Esta semana la Comisión Investigadora del fraude en Carabineros eximió al general director de la institución Bruno Villalobos de responsabilidades políticas y administrativas en el caso que ya supera los 26 mil 500 millones de pesos.
Este hecho causó molestia entre algunos de los parlamentarios de la Instancia, quienes recordaron lo ocurrido en el desfalco del Ejército, también llamado “Milicogate”, donde cuya malversación de fondos se produjo mediante la ley reservada del Cobre entre los años 2010 y 2014, según señalan las investigaciones judiciales en curso.
En ambos casos parece haber impunidad sobre las responsabilidades políticas y administrativas que poseen quienes se encuentran al mando de las instituciones.
Eduardo Santos, analista en defensa, señaló que en el caso de las Fuerzas Armadas durante los últimos 27 años las propuestas de modernización han sido solo buenas intenciones, manteniéndose la doctrina político-militar que fue pactada con el regreso de la democracia.
A su juicio, la conducción política de los gobiernos no ha sido capaz de controlar y manejar lo que ocurre al interior del Ejército. “Los políticos hacen como que mandan y los militares hacen como que obedecen. Esta dualidad es producto básicamente de la transición pactada el año 90 que obligó una prudencia política y eso fue válido hasta los años 2000”.
“Lamentablemente con posterioridad se continuó con esta doctrina, producto de que todos los gobiernos comenzaron a tener muchos problemas sociales, políticos y económicos. Lo que menos querían era tener problemas con las Fuerzas Armadas, por lo tanto las dejaron hacer lo que quisieran”, afirmó.
Para Santos, esta relación explica que las Fuerzas Armadas dispongan de recursos para hacer lo que estimen sin adecuarse a las necesidades del país.
Por ejemplo, en materia de defensa advirtió que existe un despilfarro de recursos, ya que “el Ejército ha comprado equipamiento militar que no está sintonizado con las demandas estratégicas, respondiendo principalmente a los intereses locales o particulares de cada comandante en jefe”.
Por otro lado, manifestó que existe una falta de control al interior de las Fuerzas Armadas, porque los uniformados no tienen los conocimientos necesarios para administrar una institución.
“Los comandantes en jefe no tienen idea de administración, si ellos son militares. Hay un error en el diseño conceptual, en la relación política militar y en la administración de las Fuerzas Armadas. Mientras ese problema principal no se resuelva nos vamos a seguir encontrando con estas noticias desagradables todos los años”, agregó.
De acuerdo a los últimos antecedentes que se conocen sobre el fraude en las Fuerzas Armadas, las cuentas del ex comandante en jefe del Ejército, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, recibieron cerca de ocho mil millones de pesos entre los años 2008 y 2015.
Esta semana la Comisión Investigadora del fraude en Carabineros eximió al general director de la institución Bruno Villalobos de responsabilidades políticas y administrativas en el caso que ya supera los 26 mil 500 millones de pesos.
Este hecho causó molestia entre algunos de los parlamentarios de la Instancia, quienes recordaron lo ocurrido en el desfalco del Ejército, también llamado “Milicogate”, donde cuya malversación de fondos se produjo mediante la ley reservada del Cobre entre los años 2010 y 2014, según señalan las investigaciones judiciales en curso.
En ambos casos parece haber impunidad sobre las responsabilidades políticas y administrativas que poseen quienes se encuentran al mando de las instituciones.
Eduardo Santos, analista en defensa, señaló que en el caso de las Fuerzas Armadas durante los últimos 27 años las propuestas de modernización han sido solo buenas intenciones, manteniéndose la doctrina político-militar que fue pactada con el regreso de la democracia.
A su juicio, la conducción política de los gobiernos no ha sido capaz de controlar y manejar lo que ocurre al interior del Ejército. “Los políticos hacen como que mandan y los militares hacen como que obedecen. Esta dualidad es producto básicamente de la transición pactada el año 90 que obligó una prudencia política y eso fue válido hasta los años 2000”.
