La ONG Defensoría Popular junto a comunidades indígenas del norte del país y movimientos sociales en defensa de las aguas, presentaron un recurso de protección en favor del pueblo de Chile y en contra de la presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, del ministro de Agricultura Carlos Furche y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Andrés Zaldívar y Fidel Espinoza respectivamente, por la reforma al código de aguas.
Esto porque cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma en la modalidad de indicación sustitutiva, eliminó todas las propuestas de artículos de ley con la palabra “indígena”, para que no se consultara a las comunidades ancestrales. No obstante, lo anterior, todo el Código de Aguas se aplica a los pueblos originarios y no sólo las normas especiales sobre indígenas.
Lorenzo Morales, abogado patrocinante del recurso de protección explicó que: “en la reforma al código de aguas existen un conjunto de cambios que no consideran la consulta indígena. Dicho proceso tiene rango constitucional y al no considerarlo, tendremos una ley que afecta los derechos de los pueblos originarios en función del uso de agua que tenían. La forma como se estaba dando la discusión desde el inicio en el Congreso Nacional, en 2012, y el trámite que tuvo en 2014, junto a la Comisión Mixta a la que se va a enfrentar el proyecto, nos dio miedo que de aquí a marzo se aprobara una ley que fuera contraria a los intereses generales”.
Una de las discusiones fundamentales que se ha dado, en los seis años que ha tomado la redacción de la reforma al Código de Aguas, ha sido la certeza jurídica de los derechos perpetuos que hoy manejan grandes conglomerados agrícolas, las mineras y el mercado energético.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera jamás se pensó en cambiar esta condición, sin embargo, la discusión se dio con fuerza durante este gobierno que, a poco andar, generó un marco que no tocaba el 90 por ciento de los derechos entregados a perpetuidad y solo se centraba en legislar sobre el 10 por ciento restante, lo que no generaría un cambio importante en la administración del preciado recurso.
El agua vista como un derecho humano y la administración de las aguas en el territorio, son otras discusiones que han sido mermadas por el paso del proyecto desde la Cámara Baja al Senado, lo que mantiene preocupados a los movimientos sociales que luchan por revindicar este derecho, puesto que sus localidades son abastecidas por camiones aljibes que ya no dan abasto por el crecimiento paulatino de los habitantes.
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, explica que el escenario con la nueva administración será mucho más complejo para exigir las reivindicaciones antes descritas. Señaló que, “durante el gobierno de Piñera jamás se habló, jamás se discutió en torno a terminar con la privatización de las aguas, porque la propiedad privada durante su gobierno jamás tuvo voluntad política con la privatización y la mercantilización de las aguas. Durante su campaña presidencial de 2017, Piñera dijo claramente que daría certeza jurídica de que la propiedad privada de las aguas no se iba a tocar, esto respondiendo a los sectores más retrógrados de la sociedad chilena, me refiero al Consejo Minero y a la Sociedad Nacional de Agricultura, las que han exigido permanentemente que la propiedad privada de las aguas no se toque”.
Estas inquietudes se suman a las 24 detenciones que Rodrigo Mundaca debió enfrentar en el periodo anterior de Sebastián Piñera, esto por las constantes demandas que recibió por las acusaciones que hizo en contra de Edmundo Pérez Yoma por usurpación de aguas.
Esto porque, “uno de los temas centrales de la campaña de Piñera fue, y sigue siendo, mantener bienes naturales comunes indispensables para las personas, como objeto de lucro, usura y exclusión. Y las empresas agropecuarias y empresas mineras hacen del agua un bien de capital que es indispensable para sus negocios”, profundiza en su crítica Mundaca.
La reforma al Código de Aguas aún continúa en la Comisión de Agricultura del Senado, una de las más complejas, ya que es donde se ponen en juego los intereses del sector agropecuario que se ha mostrado como el principal detractor de la desprivatización de los derechos de agua. Las organizaciones que presentaron el recurso de protección dijeron que, luego de la elección presidencial, será necesario generar un trabajo mucho más comprometido, ya que parte de la campaña del presidente electo, Sebastián Piñera, fue darle certezas al sector productivo sobre la inamovilidad de la perpetuidad de los derechos que han adquirido.
