En el último debate presidencial, la imagen de Sebastián Pïñera sosteniendo una lámina que contenía un gráfico de barras con el cual pretendió demostrar que en su gobierno “cayó el índice de victimización del 30 al 22 por ciento” generó polémica no sólo entre los abanderados presidenciales, sino también entre expertos en seguridad ciudadana.
Si bien, desde el propio comando del ex mandatario reconocieron que las cifras dadas por el candidato de Chile Vamos no correspondían a la realidad, los expertos consultados por Radio Universidad de Chile aseguraron que el nivel de debate que se ha verificado a nivel político, lo único que ha conseguido es se postergue el tema de fondo, que tiene que ver con la implementación de planes integrales de combate a la delincuencia.
Rodrigo Salas, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señaló en primer término que las cifras sobre aumento o reducción de la delincuencia no pueden ser atribuidas directamente a ningún gobierno en particular, ya que se trata de tendencias de mediano y largo plazo: “Ni la mejor ni la peor cifra de la Enusc pueden ser atribuidas directamente al gobierno de Piñera o al de Bachelet”.
“Este uso un tanto forzado de las estadísticas para lucir fortalezas, o marcar debilidades de un contendor francamente le quita credibilidad a los datos “, aseguró.
Salas fue enfático en señalar que uno de los grandes problemas en materia de políticas públicas para enfrentar la delincuencia, tiene que ver con los permanentes cambios que se realizan conforme cambia el gobierno, cuestión que ejemplificó con los planes comunales de seguridad pública, programa que Sebastián Piñera planteó que eliminaría en caso de ser electo.
“Pero si se interpreta el día de mañana con el gobierno de Piñera o de quien sea, que esa evaluación significa borrón y cuenta nueva, cualquier aprendizaje que se haya obtenido, y que efectivamente existe, con la implementación de los planes comunales, se va a ir al tacho de la basura con una pérdida de eficiencia significativa en el uso de los recursos públicos. Entonces, si tuviera que decir algo con respecto a eso, es que son los borrones y cuenta nueva casi tan dañino como el delito en sí mismo”.
En este sentido, los expertos plantearon también la necesidad de introducir cambios y mejoras en los instrumentos de medición de las consecuencias de los delitos, como es el caso de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (Enusc) o la encuesta de Paz Ciudadana sobre victimización de las personas.
Justamente, Jaime Winter, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que la victimización, tema al que hizo referencia Sebastián Piñera en el debate de Anatel, como medida de aumento o disminución de la delincuencia, tal como se plantea en la ENUSC, “no sirve para nada”, ya que no daría cuenta sobre el tipo de delito cometido o su gravedad, entre otras variables.
“La cosa es tan ridícula que, por ejemplo, el delito económico, donde todos podemos ser víctimas como en el caso de la colusión, no es medido porque si no el cien por ciento tendría que decir que sí, que fue víctima. No se miden delitos de cifras de denuncia bajas, los que se llama la ‘cifra negra’, por ejemplo la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando decimos subió o bajó la delincuencia, entre esas cifras, no significa absolutamente nada”.
Winter señala que además que el hecho que el debate se centre en cifras más o cifras menos, que es la forma de reaccionar de la clase política en general para enfrentar los problemas de delincuencia, lleva a generar más penas o medidas como la Agenda Corta Antidelincuencia, “algo que es completamente inútil”, asegura.
“La Agenda Corta Antidelincuencia parte con un diagnóstico, según el cual el problema es la baja tasa de esclarecimiento de los delitos contra la propiedad, es decir, no se encuentra el culpable. Pero ¿qué es lo que se hace? Aumenta las penas, pero éstas sólo se pueden aumentar para los casos esclarecidos”.
La investigadora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Paula Medina, calificó como “bastante pobre” la discusión de los abanderados en materia de propuestas programáticas, así como pobre también es su base empírica y objetiva a la hora de emitir juicios sobre la materia.
Asimismo, criticó que los candidatos cimenten su discurso en la materia sólo en percepciones subjetivas y no sobre la base de evidencia científica, contribuyendo de paso a acrecentar la sensación de inseguridad de la gente.
“Tampoco pueden ellos, que van a tener un rol a nivel político relevante, retroalimentar a las personas en relación a situar sus temores, sus dudas, sus legítimas aprensiones respecto al tema de la seguridad, en un contexto más amplio. Así terminamos alimentando, muchas veces, el temor y la inseguridad, porque reafirmamos la opinión de las personas que obedece a situaciones muy puntuales, que cargadas emocionalmente les afecta, pero que no refleja una realidad comunal ni nacional que sea fidedigna”.
Lucía Dammert, socióloga y académica de la Universidad de Santiago (USACh) planteó la necesidad de que los candidatos dejen los eslóganes y frases hechas en relación con el combate a la delincuencia y se enfoquen en políticas integrales. Asimismo, sostuvo que es necesario que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sea dividido en dos carteras autónomas.
“Lo que hemos sabido de la falta de gobierno sobre Carabineros de Chile, porque los hechos de corrupción que hemos sabido son básica y exclusivamente una demostración de falta de gobierno, es porque el Ministerio del Interior está preocupado de cosas políticas, que no necesariamente tienen que ver con lo que hoy día debe ser un ministerio más preocupado de las policías”.
Finalmente, los especialistas coincidieron en señalar que la tendencia, en cuanto a victimización de las personas, en los últimos años ha tendido a estancarse en cifras cercanas al 40 por ciento, sin embargo hicieron hincapié en que dicha estabilización está precedida por una fuerte reducción en este acápite.