“Lamentablemente con posterioridad se continuó con esta doctrina, producto de que todos los gobiernos comenzaron a tener muchos problemas sociales, políticos y económicos. Lo que menos querían era tener problemas con las Fuerzas Armadas, por lo tanto las dejaron hacer lo que quisieran”, afirmó.
Para Santos, esta relación explica que las Fuerzas Armadas dispongan de recursos para hacer lo que estimen sin adecuarse a las necesidades del país.
Por ejemplo, en materia de defensa advirtió que existe un despilfarro de recursos, ya que “el Ejército ha comprado equipamiento militar que no está sintonizado con las demandas estratégicas, respondiendo principalmente a los intereses locales o particulares de cada comandante en jefe”.
Por otro lado, manifestó que existe una falta de control al interior de las Fuerzas Armadas, porque los uniformados no tienen los conocimientos necesarios para administrar una institución.
“Los comandantes en jefe no tienen idea de administración, si ellos son militares. Hay un error en el diseño conceptual, en la relación política militar y en la administración de las Fuerzas Armadas. Mientras ese problema principal no se resuelva nos vamos a seguir encontrando con estas noticias desagradables todos los años”, agregó.
De acuerdo a los últimos antecedentes que se conocen sobre el fraude en las Fuerzas Armadas, las cuentas del ex comandante en jefe del Ejército, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, recibieron cerca de ocho mil millones de pesos entre los años 2008 y 2015.
Esta semana la Comisión Investigadora del fraude en Carabineros eximió al general director de la institución Bruno Villalobos de responsabilidades políticas y administrativas en el caso que ya supera los 26 mil 500 millones de pesos.
Este hecho causó molestia entre algunos de los parlamentarios de la Instancia, quienes recordaron lo ocurrido en el desfalco del Ejército, también llamado “Milicogate”, donde cuya malversación de fondos se produjo mediante la ley reservada del Cobre entre los años 2010 y 2014, según señalan las investigaciones judiciales en curso.
En ambos casos parece haber impunidad sobre las responsabilidades políticas y administrativas que poseen quienes se encuentran al mando de las instituciones.
Eduardo Santos, analista en defensa, señaló que en el caso de las Fuerzas Armadas durante los últimos 27 años las propuestas de modernización han sido solo buenas intenciones, manteniéndose la doctrina político-militar que fue pactada con el regreso de la democracia.
A su juicio, la conducción política de los gobiernos no ha sido capaz de controlar y manejar lo que ocurre al interior del Ejército. “Los políticos hacen como que mandan y los militares hacen como que obedecen. Esta dualidad es producto básicamente de la transición pactada el año 90 que obligó una prudencia política y eso fue válido hasta los años 2000”.
“Lamentablemente con posterioridad se continuó con esta doctrina, producto de que todos los gobiernos comenzaron a tener muchos problemas sociales, políticos y económicos. Lo que menos querían era tener problemas con las Fuerzas Armadas, por lo tanto las dejaron hacer lo que quisieran”, afirmó.
Para Santos, esta relación explica que las Fuerzas Armadas dispongan de recursos para hacer lo que estimen sin adecuarse a las necesidades del país.
Por ejemplo, en materia de defensa advirtió que existe un despilfarro de recursos, ya que “el Ejército ha comprado equipamiento militar que no está sintonizado con las demandas estratégicas, respondiendo principalmente a los intereses locales o particulares de cada comandante en jefe”.
Por otro lado, manifestó que existe una falta de control al interior de las Fuerzas Armadas, porque los uniformados no tienen los conocimientos necesarios para administrar una institución.
“Los comandantes en jefe no tienen idea de administración, si ellos son militares. Hay un error en el diseño conceptual, en la relación política militar y en la administración de las Fuerzas Armadas. Mientras ese problema principal no se resuelva nos vamos a seguir encontrando con estas noticias desagradables todos los años”, agregó.
De acuerdo a los últimos antecedentes que se conocen sobre el fraude en las Fuerzas Armadas, las cuentas del ex comandante en jefe del Ejército, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, recibieron cerca de ocho mil millones de pesos entre los años 2008 y 2015.
