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Año XIV, 7 de agosto de 2022

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Tribunal Constitucional mantendrá sin cambios glosa de educación en el presupuesto 2018

Karina Palma

  Jueves 14 de diciembre 2017 18:36 hrs. 
27 de Abril de 2016/SANTIAGO
Fachada del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Chile es un —rgano jurisdiccional del Estado chileno, tribunal colegiado, aut—nomo e independiente de toda otra autoridad o poder.
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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En el marco del control de constitucionalidad del proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, el Tribunal Constitucional (TC) revisó este jueves la glosa de educación, la que se mantuvo sin cambios.

Desde el TC indicaron que fueron dos los puntos que solicitaron revisar en la Cámara de Diputados, los cuales apuntan al control de personal a contrata por parte del Estado y a los cambios en materia de calidad en educación. No obstante, algunos de los ítems sobre los que se alertó tienen relación con la gratuidad.

Se trata del requisito de no lucrar que existe para los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), en el caso de recibir aportes por gratuidad y la excepción para las Universidades del Estado, que no necesitan cumplir con los cuatro años de acreditación, que se le exige a los planteles privados, para que sus estudiantes puedan acceder a este beneficio.

Sobre esto último, las críticas de la oposición apuntan a que no se debería discriminar a los estudiantes del mismo quintil por pertenecer a una institución privada. En esa línea, el diputado Jaime Bellolio (UDI) señaló que si bien ellos no han acudido esta vez al Tribunal Constitucional por este tema, si han levantado la alerta para evitar “una discriminación arbitraria” al momento de entregar beneficios.

“Elegir a dedo quienes sí pueden acceder a la gratuidad y quienes no, es abiertamente inconstitucional. Por tanto, si el Gobierno insiste en pedirle a las instituciones que sean como a ellos les gusta, donde nada tiene que ver con la calidad, seguirá existiendo una discriminación arbitraria porque los estudiantes de igual vulnerabilidad que vayan a una institución de calidad, que no está conformada como a ellos les gusta, podrían no poder acceder a este beneficio”, afirmó.

Cristina Girardi, diputada del PPD y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, dijo que el responsable de que una institución estatal no esté acreditada es el propio Estado y enfatizó en que su función debe ser impulsar estos planteles y no castigarlos.

“La Constitución le otorga una responsabilidad al Estado que lo obliga a hacerse cargo de las instituciones públicas. Esto ha sido una pelea importante que hemos tenido con la derecha, pero nuestra postura es que obligatoriamente se deben destinar recursos para que la educación pública cumpla los estándares”, manifestó.

Mientras que sobre el requisito de no lucro que tienen los CFT e IP para recibir fondos por gratuidad, la diputada sostuvo que esto es un requerimiento mínimo y necesario que debe fijar el Estado para entregar recursos.

“Es lo mínimo. Cuando nosotros hicimos esto mismo para las escuelas particulares subvencionadas, se estableció que el Estado le entrega financiamiento a las instituciones que no tengan fines de lucro y esa es una decisión que tomó el país, esta sociedad y este parlamento, por lo tanto el Tribunal Constitucional no puede ir en contra de ello. En el caso de la educación superior se debe seguir la misma lógica”, expresó.

Desde el Tribunal Constitucional señalaron que, a pesar del acuerdo de este jueves, el fallo oficial será comunicado a las partes interesadas durante los próximos días, antes que se cumpla el plazo de 30 días.

Además, explicaron que no es habitual que las glosas presupuestarias lleguen al Tribunal porque no forman parte de leyes orgánicas constitucionales. En ese sentido, detallaron que no se discute por recursos, sino sobre la redacción de ciertos artículos.

El pasado miércoles se aprobó en general y de forma unánime el proyecto de Educación Superior en la sala del Senado, iniciativa que busca consagrar el financiamiento institucional para la gratuidad. Son 262 mil estudiantes los que este año fueron favorecidos con este beneficio, de los cuales 93 mil ingresaron a la educación superior el 2017.

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