La consulta de Cataluña va. Así por lo menos lo ha manifestado en reiteradas ocasiones Carlos Puigdemont, Presidente de la región autónoma que realizará su plebiscito independentista este 1 de octubre. A pesar del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible la realización del hito, el gobierno catalán ha insistido en la concreción de la iniciativa. Mariano Rajoy se ha levantado como uno de los grandes detractores y ha manifestado que “la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles”.
El presidente español ha recalcado la idea de que el referéndum, aprobado en el parlamento catalán, carece de legalidad y ha acusado a las autoridades de la región de hacer oídos sordos a los dictámenes judiciales: “la desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia. Significa una imposición, una injusticia, un acto contra los derechos de la gente y un ataque a la raíz de la convivencia. Ese referéndum fue aprobado el pasado 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña, vulnerando las más elementales normas parlamentarias, acallando a los grupos de oposición y desoyendo las advertencias sobre su legalidad de las propias instituciones de Cataluña”.
En un escenario en que se ha vuelto sumamente compleja la prohibición de la consulta, el gobierno central español ya ha enviado a Cataluña más de 6.000 agentes especiales pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (de la policía nacional) y a los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para resguardar el estado de la región. El mandato es a impedir que grupos radicales o antisistema ataquen puntos neurálgicos de Cataluña aumentando el clima de tensión que se vive en la zona.
Gabriel Rufián, diputado catalán del partido Izquierda Republicana, es enfático en señalar las razones que justifican la votación del domingo: “Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. Lo hacemos también por España, por el resto de naciones sin Estado de este país de países llamado España. El referéndum de autodeterminación del próximo domingo no pide independentistas. Ir a votar ese día no te hace independentista, te hace demócrata, valiente y antifascista”.
La Asamblea Nacional Catalana hizo un llamado este jueves a repletar los centros de votación la mañana del domingo. La entidad recomendó “resistencia pacífica, cero violencia y máxima audacia”.
El actuar de la policía para la jornada de este domingo aún es incierto. Desde el ministerio del Interior han comunicado durante la mañana de este jueves que el 1 de octubre los cuerpos policiales garantizarán el cumplimiento de la ley impidiendo el referéndum.
Ante la incertidumbre, Puigdemont ha salido a esclarecer los objetivos. Según señala, la consulta se llevará a cabo. Sin embargo, es cauto a la hora de referirse a las medidas que debe adoptar la población en caso de que no se le deje votar: “por descontado que se va a celebrar el referéndum que convocamos. Es evidente que la acción del gobierno ha cambiado algunas condiciones. Pero lo que no ha cambiado, es más, ha mejorado, es la voluntad de la ciudadanía de votar. Hoy hay una mayoría más larga de gente que quiere votar que la que había hace un mes. No vamos a recomendar a nadie que haga alguna acción de carácter violento. Ahí no nos van a encontrar. Sabemos que va a existir una provocación para que esto se rompa, pero no lo vamos a permitir”.
En un comunicado elaborado por la Organización de Naciones Unidas, los expertos en derechos humanos David Kaye y Alfred de Zayas recuerdan que la obligación del Ejecutivo es “respetar esos derechos que son esenciales en las sociedades democráticas”. “Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar los derechos individuales fundamentales”. Según los expertos, el traslado de policías a la región y algunos discursos emitidos por autoridades del gobierno central puede que “aumenten la tensión social”.
La Unión Europea pidió a Cataluña que respete la decisión del Tribunal Constitucional y advirtió que sólo reconocerá el resultado de un referéndum si éste cumple con la legalidad. Ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.
La consulta de Cataluña va. Así por lo menos lo ha manifestado en reiteradas ocasiones Carlos Puigdemont, Presidente de la región autónoma que realizará su plebiscito independentista este 1 de octubre. A pesar del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible la realización del hito, el gobierno catalán ha insistido en la concreción de la iniciativa. Mariano Rajoy se ha levantado como uno de los grandes detractores y ha manifestado que “la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles”.
El presidente español ha recalcado la idea de que el referéndum, aprobado en el parlamento catalán, carece de legalidad y ha acusado a las autoridades de la región de hacer oídos sordos a los dictámenes judiciales: “la desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia. Significa una imposición, una injusticia, un acto contra los derechos de la gente y un ataque a la raíz de la convivencia. Ese referéndum fue aprobado el pasado 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña, vulnerando las más elementales normas parlamentarias, acallando a los grupos de oposición y desoyendo las advertencias sobre su legalidad de las propias instituciones de Cataluña”.
En un escenario en que se ha vuelto sumamente compleja la prohibición de la consulta, el gobierno central español ya ha enviado a Cataluña más de 6.000 agentes especiales pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (de la policía nacional) y a los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para resguardar el estado de la región. El mandato es a impedir que grupos radicales o antisistema ataquen puntos neurálgicos de Cataluña aumentando el clima de tensión que se vive en la zona.
Gabriel Rufián, diputado catalán del partido Izquierda Republicana, es enfático en señalar las razones que justifican la votación del domingo: “Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. Lo hacemos también por España, por el resto de naciones sin Estado de este país de países llamado España. El referéndum de autodeterminación del próximo domingo no pide independentistas. Ir a votar ese día no te hace independentista, te hace demócrata, valiente y antifascista”.
