Un acuerdo histórico: así fue presentado este protocolo por las autoridades que concurrieron al encuentro realizado en el salón de honor de la casa central de la Universidad de Chile. El hecho –que no es vinculante y que incluso fue criticado por personas a la salida del acto–, consiste en la disposición de un nuevo reglamento para las plantaciones forestales, todo esto en el contexto de los megaincendios forestales que afectaron a la zona centro-sur de Chile a comienzos de año.
Así lo destacó el ministro de Agricultura, Carlos Furche. “Detrás de este protocolo hay un proceso de aprendizaje de la experiencia que vivió nuestro país entre la segunda quincena de enero y parte del mes de febrero. Lo que corresponde es aprender y tener un protocolo que permita mitigar la expansión de los incendios forestales que conocimos hace unos meses atrás”, dijo.
Según la autoridad, el estatuto implicará “que nuestro desarrollo forestal se haga cargo de una manera más explícita del cuidado de los recursos naturales”. Además, obligará a establecer distancias entre los poblados y las plantaciones exóticas.
Pese a que en su momento se argumentó la experiencia en esta materia, la totalidad de las razones expuestas en la cita vienen a comprobar la poca preparación que pesaba tanto en las empresas como en las entidades públicas para hacer frente a la catástrofe, que fue tildada por algunos medios internacionales como “tormenta de fuego”. Asimismo, ratifica de manera tácita la relación entre una plantación forestal y la expansión del incendio, algo que fue debatido por los expertos antes, durante y después del desastre.
¿Y el bosque nativo?
“Va a haber formación nativa que van a facilitar el movimiento de las especies nativas tanto de animales como de flora. Y también una zona de protección para mejorar el nivel de conservación”, afirmó el director ejecutivo de Conaf, Aarón Cavieres.
La declaración aparece a partir del interés de este medio por saber si es que este protocolo abarcaría una de las principales demandas que tienen los grupos que históricamente han desarrollado conflictos con las empresas forestales. La misma consulta fue realizada a la bióloga y directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien también participó de la ceremonia.
Ella declaró que si bien este proceso regula de una manera distinta esta actividad económica –y en ese sentido, resulta un aporte–, no existe el desarrollo de un nuevo modelo que abarque la recuperación de bosque nativo en terreno forestal.
“No se puede hacer cargo de imponer un modelo forestal distinto en la medida que, los terrenos donde se establecen las plantaciones forestales, son privados. El protocolo da el lineamiento y las pautas para que tengamos plantaciones forestales menos riesgosas ante incendios forestales, que se preocupen más de la biodiversidad, y de la protección de agua. Sin duda falta para todavía para llegar a modelos mucho más modernos, en el cual se reconozca más el valor de la biodiversidad y avancemos al restablecimiento o recuperación de territorio o zonas que fueron pobladas con bosque nativo”, expresó.
El que lo aclaró con más énfasis fue Manuel Llao, presidente de la asociación campesina indígena Leftraru, consejero de la Conadi y vicepresidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, dirigente que participó en la fotografía final del acto.
“Si lo vemos del contexto general del tema indígena, estamos con muchos problemas. El protocolo no se hace cargo en lo esencial del tema indígena, que es el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro territorio. Esto viene a ordenar el tema. Las forestales estaban casi encerrando a las comunidades y campesinos plantando pinos casi en la puerta de la casa. Pero no se hace cargo de lo esencial. Ellos dicen que es un bienestar para todos, pero, ¿a nosotros nos van a seguir llevando agua en camiones aljibes? Vea Lumaco, Purén, donde ya no queda agua”, indicó.
Al final, las autoridades informaron que el contenido del Protocolo de Plantaciones Forestales será revisado periódicamente por el Consejo de Política Forestal, y en función de los avances tecnológicos y la dinámica del desarrollo sectorial, tendrá actualizaciones cada tres años.