El gobierno de Michelle Bachelet vive sus últimos meses y de aquí hasta fines de enero, momento en que termina el período legislativo, debe despachar una serie de proyectos. Entre estos los relativos a educación superior, unos que en particular han tardado años en salir adelante.
En este contexto, el vicepresidente del Senado de la Universidad de Chile, Guillermo Soto, conversó con nuestro medio acerca de la realidad política actual para estas iniciativas, tanto por sialcanzarán a ser aprobadas como también de los cuestionamientos que aún persisten al interior del Senado Universitario respecto del contenido que tienen hasta el momento.
En trámite legislativo actualmente se encuentra un proyecto de educación superior general y otro específico sobre universidades estatales. El académico destaca que esto ocurra actualmente en el país, puesto que responde al intento de mejorar un sistema educativo que se encuentra en crisis, algo que expusieron masivamente los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011.
Aunque la avanzada política tiene un camino empedrado. Más allá de la claridad en avanzar, Soto estima que en algunos sectores, incluso del mismo gobierno, todavía hay unos que no tienen bien definido sobre a qué debe apuntar un sistema universitario nacional.
Algo de claridad en esto existe, sostiene el académico, muestra de esto es que también se discuta un proyecto en particular sobre universidades estatales. Pero en el marco general se vislumbra un problema de enfoque político en el que la gratuidad ha protagonizado la discusión, enfocándola en cuál es el sistema para entregar el beneficio, opacando el tema de fondo en materia universitaria.
“No quiero que se entienda que estoy criticando la opción de la gratuidad universitaria, pero esa discusión nunca terminó de cuajar y me parece que en gran medida porque al interior mismo del gobierno han habido posiciones un tanto discordantes”, dijo.
Por otra parte, es un hecho que el tema gratuidad ha traído paradojas, como es el caso del alto financiamiento de la Universidad Autónoma, institución de carácter privado. En este sentido, Guillermo Soto sostiene que es importante definir un sistema en el que la educación estatal cuente con los recursos necesarios para garantizar el mejor servicio para las personas.
“El país necesita un sistema estatal robusto para proveer educación a la población. Me parece que ese sistema estatal tiene que ser inclusivo, no creo en uno semejante al que existe en la práctica en educación primaria y secundaria, donde la provisión que hace el Estado en la gran mayoría de los casos termina siendo de segundo nivel a la que entregan otros proveedores”, manifestó.
Actualmente el proyecto relativo a universidades estatales está más avanzado en su trámite legislativo que el que regula en términos generales a la educación superior. Sobre este último, Guillermo Soto destacó que existen avances sobre la acreditación de las casas de estudio, pero que esto no significa la respuesta definitiva a las necesidades en la materia.
Entre las preocupaciones se encuentra el cómo se distribuye la matrícula entre universidades estatales y privadas, puesto que dentro del sistema mixto que rige en nuestro país en la práctica, tan sólo un 15% de la matrícula va a las estatales. Además, en particular, Soto manifestó dos inquietudes, una respecto a quién es el titular cuando se habla de libertad de enseñanza, es decir, si es el estudiante o el dueño de la casa de estudios; por otro lado, también preocupa el hecho de si es que efectivamente se alcanzarán a despachar ambos proyectos durante el actual gobierno.
El gobierno de Michelle Bachelet vive sus últimos meses y de aquí hasta fines de enero, momento en que termina el período legislativo, debe despachar una serie de proyectos. Entre estos los relativos a educación superior, unos que en particular han tardado años en salir adelante.
En este contexto, el vicepresidente del Senado de la Universidad de Chile, Guillermo Soto, conversó con nuestro medio acerca de la realidad política actual para estas iniciativas, tanto por sialcanzarán a ser aprobadas como también de los cuestionamientos que aún persisten al interior del Senado Universitario respecto del contenido que tienen hasta el momento.
En trámite legislativo actualmente se encuentra un proyecto de educación superior general y otro específico sobre universidades estatales. El académico destaca que esto ocurra actualmente en el país, puesto que responde al intento de mejorar un sistema educativo que se encuentra en crisis, algo que expusieron masivamente los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011.
Aunque la avanzada política tiene un camino empedrado. Más allá de la claridad en avanzar, Soto estima que en algunos sectores, incluso del mismo gobierno, todavía hay unos que no tienen bien definido sobre a qué debe apuntar un sistema universitario nacional.
Algo de claridad en esto existe, sostiene el académico, muestra de esto es que también se discuta un proyecto en particular sobre universidades estatales. Pero en el marco general se vislumbra un problema de enfoque político en el que la gratuidad ha protagonizado la discusión, enfocándola en cuál es el sistema para entregar el beneficio, opacando el tema de fondo en materia universitaria.
“No quiero que se entienda que estoy criticando la opción de la gratuidad universitaria, pero esa discusión nunca terminó de cuajar y me parece que en gran medida porque al interior mismo del gobierno han habido posiciones un tanto discordantes”, dijo.
