La movilización ambientalista tuvo como objetivo visibilizar el rechazo ciudadano que se ha mantenido por cerca de diez años en contra del megaproyecto que se construye en la cuenca del Río Maipo.
La iniciativa empresarial estaba proyectada en una inversión de 720 millones de dólares, una cifra muy inferior a los cerca de dos mil trecientos millones de dólares que se han gastado hasta el momento. Esta deuda ha generado crisis en el Banco Itaú y el retiro de parte de los bancos estadounidenses que financian a AES Gener.
La salida de Antofagasta Minerals marcó el inicio de la crisis financiera del proyecto hidroeléctrico, además de un profundo desequilibrio financiero, luego de la renuncia de Andrónico Lucksic, quien dejó de influir en el futuro de esta inversión.
Marcela Mella, Vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, remarcó que desde que se inició el estudio de impacto ambiental del proyecto hace 10 años, la comunidad dijo que los informes presentados por la empresa eran imcompletos, insuficientes y mentirosos, respecto del verdadero impacto que generaría el proyecto en la cuenca del Maipo.
Sobre la situación actual, la representante de la comunidad dijo que el proyecto “se encuentra en una situación que se denomina default técnico, lo que significa que los nueve bancos que están involucrados en su financiamiento tiene congeladas sus remesas. La alternativa para seguir financiando el Alto Maipo es que AES Gener encontrara un socio que construya túneles y que le financie con capital”.
Sumado a esto, el problema geológico que podría traer el proyecto es grave, ya que según dice la comunidad y los estudios de la empresa a los que han tenido acceso, la única manera de construir los túneles es con explosivos, lo que no estaría autorizado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de esta iniciativa. Por lo mismo, en los próximos días esto formará parte de una nueva denuncia que interpondrá la comunidad ante el Tribunal Ambiental.
Para Marcela Mella, “esta es la peor crisis que ha vivido este proyecto, está al borde de la quiebra. Es difícil que con lo que han gastado puedan fijar precios competitivos para la energía que pretenden vender en seis años más, considerando el actual valor de la energía en nuestro país”.
Según han planteado las organizaciones ciudadanas, este megaproyecto, además de su deuda con los bancos, presenta retraso en la construcción, ya que lleva solo un 28 por ciento de los túneles construidos, esto porque no contarían con la maquinaria necesaria para continuar.
Patricio Cavieres, vocero de la organización Agua y Soberanía, expuso que “sostener un proyecto así, es sostener un proyecto extractivista que no tiene camino en este país. Queremos recuperar la cueca del Maipo como un bien común y los derechos de agua que le corresponden a quienes habitan la región. Hoy el agua de las 32 comunas de esta región está en peligro, porque Alto Maipo ha intervenido toda la cuenca que proporciona este vital elemento”.
La reforma al Código de Aguas es otra de las demandas que han levantado los movimientos sociales y que a poco menos de un mes de las elecciones presidenciales está próxima a convertirse en una más de las promesas incumplidas del gobierno.
En este sentido, Rodrigo Faúndez, vocero de Modatima dijo que “los que ganan con mantener parada la discusión del código de aguas son los grandes empresarios de este país, en concreto los inversionistas del agro, la Sociedad Nacional de Agricultura, las grandes asociaciones de canalistas que reúnen a los hombres y mujeres más ricos del agro en este país. Estos grandes empresarios son los mismos que tiene en la provincia de Petorca y Til Til a la gente consumiendo agua en condiciones miserables o definitivamente sin agua. Los más afectados con esto son las poblaciones más vulnerables y los territorios”.
Marcha Sename
Durante la jornada de este domingo también se reunieron personas para marchar en contra de la vulneración de derechos que sufren los niños y jóvenes internados en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La última semana, durante la discusión de presupuesto, el Gobierno presentó una propuesta que proponía invertir 451 millones de pesos para dar continuidad al sistema de Salud integral, con énfasis en salud mental, para niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La vocera de la organización Marcha por ellos, Nataly Oyarce, planteó la necesidad que exista una comisión de verdad, justicia y reparación. “Así como cuando terminó la dictadura se comenzó a averiguar qué había sucedido, nosotros queremos que pase lo mismo con Sename, porque se nos van a seguir muriendo los niños si no sabemos de qué están muriendo, van a seguir existiendo irregularidades si no sacamos a las personas que están cometiendo estás irregularidades y qué están torturando a los niños. Por eso pedimos esta comisión para que el estado se haga cargo de los delitos de lesa humanidad que se han cometido”.
La dirigente además agregó que es necesario que se trabaje en un diagnóstico acucioso antes de comenzar la discusión de presupuestos, ya que de otra forma se estarán financiando el mismo sistema vulnerado que se tiene hasta hoy. La movilización se dio a una semana de que siete jóvenes intentaran suicidarse en un Centro de Sename en Coronel, situación que aún está en desarrollo con uno de los adolescentes internado por los graves cortes en sus muñecas.