Ex ministro de Bienes Nacionales se querella contra CEMA Chile
Durante la mañana de este jueves, el ex ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio, junto a una comunidad vecinal de Quilicura, interpusieron una querella en contra de la fundación de Lucía Hiriart por la apropiación de inmuebles fiscales. Estos, según indican los vecinos, están a nombre de CEMA, pero son utilizados por terceros que les dan uso con fines lucrativos que nada tienen que ver con la fundación.
Jueves 2 de noviembre 2017 15:53 hrs.
Durante la dictadura la fundación CEMA Chile, a cargo de la otrora primera dama Lucía Hiriart, recibió al menos 236 propiedades –sin costo alguno- por parte del Estado. De ellas, más de 130 fueron identificadas dentro de una operación de venta, obteniendo por ellas casi $9.000 millones.
A raíz de esto, se inició el año pasado una investigación sobre el Centro de Madres que impulsó Hiriart en los 80’, llegando a embargarse 41 propiedades con el objetivo de prevenir nuevas ventas. El ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, ha sido un activo partícipe de este proceso. En agosto del año pasado, como titular de la cartera, Osorio declaraba que “lo concreto es que son 41 propiedades que el ministerio de bienes nacionales acredita que fueron propiedades fiscales transferidas gratuitamente a la fundación CEMA Chile durante el periodos de la dictadura militar y que hoy están con títulos de propiedad registrados a nombre de la fundación CEMA Chile”.
En marzo de este año el ministro en visita de la causa ordenó el embargo de 34 otras propiedades. Esto, porque entre 2009 y 2015 CDEMA chile vendió inmuebles por un monto de $12.100 millones.
La idea del ex ministro Osorio era recuperar las propiedades para destinarlas como inmuebles de organismos públicos o fines comunitarios. Es en ese contexto en el que durante la mañana de este jueves, Víctor Osorio acudió a la secretaría de la Corte de Apelaciones junto a vecinos de Quilicura para interponer una querella en contra de Lucía Hiriart y quienes resulten responsables por la apropiación de inmuebles fiscales por parte de la fundación en cuestión en la comuna.
En medio del complejo habitacional en el que residen decenas de vecinos de Quilicura existen dos inmuebles de propiedad de CEMA Chile. Estos son utilizados con fines lucrativos que nada tienen que ver con la fundación. Esa, explica Osorio, es la principal razón de la querella: “Por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Estos inmuebles, que fueron entregados a la fundación CEMA Chile hoy se encuentran en una ocupación irregular. No hay ninguna labor de interés público o social que se esté realizando ahí. Son inmuebles que se están utilizando para fines lucrativos de carácter privado. Estos dos inmuebles fueron parte del patrimonio fiscal, de todos los chilenos y chilenas y lo que corresponde es que estos inmuebles vuelvan a manos del fisco”.
Sin una junta de vecinos establecida y sin un lugar común para recibir a los médicos o a los servicios que ofrece la municipalidad, la vía legal fue el único camino que le restaba a la comunidad. Sonia Jones, presidenta de la junta de vecinos, insiste en sus intenciones de alcanzar la justicia en pos de la comunidad: “Están haciendo mal uso de estos inmuebles. Traen gente de fuera para distintas actividades. Tenemos pruebas de que se está dando mal uso. Espero que el gobierno y las leyes hagan la justicia. Me nombre de la comunidad, pido que se devuelvan los bienes, porque es algo que le pertenece a nuestra comunidad.
La querella presentada hoy, dicen quienes incentivaron la idea, persigue también el propósito de darle un nuevo respaldo a la querella original, presentada en un inicio por el Consejo de Defensa del Estado a fines de 2015.
Durante la dictadura la fundación CEMA Chile, a cargo de la otrora primera dama Lucía Hiriart, recibió al menos 236 propiedades –sin costo alguno- por parte del Estado. De ellas, más de 130 fueron identificadas dentro de una operación de venta, obteniendo por ellas casi $9.000 millones.
A raíz de esto, se inició el año pasado una investigación sobre el Centro de Madres que impulsó Hiriart en los 80’, llegando a embargarse 41 propiedades con el objetivo de prevenir nuevas ventas. El ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, ha sido un activo partícipe de este proceso. En agosto del año pasado, como titular de la cartera, Osorio declaraba que “lo concreto es que son 41 propiedades que el ministerio de bienes nacionales acredita que fueron propiedades fiscales transferidas gratuitamente a la fundación CEMA Chile durante el periodos de la dictadura militar y que hoy están con títulos de propiedad registrados a nombre de la fundación CEMA Chile”.
En marzo de este año el ministro en visita de la causa ordenó el embargo de 34 otras propiedades. Esto, porque entre 2009 y 2015 CDEMA chile vendió inmuebles por un monto de $12.100 millones.