Por otra parte, es un hecho que el tema gratuidad ha traído paradojas, como es el caso del alto financiamiento de la Universidad Autónoma, institución de carácter privado. En este sentido, Guillermo Soto sostiene que es importante definir un sistema en el que la educación estatal cuente con los recursos necesarios para garantizar el mejor servicio para las personas.
“El país necesita un sistema estatal robusto para proveer educación a la población. Me parece que ese sistema estatal tiene que ser inclusivo, no creo en uno semejante al que existe en la práctica en educación primaria y secundaria, donde la provisión que hace el Estado en la gran mayoría de los casos termina siendo de segundo nivel a la que entregan otros proveedores”, manifestó.
Actualmente el proyecto relativo a universidades estatales está más avanzado en su trámite legislativo que el que regula en términos generales a la educación superior. Sobre este último, Guillermo Soto destacó que existen avances sobre la acreditación de las casas de estudio, pero que esto no significa la respuesta definitiva a las necesidades en la materia.
Entre las preocupaciones se encuentra el cómo se distribuye la matrícula entre universidades estatales y privadas, puesto que dentro del sistema mixto que rige en nuestro país en la práctica, tan sólo un 15% de la matrícula va a las estatales. Además, en particular, Soto manifestó dos inquietudes, una respecto a quién es el titular cuando se habla de libertad de enseñanza, es decir, si es el estudiante o el dueño de la casa de estudios; por otro lado, también preocupa el hecho de si es que efectivamente se alcanzarán a despachar ambos proyectos durante el actual gobierno.
El gobierno de Michelle Bachelet vive sus últimos meses y de aquí hasta fines de enero, momento en que termina el período legislativo, debe despachar una serie de proyectos. Entre estos los relativos a educación superior, unos que en particular han tardado años en salir adelante.
En este contexto, el vicepresidente del Senado de la Universidad de Chile, Guillermo Soto, conversó con nuestro medio acerca de la realidad política actual para estas iniciativas, tanto por sialcanzarán a ser aprobadas como también de los cuestionamientos que aún persisten al interior del Senado Universitario respecto del contenido que tienen hasta el momento.
En trámite legislativo actualmente se encuentra un proyecto de educación superior general y otro específico sobre universidades estatales. El académico destaca que esto ocurra actualmente en el país, puesto que responde al intento de mejorar un sistema educativo que se encuentra en crisis, algo que expusieron masivamente los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011.
Aunque la avanzada política tiene un camino empedrado. Más allá de la claridad en avanzar, Soto estima que en algunos sectores, incluso del mismo gobierno, todavía hay unos que no tienen bien definido sobre a qué debe apuntar un sistema universitario nacional.
Algo de claridad en esto existe, sostiene el académico, muestra de esto es que también se discuta un proyecto en particular sobre universidades estatales. Pero en el marco general se vislumbra un problema de enfoque político en el que la gratuidad ha protagonizado la discusión, enfocándola en cuál es el sistema para entregar el beneficio, opacando el tema de fondo en materia universitaria.
“No quiero que se entienda que estoy criticando la opción de la gratuidad universitaria, pero esa discusión nunca terminó de cuajar y me parece que en gran medida porque al interior mismo del gobierno han habido posiciones un tanto discordantes”, dijo.
Por otra parte, es un hecho que el tema gratuidad ha traído paradojas, como es el caso del alto financiamiento de la Universidad Autónoma, institución de carácter privado. En este sentido, Guillermo Soto sostiene que es importante definir un sistema en el que la educación estatal cuente con los recursos necesarios para garantizar el mejor servicio para las personas.
“El país necesita un sistema estatal robusto para proveer educación a la población. Me parece que ese sistema estatal tiene que ser inclusivo, no creo en uno semejante al que existe en la práctica en educación primaria y secundaria, donde la provisión que hace el Estado en la gran mayoría de los casos termina siendo de segundo nivel a la que entregan otros proveedores”, manifestó.
Actualmente el proyecto relativo a universidades estatales está más avanzado en su trámite legislativo que el que regula en términos generales a la educación superior. Sobre este último, Guillermo Soto destacó que existen avances sobre la acreditación de las casas de estudio, pero que esto no significa la respuesta definitiva a las necesidades en la materia.
Entre las preocupaciones se encuentra el cómo se distribuye la matrícula entre universidades estatales y privadas, puesto que dentro del sistema mixto que rige en nuestro país en la práctica, tan sólo un 15% de la matrícula va a las estatales. Además, en particular, Soto manifestó dos inquietudes, una respecto a quién es el titular cuando se habla de libertad de enseñanza, es decir, si es el estudiante o el dueño de la casa de estudios; por otro lado, también preocupa el hecho de si es que efectivamente se alcanzarán a despachar ambos proyectos durante el actual gobierno.
