donde realmente se está generando una inquietud a nivel de sociedad, porque se está comenzando a vivir un proceso de inseguridad paulatino a manos de la represión que el Estado está propiciando hacia cualquier manifestación disidente”, agregó.
Según Araya, el gobierno argentino ha publicitado bastante el encuentro que sostendrá con el subsecretario Aleuy, porque responde a una maniobra de política que ha instalado la idea de la existencia de grupos subversivos en la Patagonia.
“Se habla de un clima de terror que no existe, promovido supuestamente por grupos reivindicativos como es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que parece una agrupación fantasma. Esto se enmarca en un contexto en que el gobierno, en su afán por traer inversiones extranjeras, quiere demostrar que se encarga de salvaguardar los intereses de los grandes terratenientes, ya sean ingleses o norteamericanos, liberándolos de cualquier tipo de ocupación de los pueblos originarios”, afirmó.
El objetivo de esta estrategia sería la derogación de la ley 26.160 en Argentina, cuya prorroga se está discutiendo en el Congreso. Dicha normativa prohíbe la remoción de las comunidades mapuches del territorio que ocupan actualmente.