La ONG Defensoría Popular junto a comunidades indígenas del norte del país y movimientos sociales en defensa de las aguas, presentaron un recurso de protección en favor del pueblo de Chile y en contra de la presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, del ministro de Agricultura Carlos Furche y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Andrés Zaldívar y Fidel Espinoza respectivamente, por la reforma al código de aguas.
Esto porque cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma en la modalidad de indicación sustitutiva, eliminó todas las propuestas de artículos de ley con la palabra “indígena”, para que no se consultara a las comunidades ancestrales. No obstante, lo anterior, todo el Código de Aguas se aplica a los pueblos originarios y no sólo las normas especiales sobre indígenas.
Lorenzo Morales, abogado patrocinante del recurso de protección explicó que: “en la reforma al código de aguas existen un conjunto de cambios que no consideran la consulta indígena. Dicho proceso tiene rango constitucional y al no considerarlo, tendremos una ley que afecta los derechos de los pueblos originarios en función del uso de agua que tenían. La forma como se estaba dando la discusión desde el inicio en el Congreso Nacional, en 2012, y el trámite que tuvo en 2014, junto a la Comisión Mixta a la que se va a enfrentar el proyecto, nos dio miedo que de aquí a marzo se aprobara una ley que fuera contraria a los intereses generales”.
Una de las discusiones fundamentales que se ha dado, en los seis años que ha tomado la redacción de la reforma al Código de Aguas, ha sido la certeza jurídica de los derechos perpetuos que hoy manejan grandes conglomerados agrícolas, las mineras y el mercado energético.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera jamás se pensó en cambiar esta condición, sin embargo, la discusión se dio con fuerza durante este gobierno que, a poco andar, generó un marco que no tocaba el 90 por ciento de los derechos entregados a perpetuidad y solo se centraba en legislar sobre el 10 por ciento restante, lo que no generaría un cambio importante en la administración del preciado recurso.
El agua vista como un derecho humano y la administración de las aguas en el territorio, son otras discusiones que han sido mermadas por el paso del proyecto desde la Cámara Baja al Senado, lo que mantiene preocupados a los movimientos sociales que luchan por revindicar este derecho, puesto que sus localidades son abastecidas por camiones aljibes que ya no dan abasto por el crecimiento paulatino de los habitantes.
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, explica que el escenario con la nueva administración será mucho más complejo para exigir las reivindicaciones antes descritas. Señaló que, “durante el gobierno de Piñera jamás se habló, jamás se discutió en torno a terminar con la privatización de las aguas, porque la propiedad privada durante su gobierno jamás tuvo voluntad política con la privatización y la mercantilización de las aguas. Durante su campaña presidencial de 2017, Piñera dijo claramente que daría certeza jurídica de que la propiedad privada de las aguas no se iba a tocar, esto respondiendo a los sectores más retrógrados de la sociedad chilena, me refiero al Consejo Minero y a la Sociedad Nacional de Agricultura, las que han exigido permanentemente que la propiedad privada de las aguas no se toque”.
Estas inquietudes se suman a las 24 detenciones que Rodrigo Mundaca debió enfrentar en el periodo anterior de Sebastián Piñera, esto por las constantes demandas que recibió por las acusaciones que hizo en contra de Edmundo Pérez Yoma por usurpación de aguas.
Esto porque, “uno de los temas centrales de la campaña de Piñera fue, y sigue siendo, mantener bienes naturales comunes indispensables para las personas, como objeto de lucro, usura y exclusión. Y las empresas agropecuarias y empresas mineras hacen del agua un bien de capital que es indispensable para sus negocios”, profundiza en su crítica Mundaca.
La reforma al Código de Aguas aún continúa en la Comisión de Agricultura del Senado, una de las más complejas, ya que es donde se ponen en juego los intereses del sector agropecuario que se ha mostrado como el principal detractor de la desprivatización de los derechos de agua. Las organizaciones que presentaron el recurso de protección dijeron que, luego de la elección presidencial, será necesario generar un trabajo mucho más comprometido, ya que parte de la campaña del presidente electo, Sebastián Piñera, fue darle certezas al sector productivo sobre la inamovilidad de la perpetuidad de los derechos que han adquirido.