La Asamblea Nacional Catalana hizo un llamado este jueves a repletar los centros de votación la mañana del domingo. La entidad recomendó “resistencia pacífica, cero violencia y máxima audacia”.
El actuar de la policía para la jornada de este domingo aún es incierto. Desde el ministerio del Interior han comunicado durante la mañana de este jueves que el 1 de octubre los cuerpos policiales garantizarán el cumplimiento de la ley impidiendo el referéndum.
Ante la incertidumbre, Puigdemont ha salido a esclarecer los objetivos. Según señala, la consulta se llevará a cabo. Sin embargo, es cauto a la hora de referirse a las medidas que debe adoptar la población en caso de que no se le deje votar: “por descontado que se va a celebrar el referéndum que convocamos. Es evidente que la acción del gobierno ha cambiado algunas condiciones. Pero lo que no ha cambiado, es más, ha mejorado, es la voluntad de la ciudadanía de votar. Hoy hay una mayoría más larga de gente que quiere votar que la que había hace un mes. No vamos a recomendar a nadie que haga alguna acción de carácter violento. Ahí no nos van a encontrar. Sabemos que va a existir una provocación para que esto se rompa, pero no lo vamos a permitir”.
En un comunicado elaborado por la Organización de Naciones Unidas, los expertos en derechos humanos David Kaye y Alfred de Zayas recuerdan que la obligación del Ejecutivo es “respetar esos derechos que son esenciales en las sociedades democráticas”. “Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar los derechos individuales fundamentales”. Según los expertos, el traslado de policías a la región y algunos discursos emitidos por autoridades del gobierno central puede que “aumenten la tensión social”.
La Unión Europea pidió a Cataluña que respete la decisión del Tribunal Constitucional y advirtió que sólo reconocerá el resultado de un referéndum si éste cumple con la legalidad. Ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.
La consulta de Cataluña va. Así por lo menos lo ha manifestado en reiteradas ocasiones Carlos Puigdemont, Presidente de la región autónoma que realizará su plebiscito independentista este 1 de octubre. A pesar del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible la realización del hito, el gobierno catalán ha insistido en la concreción de la iniciativa. Mariano Rajoy se ha levantado como uno de los grandes detractores y ha manifestado que “la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles”.
El presidente español ha recalcado la idea de que el referéndum, aprobado en el parlamento catalán, carece de legalidad y ha acusado a las autoridades de la región de hacer oídos sordos a los dictámenes judiciales: “la desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia. Significa una imposición, una injusticia, un acto contra los derechos de la gente y un ataque a la raíz de la convivencia. Ese referéndum fue aprobado el pasado 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña, vulnerando las más elementales normas parlamentarias, acallando a los grupos de oposición y desoyendo las advertencias sobre su legalidad de las propias instituciones de Cataluña”.
En un escenario en que se ha vuelto sumamente compleja la prohibición de la consulta, el gobierno central español ya ha enviado a Cataluña más de 6.000 agentes especiales pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (de la policía nacional) y a los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para resguardar el estado de la región. El mandato es a impedir que grupos radicales o antisistema ataquen puntos neurálgicos de Cataluña aumentando el clima de tensión que se vive en la zona.
Gabriel Rufián, diputado catalán del partido Izquierda Republicana, es enfático en señalar las razones que justifican la votación del domingo: “Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. Lo hacemos también por España, por el resto de naciones sin Estado de este país de países llamado España. El referéndum de autodeterminación del próximo domingo no pide independentistas. Ir a votar ese día no te hace independentista, te hace demócrata, valiente y antifascista”.
La Asamblea Nacional Catalana hizo un llamado este jueves a repletar los centros de votación la mañana del domingo. La entidad recomendó “resistencia pacífica, cero violencia y máxima audacia”.
El actuar de la policía para la jornada de este domingo aún es incierto. Desde el ministerio del Interior han comunicado durante la mañana de este jueves que el 1 de octubre los cuerpos policiales garantizarán el cumplimiento de la ley impidiendo el referéndum.
Ante la incertidumbre, Puigdemont ha salido a esclarecer los objetivos. Según señala, la consulta se llevará a cabo. Sin embargo, es cauto a la hora de referirse a las medidas que debe adoptar la población en caso de que no se le deje votar: “por descontado que se va a celebrar el referéndum que convocamos. Es evidente que la acción del gobierno ha cambiado algunas condiciones. Pero lo que no ha cambiado, es más, ha mejorado, es la voluntad de la ciudadanía de votar. Hoy hay una mayoría más larga de gente que quiere votar que la que había hace un mes. No vamos a recomendar a nadie que haga alguna acción de carácter violento. Ahí no nos van a encontrar. Sabemos que va a existir una provocación para que esto se rompa, pero no lo vamos a permitir”.
En un comunicado elaborado por la Organización de Naciones Unidas, los expertos en derechos humanos David Kaye y Alfred de Zayas recuerdan que la obligación del Ejecutivo es “respetar esos derechos que son esenciales en las sociedades democráticas”. “Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar los derechos individuales fundamentales”. Según los expertos, el traslado de policías a la región y algunos discursos emitidos por autoridades del gobierno central puede que “aumenten la tensión social”.
La Unión Europea pidió a Cataluña que respete la decisión del Tribunal Constitucional y advirtió que sólo reconocerá el resultado de un referéndum si éste cumple con la legalidad. Ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.
