El 20 de septiembre de 2012, mediante la resolución N° 4182/1560 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, autorizó la licitación privada para la compra de un avión marca Cessna que sería usado por el Alto Mando Institucional, como reemplazo de la aeronave existente para los propósitos de enlace. Para efectuar la adquisición, se autorizó la utilización de los recursos del Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA) por un monto de hasta 9.3 millones de dólares.
Una semana después, se aprobaron las bases para la licitación del avión de enlace de marca Cessna, una nave de tamaño pequeño y que normalmente se usa para el transporte de los comandantes. La licitación que rola bajo el número 70/12, estipulaba en su cronograma que el día 1 de octubre se debía enviar las cartas de invitación a los proveedores para que, el 31 de octubre, se llevara a cabo el acto de recepción y apertura de las ofertas presentadas. Entre las empresas que retiraron las bases administrativas destacan C&M S.A., Aircraft Sales Corporation, Aerocardal y Aviasur, entre otras.
La licitación, como se lee en el documento de la querella, fue adjudicada a Aircraft Sales Corporation mediante la resolución del Comandante de Apoyo a la Fuerza N°10.000/9127/780/2012 que resuelve la adquisición de la aeronave “CESSNA CITATION 680 SOVEREIGN, serial 19 number 680-045, matrícula N°145BL, hasta por el monto de 9.300.000,00 de dólares con cargo a fondos FORA”. El mismo día se cerró el contrato de compraventa por el valor ya mencionado y que incluía repuestos, capacitación y garantía técnica por seis meses. La empresa que vendió el avión facturó el 22 de noviembre de 2012 y el Ejército de Chile pagó el 11 de diciembre mediante una transferencia electrónica, la suma total de 9.3 millones de dólares.
Las observaciones de Contraloría
En 2013, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe N° 65, sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en el que hace mención expresa a la compra de la aeronave Cessna. En el documento se señala que “a fin de verificar la pertinencia del valor de transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscila entre $7.295.000 a $7.975.000 de dólares, monto menor al de la transacción analizada”. La institución respondió que hay diversos factores a considerar al momento de realizar una compra y que el proceso se había llevado a cabo ocho meses antes de las consultas de precios por parte de CGR. A ello, añadieron los desgloses de gastos entregados por el Jefe de Proyecto de Adquisición de la aeronave, Claudio Fuentealba Acuña, que afirmaban que el valor de la aeronave incluía el soporte de mantenimiento y capacitaciones.
Sin embargo, los expertos en esta área aseguran que la comercialización de aeronaves usadas no incluye capacitaciones de aviones antiguos ni garantías para aeronaves mayores a 5 años de antigüedad. Así lo afirmó Ricardo Real, gerente de Aerocardal Ltda en el texto de la querella.
La doble participación del oficial en retiro, Juan Soto Campos
Otra de las irregularidades en la compra del Cessna es la participación del oficial en retiro de la Brigada de Aviación (BAVE), Juan Soto Campos, quien iniciado el proceso de licitación, retiró las bases representando a C&M S.A, empresa perteneciente a Virgilio Cartoni, sin embargo luego que ésta se retirara del proceso, el mismo Juan Soto actuó como representante de Aircraft Sales Corporation al momento de la presentación de la oferta. Durante la investigación realizada por Contraloría, el oficial en retiro aseguró que su participación en la empresa que se adjudicó la licitación, fue organizada por Horacio O’Peiro, amigo de Virgilio Cartoni, a quien conoció mientras aún se desempeñaba en el Ejército. Aseguró que él aceptó “para hacerle un favor a los pilotos de la BAVE” y que no ganó ninguna comisión por su intermediación.
Finalmente, según los antecedentes recopilados por Contraloría y que sirvieron de base al Consejo de Defensa del Estado para redactar la querella, el proceso de licitación incluyó empresas proveedoras invitadas que no comercializaban aviones Cessna. Tal es el caso de Aerocardal y Aviasur. Habían. además, dos empresas que derechamente no tienen la venta de aviones entre las actividades de su giro, y otra que no cumplía con las bases de licitación, es decir, “se invitó a participar a diversas empresas, pero solo una parecía satisfacer todas las condiciones de las bases respectivas”.
La querella contra Juan Miguel Fuente-Alba, le imputa el delito de fraude al Fisco cuya pena asociada corresponde a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Hasta el cierre de esta edición, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no había acogido a trámite la acción judicial, pues previamente es necesario determinar la competencia de este tribunal.
