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Año XII, 23 de septiembre de 2020

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Defensa de presos en “Operación Huracán” acusa falta de pruebas para acreditar los delitos

Durante la mañana del martes se realizaron los alegatos respecto del recurso de amparo que busca anular la medida cautelar que mantiene encarcelados a ocho dirigentes mapuches. El Máximo Tribunal debería entregar su resolución durante las próximas horas.

Maximiliano Alarcón

  Martes 17 de octubre 2017 19:35 hrs. 
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Una intensa jornada se llevó a cabo la mañana del martes en la Corte Suprema, puesto que abogados defensores y querellantes en la causa de la llamada Operación Huracán, protagonizaron los alegatos respecto del recurso de amparo interpuesto por los representantes de los imputados, con el objetivo de revocar la prisión preventiva decretada en contra de los acusados el pasado 24 de septiembre.

La iniciativa legal de la Defensoría Penal Mapuche busca desacreditar el operativo en sí, debido a una serie de irregularidades. Una de estas coincide con lo publicado por Radio Universidad de Chile el pasado domingo, donde se evidenció que Carabineros intervino comunicaciones antes de tener la autorización de la Corte de Apelaciones de Temuco, algo que no está permitido según la Ley de Inteligencia.

El jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, Claudio Fierro, quien también se hizo parte de los alegatos, manifestó que el argumento cuestiona la resolución que decretó la prisión preventiva, por no cumplir con los estándares que permitan un desarrollo amplio de las argumentaciones.

“La Corte Suprema ha fijado ese estándar que dice que la fundamentación de la sentencia es un derecho constitucional, es decir que los imputados tienen derecho a conocer fundadamente la resolución que se pronuncie sobre una prisión preventiva. Lo que nosotros reclamamos es que esta resolución no está fundada, solamente se hace cargo de las alegaciones del Ministerio Público y bastante someramente, pero no se hace cargo de las líneas argumentativas que levantó la defensa”, dijo.

En tanto, la abogada de la Defensoría Penal Mapuche, Patricia Cuevas, que en este caso representa al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, señaló que durante su argumentación se centró en la debilidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para acreditar los delitos imputados, los que corresponden a la formación de una asociación ilícita de carácter terrorista, además de tres incendios.

“El informe transcribe ciertas conversaciones que no dicen expresamente la comisión de ningún delito. Acto seguido, carabineros interpreta esta información y dice que daría cuenta de la comisión de un delito de incendio, pero analizando todos los partes policiales no existe testigo alguno, fotografías, testigos presenciales, ni siquiera de oída, ni prueba química, por ejemplo”, señaló.

La segunda sala de la Corte Suprema estuvo compuesta por los ministros Milton Juica, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y Manuel Valderrama. Por las partes querellantes, en tanto, alegó el abogado representante del Ministerio del Interior, quien invocó la Ley Antiterrorista, y también la Intendencia de La Araucanía.

Al salir de la sala, el lonko Víctor Queipul, padre de una de las detenidas en la Operación Huracán, insistió en la tesis que plantea que la debilidad de las pruebas presentadas en la acusación, demuestra que esto se trataría de un montaje.

“Es una persecución política contra los dirigentes que estamos llevando un proceso de recuperación de nuestro territorio. La detención que se me hizo el día lunes (siguiente a la Operación Huracán) sirvió sólo para reafirmar el montaje que está cometiendo el gobierno contra los mapuche”, precisó.

Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, destacó los alegatos realizados por los defensores, sin embargo, manifestó su inquietud respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, algo que según dijo el Gobierno en el contexto del Caso Iglesias, no se volvería a invocar en otra causa relativa al movimiento mapuche.

“Públicamente la presidenta Michelle Bachelet señaló que no volvería a aplicar la Ley Antiterrorista, pero dentro de los tribunales su representante, en este caso el abogado querellante, invoca la ley. No lo entendemos, nos gustaría que se aclarara”, aseveró.

La causa quedó en acuerdo, por lo tanto, durante las próximas horas se conocería la resolución de los ministros. De ser favorable a la defensa, esto podría implicar la libertad de cada uno de los imputados.