“Se trata de financiar a las Universidades que son del Estado, de Chile. Es algo que está pendiente hace mucho tiempo y que aún hoy (la actual iniciativa) no considera todo lo que quisiéramos pero es un avance” con estas palabras Luis Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta, se refirió la reciente aprobación de la Ley de Universidades Estatales por la Comisión de Educación de la Cámara.

El vocero del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) agregó que “si el apoyo ha sido mínimo, es difícil que las universidades puedan avanzar en la calidad de su quehacer”.

“Es responsabilidad del Estado el que algunas instituciones no hayan logrado la calidad que tienen otras, entonces creo que es relevante destacar el esfuerzo que hacen las universidades con los pocos recursos que le llegan del Estado, muchos de ellos gestionados por las propias universidades, el que se haya ido avanzando. El mejor ejemplo es el avance en la acreditación de la Universidad de Playa Ancha y la de Antofagasta que  ambas han subido a cinco años, con recursos que vienen limitados desde hace muchos años, desde sus inicios en el año 1981 con un aporte basal bajísimo”.

En conversación con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el rector de la Universidad de Santiago (USACh), Juan Manuel Zolezzi, se refirió a la necesidad de aumentar la matrícula en las universidades del Estado, para lo cual es necesario que el fisco desembolse los recursos necesarios, por ejemplo, para aumentar la infraestructura de las casas de estudio.

“Lo cual le permitiría, rápidamente, aumentar el nivel de matrícula de un 15 a un 30 por ciento, por ejemplo, en cinco años y disminuir la cantidad de insatisfacción por el hecho de no poder entrar a las universidades del Estado, porque simplemente no había cupo. En la Universidad de Santiago de Chile no cabe un estudiante más”.

Recordemos que cerca de las 10 de la noche del pasado miércoles finalizó la sesión de la Comisión de Educación que discutía el proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo sobre universidades estatales. Una de las polémicas centrales resultó ser una iniciativa que terminó fuera, pero que pretendía establecer sanciones para los establecimientos que no cumplieran con un estándar de calidad determinado, en este caso, cuatro años de acreditación.

El diputado Giorgio Jackson, ante la premisa de esta indicación, dijo que deberían existir otras formas de castigo para aquellas universidades que no la cumplan; así se evita una medida que elimine de cuajo la gratuidad.

La acción buscaba recaer directamente en la responsabilidad de los rectores, sin embargo, el proyecto, que ya fue despachado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, continúa permitiéndole a cada institución definir las causales de destitución de las principales autoridades, ya sea por cuestiones de calidad u otros.

Uno que criticó esta decisión final y que espera una revocación por parte de Hacienda, fue el diputado Sergio Gahona, de la UDI, quien afirma incluso que algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría se dieron un gustito, y que este proyecto en realidad buscaría un método para financiar los intereses de las universidades estatales.

“Eso de que a toda costa se le entrega recursos a estos planteles, independiente de la acreditación, o sea, no se está pensando en la calidad, y es un tema que a todas las universidades se les exige”, dice.

Por su parte, Sergio Aguiló, diputado independiente de izquierda, que pertenece a la Comisión de Hacienda –instancia a la que llegará el proyecto de ley–, asevera en conversación con este medio que no se trata de entregarle recursos a una institución que está haciendo las cosas mal, si ese fuera el caso. La diferencia es que en dicha eventualidad es nada más y nada menos el Estado el responsable de elevar el estándar.

“Nosotros no podemos aceptar esa hipótesis como posibilidad. Tenemos que corregir. Tampoco le vamos a seguir entregando recursos a una universidad que está haciendo las cosas pésimo, justamente por respeto a los alumnos que están allí formándose. Lo que tenemos que hacer es cambiar las autoridades y reformular el proyecto de esa universidad estatal para que vuelva a tener la acreditación máxima”, afirma.

El congresista agrega que eso es lo que “hace un Estado responsable”; hacerse cargo de situaciones que se podrían dar en planteles de regiones, que dejaría a muchos alumnos de ese lugar sin la posibilidad de acceder a la gratuidad.

Asimismo, otro aspecto que causó polémica fue la cantidad total de recursos que serán asignados para el desarrollo de las universidades, monto de $150 mil millones de pesos que serán solicitados como préstamo al Banco Mundial y que serán distribuidos a lo largo de diez años.

Esto fue criticado por el mismo diputado Jackson en la Comisión de Educación. Recomendó que el Gobierno modifique en Hacienda el proyecto para aumentar esta suma, pero la ministra Adriana Delpiano contestó que esas son todas las platas disponibles.