Lea la querella completa acá
El 20 de septiembre de 2012, mediante la resolución N° 4182/1560 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, autorizó la licitación privada para la compra de un avión marca Cessna que sería usado por el Alto Mando Institucional, como reemplazo de la aeronave existente para los propósitos de enlace. Para efectuar la adquisición, se autorizó la utilización de los recursos del Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA) por un monto de hasta 9.3 millones de dólares.
Una semana después, se aprobaron las bases para la licitación del avión de enlace de marca Cessna, una nave de tamaño pequeño y que normalmente se usa para el transporte de los comandantes. La licitación que rola bajo el número 70/12, estipulaba en su cronograma que el día 1 de octubre se debía enviar las cartas de invitación a los proveedores para que, el 31 de octubre, se llevara a cabo el acto de recepción y apertura de las ofertas presentadas. Entre las empresas que retiraron las bases administrativas destacan C&M S.A., Aircraft Sales Corporation, Aerocardal y Aviasur, entre otras.
La licitación, como se lee en el documento de la querella, fue adjudicada a Aircraft Sales Corporation mediante la resolución del Comandante de Apoyo a la Fuerza N°10.000/9127/780/2012 que resuelve la adquisición de la aeronave “CESSNA CITATION 680 SOVEREIGN, serial 19 number 680-045, matrícula N°145BL, hasta por el monto de 9.300.000,00 de dólares con cargo a fondos FORA”. El mismo día se cerró el contrato de compraventa por el valor ya mencionado y que incluía repuestos, capacitación y garantía técnica por seis meses. La empresa que vendió el avión facturó el 22 de noviembre de 2012 y el Ejército de Chile pagó el 11 de diciembre mediante una transferencia electrónica, la suma total de 9.3 millones de dólares.
Las observaciones de Contraloría
En 2013, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe N° 65, sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en el que hace mención expresa a la compra de la aeronave Cessna. En el documento se señala que “a fin de verificar la pertinencia del valor de transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscila entre $7.295.000 a $7.975.000 de dólares, monto menor al de la transacción analizada”. La institución respondió que hay diversos factores a considerar al momento de realizar una compra y que el proceso se había llevado a cabo ocho meses antes de las consultas de precios por parte de CGR. A ello, añadieron los desgloses de gastos entregados por el Jefe de Proyecto de Adquisición de la aeronave, Claudio Fuentealba Acuña, que afirmaban que el valor de la aeronave incluía el soporte de mantenimiento y capacitaciones.
Sin embargo, los expertos en esta área aseguran que la comercialización de aeronaves usadas no incluye capacitaciones de aviones antiguos ni garantías para aeronaves mayores a 5 años de antigüedad. Así lo afirmó Ricardo Real, gerente de Aerocardal Ltda en el texto de la querella.
La doble participación del oficial en retiro, Juan Soto Campos
Otra de las irregularidades en la compra del Cessna es la participación del oficial en retiro de la Brigada de Aviación (BAVE), Juan Soto Campos, quien iniciado el proceso de licitación, retiró las bases representando a C&M S.A, empresa perteneciente a Virgilio Cartoni, sin embargo luego que ésta se retirara del proceso, el mismo Juan Soto actuó como representante de Aircraft Sales Corporation al momento de la presentación de la oferta. Durante la investigación realizada por Contraloría, el oficial en retiro aseguró que su participación en la empresa que se adjudicó la licitación, fue organizada por Horacio O’Peiro, amigo de Virgilio Cartoni, a quien conoció mientras aún se desempeñaba en el Ejército. Aseguró que él aceptó “para hacerle un favor a los pilotos de la BAVE” y que no ganó ninguna comisión por su intermediación.
Finalmente, según los antecedentes recopilados por Contraloría y que sirvieron de base al Consejo de Defensa del Estado para redactar la querella, el proceso de licitación incluyó empresas proveedoras invitadas que no comercializaban aviones Cessna. Tal es el caso de Aerocardal y Aviasur. Habían. además, dos empresas que derechamente no tienen la venta de aviones entre las actividades de su giro, y otra que no cumplía con las bases de licitación, es decir, “se invitó a participar a diversas empresas, pero solo una parecía satisfacer todas las condiciones de las bases respectivas”.
La querella contra Juan Miguel Fuente-Alba, le imputa el delito de fraude al Fisco cuya pena asociada corresponde a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Hasta el cierre de esta edición, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no había acogido a trámite la acción judicial, pues previamente es necesario determinar la competencia de este tribunal.