La ONG Defensoría Popular junto a comunidades indígenas del norte del país y movimientos sociales en defensa de las aguas, presentaron un recurso de protección en favor del pueblo de Chile y en contra de la presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, del ministro de Agricultura Carlos Furche y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Andrés Zaldívar y Fidel Espinoza respectivamente, por la reforma al código de aguas.
Esto porque cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma en la modalidad de indicación sustitutiva, eliminó todas las propuestas de artículos de ley con la palabra “indígena”, para que no se consultara a las comunidades ancestrales. No obstante, lo anterior, todo el Código de Aguas se aplica a los pueblos originarios y no sólo las normas especiales sobre indígenas.
Lorenzo Morales, abogado patrocinante del recurso de protección explicó que: “en la reforma al código de aguas existen un conjunto de cambios que no consideran la consulta indígena. Dicho proceso tiene rango constitucional y al no considerarlo, tendremos una ley que afecta los derechos de los pueblos originarios en función del uso de agua que tenían. La forma como se estaba dando la discusión desde el inicio en el Congreso Nacional, en 2012, y el trámite que tuvo en 2014, junto a la Comisión Mixta a la que se va a enfrentar el proyecto, nos dio miedo que de aquí a marzo se aprobara una ley que fuera contraria a los intereses generales”.
Una de las discusiones fundamentales que se ha dado, en los seis años que ha tomado la redacción de la reforma al Código de Aguas, ha sido la certeza jurídica de los derechos perpetuos que hoy manejan grandes conglomerados agrícolas, las mineras y el mercado energético.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera jamás se pensó en cambiar esta condición, sin embargo, la discusión se dio con fuerza durante este gobierno que, a poco andar, generó un marco que no tocaba el 90 por ciento de los derechos entregados a perpetuidad y solo se centraba en legislar sobre el 10 por ciento restante, lo que no generaría un cambio importante en la administración del preciado recurso.
El agua vista como un derecho humano y la administración de las aguas en el territorio, son otras discusiones que han sido mermadas por el paso del proyecto desde la Cámara Baja al Senado, lo que mantiene preocupados a los movimientos sociales que luchan por revindicar este derecho, puesto que sus localidades son abastecidas por camiones aljibes que ya no dan abasto por el crecimiento paulatino de los habitantes.
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, explica que el escenario con la nueva administración será mucho más complejo para exigir las reivindicaciones antes descritas. Señaló que, “durante el gobierno de Piñera jamás se habló, jamás se discutió en torno a terminar con la privatización de las aguas, porque la propiedad privada durante su gobierno jamás tuvo voluntad política con la privatización y la mercantilización de las aguas. Durante su campaña presidencial de 2017, Piñera dijo claramente que daría certeza jurídica de que la propiedad privada de las aguas no se iba a tocar, esto respondiendo a los sectores más retrógrados de la sociedad chilena, me refiero al Consejo Minero y a la Sociedad Nacional de Agricultura, las que han exigido permanentemente que la propiedad privada de las aguas no se toque”.
Estas inquietudes se suman a las 24 detenciones que Rodrigo Mundaca debió enfrentar en el periodo anterior de Sebastián Piñera, esto por las constantes demandas que recibió por las acusaciones que hizo en contra de Edmundo Pérez Yoma por usurpación de aguas.
Esto porque, “uno de los temas centrales de la campaña de Piñera fue, y sigue siendo, mantener bienes naturales comunes indispensables para las personas, como objeto de lucro, usura y exclusión. Y las empresas agropecuarias y empresas mineras hacen del agua un bien de capital que es indispensable para sus negocios”, profundiza en su crítica Mundaca.
La reforma al Código de Aguas aún continúa en la Comisión de Agricultura del Senado, una de las más complejas, ya que es donde se ponen en juego los intereses del sector agropecuario que se ha mostrado como el principal detractor de la desprivatización de los derechos de agua. Las organizaciones que presentaron el recurso de protección dijeron que, luego de la elección presidencial, será necesario generar un trabajo mucho más comprometido, ya que parte de la campaña del presidente electo, Sebastián Piñera, fue darle certezas al sector productivo sobre la inamovilidad de la perpetuidad de los derechos que han adquirido.