La idea del ex ministro Osorio era recuperar las propiedades para destinarlas como inmuebles de organismos públicos o fines comunitarios. Es en ese contexto en el que durante la mañana de este jueves, Víctor Osorio acudió a la secretaría de la Corte de Apelaciones junto a vecinos de Quilicura para interponer una querella en contra de Lucía Hiriart y quienes resulten responsables por la apropiación de inmuebles fiscales por parte de la fundación en cuestión en la comuna.
En medio del complejo habitacional en el que residen decenas de vecinos de Quilicura existen dos inmuebles de propiedad de CEMA Chile. Estos son utilizados con fines lucrativos que nada tienen que ver con la fundación. Esa, explica Osorio, es la principal razón de la querella: “Por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Estos inmuebles, que fueron entregados a la fundación CEMA Chile hoy se encuentran en una ocupación irregular. No hay ninguna labor de interés público o social que se esté realizando ahí. Son inmuebles que se están utilizando para fines lucrativos de carácter privado. Estos dos inmuebles fueron parte del patrimonio fiscal, de todos los chilenos y chilenas y lo que corresponde es que estos inmuebles vuelvan a manos del fisco”.
Sin una junta de vecinos establecida y sin un lugar común para recibir a los médicos o a los servicios que ofrece la municipalidad, la vía legal fue el único camino que le restaba a la comunidad. Sonia Jones, presidenta de la junta de vecinos, insiste en sus intenciones de alcanzar la justicia en pos de la comunidad: “Están haciendo mal uso de estos inmuebles. Traen gente de fuera para distintas actividades. Tenemos pruebas de que se está dando mal uso. Espero que el gobierno y las leyes hagan la justicia. Me nombre de la comunidad, pido que se devuelvan los bienes, porque es algo que le pertenece a nuestra comunidad.
La querella presentada hoy, dicen quienes incentivaron la idea, persigue también el propósito de darle un nuevo respaldo a la querella original, presentada en un inicio por el Consejo de Defensa del Estado a fines de 2015.
Durante la dictadura la fundación CEMA Chile, a cargo de la otrora primera dama Lucía Hiriart, recibió al menos 236 propiedades –sin costo alguno- por parte del Estado. De ellas, más de 130 fueron identificadas dentro de una operación de venta, obteniendo por ellas casi $9.000 millones.
A raíz de esto, se inició el año pasado una investigación sobre el Centro de Madres que impulsó Hiriart en los 80’, llegando a embargarse 41 propiedades con el objetivo de prevenir nuevas ventas. El ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, ha sido un activo partícipe de este proceso. En agosto del año pasado, como titular de la cartera, Osorio declaraba que “lo concreto es que son 41 propiedades que el ministerio de bienes nacionales acredita que fueron propiedades fiscales transferidas gratuitamente a la fundación CEMA Chile durante el periodos de la dictadura militar y que hoy están con títulos de propiedad registrados a nombre de la fundación CEMA Chile”.
En marzo de este año el ministro en visita de la causa ordenó el embargo de 34 otras propiedades. Esto, porque entre 2009 y 2015 CDEMA chile vendió inmuebles por un monto de $12.100 millones.
La idea del ex ministro Osorio era recuperar las propiedades para destinarlas como inmuebles de organismos públicos o fines comunitarios. Es en ese contexto en el que durante la mañana de este jueves, Víctor Osorio acudió a la secretaría de la Corte de Apelaciones junto a vecinos de Quilicura para interponer una querella en contra de Lucía Hiriart y quienes resulten responsables por la apropiación de inmuebles fiscales por parte de la fundación en cuestión en la comuna.
En medio del complejo habitacional en el que residen decenas de vecinos de Quilicura existen dos inmuebles de propiedad de CEMA Chile. Estos son utilizados con fines lucrativos que nada tienen que ver con la fundación. Esa, explica Osorio, es la principal razón de la querella: “Por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Estos inmuebles, que fueron entregados a la fundación CEMA Chile hoy se encuentran en una ocupación irregular. No hay ninguna labor de interés público o social que se esté realizando ahí. Son inmuebles que se están utilizando para fines lucrativos de carácter privado. Estos dos inmuebles fueron parte del patrimonio fiscal, de todos los chilenos y chilenas y lo que corresponde es que estos inmuebles vuelvan a manos del fisco”.
Sin una junta de vecinos establecida y sin un lugar común para recibir a los médicos o a los servicios que ofrece la municipalidad, la vía legal fue el único camino que le restaba a la comunidad. Sonia Jones, presidenta de la junta de vecinos, insiste en sus intenciones de alcanzar la justicia en pos de la comunidad: “Están haciendo mal uso de estos inmuebles. Traen gente de fuera para distintas actividades. Tenemos pruebas de que se está dando mal uso. Espero que el gobierno y las leyes hagan la justicia. Me nombre de la comunidad, pido que se devuelvan los bienes, porque es algo que le pertenece a nuestra comunidad.
La querella presentada hoy, dicen quienes incentivaron la idea, persigue también el propósito de darle un nuevo respaldo a la querella original, presentada en un inicio por el Consejo de Defensa del Estado a fines de 2015.