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El 20 de septiembre de 2012, mediante la resolución N° 4182/1560 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, autorizó la licitación privada para la compra de un avión marca Cessna que sería usado por el Alto Mando Institucional, como reemplazo de la aeronave existente para los propósitos de enlace. Para efectuar la adquisición, se autorizó la utilización de los recursos del Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA) por un monto de hasta 9.3 millones de dólares.
Una semana después, se aprobaron las bases para la licitación del avión de enlace de marca Cessna, una nave de tamaño pequeño y que normalmente se usa para el transporte de los comandantes. La licitación que rola bajo el número 70/12, estipulaba en su cronograma que el día 1 de octubre se debía enviar las cartas de invitación a los proveedores para que, el 31 de octubre, se llevara a cabo el acto de recepción y apertura de las ofertas presentadas. Entre las empresas que retiraron las bases administrativas destacan C&M S.A., Aircraft Sales Corporation, Aerocardal y Aviasur, entre otras.
La licitación, como se lee en el documento de la querella, fue adjudicada a Aircraft Sales Corporation mediante la resolución del Comandante de Apoyo a la Fuerza N°10.000/9127/780/2012 que resuelve la adquisición de la aeronave “CESSNA CITATION 680 SOVEREIGN, serial 19 number 680-045, matrícula N°145BL, hasta por el monto de 9.300.000,00 de dólares con cargo a fondos FORA”. El mismo día se cerró el contrato de compraventa por el valor ya mencionado y que incluía repuestos, capacitación y garantía técnica por seis meses. La empresa que vendió el avión facturó el 22 de noviembre de 2012 y el Ejército de Chile pagó el 11 de diciembre mediante una transferencia electrónica, la suma total de 9.3 millones de dólares.
Las observaciones de Contraloría
En 2013, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe N° 65, sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en el que hace mención expresa a la compra de la aeronave Cessna. En el documento se señala que “a fin de verificar la pertinencia del valor de transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscila entre $7.295.000 a $7.975.000 de dólares, monto menor al de la transacción analizada”. La institución respondió que hay diversos factores a considerar al momento de realizar una compra y que el proceso se había llevado a cabo ocho meses antes de las consultas de precios por parte de CGR. A ello, añadieron los desgloses de gastos entregados por el Jefe de Proyecto de Adquisición de la aeronave, Claudio Fuentealba Acuña, que afirmaban que el valor de la aeronave incluía el soporte de mantenimiento y capacitaciones.
Sin embargo, los expertos en esta área aseguran que la comercialización de aeronaves usadas no incluye capacitaciones de aviones antiguos ni garantías para aeronaves mayores a 5 años de antigüedad. Así lo afirmó Ricardo Real, gerente de Aerocardal Ltda en el texto de la querella.
La doble participación del oficial en retiro, Juan Soto Campos
Otra de las irregularidades en la compra del Cessna es la participación del oficial en retiro de la Brigada de Aviación (BAVE), Juan Soto Campos, quien iniciado el proceso de licitación, retiró las bases representando a C&M S.A, empresa perteneciente a Virgilio Cartoni, sin embargo luego que ésta se retirara del proceso, el mismo Juan Soto actuó como representante de Aircraft Sales Corporation al momento de la presentación de la oferta. Durante la investigación realizada por Contraloría, el oficial en retiro aseguró que su participación en la empresa que se adjudicó la licitación, fue organizada por Horacio O’Peiro, amigo de Virgilio Cartoni, a quien conoció mientras aún se desempeñaba en el Ejército. Aseguró que él aceptó “para hacerle un favor a los pilotos de la BAVE” y que no ganó ninguna comisión por su intermediación.
Finalmente, según los antecedentes recopilados por Contraloría y que sirvieron de base al Consejo de Defensa del Estado para redactar la querella, el proceso de licitación incluyó empresas proveedoras invitadas que no comercializaban aviones Cessna. Tal es el caso de Aerocardal y Aviasur. Habían. además, dos empresas que derechamente no tienen la venta de aviones entre las actividades de su giro, y otra que no cumplía con las bases de licitación, es decir, “se invitó a participar a diversas empresas, pero solo una parecía satisfacer todas las condiciones de las bases respectivas”.
La querella contra Juan Miguel Fuente-Alba, le imputa el delito de fraude al Fisco cuya pena asociada corresponde a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Hasta el cierre de esta edición, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no había acogido a trámite la acción judicial, pues previamente es necesario determinar la competencia de este tribunal.
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